La reciente constitución del Congreso de los Diputados en la XIII Legislatura ha puesto de relieve el problema con el que se enfrentan los discapacitados físicos para hacer una vida normal en edificios públicos que no fueron hechos para ellos, ni se han adaptado aún a las previsiones legales. Según datos del Consejo General de Colegios y Administradores de Fincas de España, cerca del 75% de los edificios no cumple con los principios de accesibilidad universal. La eliminación de barreras arquitectónicas, necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades, continúa siendo una asignatura pendiente en nuestro país.
Los aspectos concernientes a la eliminación de barreras arquitectónicas se encuentran regulados en diferentes leyes y decretos que afectan a todo tipo de edificios y fincas. La Ley 8/2013 sobre la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, reforzaba el Decreto 1/2013 sobre accesibilidad, que garantizaba la promoción de la accesibilidad universal, definiendo el concepto: condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes y productos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posibles, y ‘ajustes razonables’, modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, ambos relacionados con la eliminación de barreras arquitectónicas.
La Administración se ha adaptado antes a los elementos de seguridad física y a las nuevas tecnologías que a la eliminación de las barreras arquitectónicas para permitir la accesibilidad universal. Y todavía llama la atención que el presidente y un ujier tengan que acercarse a la última fila del hemiciclo para que pueda votar un diputado discapacitado. En esta Legislatura hay dos representantes con discapacidad; el más conocido sufre atrofia muscular espinal y otro padece un 50% de pérdida auditiva; pero antes que ellos estuvieron dos diputados en legislaturas anteriores que obligó al Congreso a adaptar sus instalaciones. Nunca podrán acceder a la tribuna para hablar. Como ellos, miles en toda España no pueden acceder aún a edificios públicos por las barreras físicas que se lo impiden. Y no son noticia, como estos, aunque la ley obligue a todos a cumplirla.
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