El informe recoge el análisis de una decena de expertos sobre la situación social en España y sobre la capacidad de las ayudas y subsidios existentes de garantizar unos ingresos mínimos a todos los ciudadanos, con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad.
Ha sido presentado en CaixaForum Madrid por el director general de la Fundación Bancaria La Caixa, Jaume Giró, y el director del mismo, el economista y exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, quien ha coordinado un equipo formado por el profesor de Economía y Emprendimiento en la Universidad Camilo José Cela José Moisés Martín Carretero; la vicepresidenta de Análisis y Estudios del equipo de desarrollo económico del Ayuntamiento de Nueva York, Ana Berenguer; José Antonio Noguera, de la Universidad Autónoma de Barcelona; la economista y periodista Belén Santa Cruz Díez; el presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, Daniel Raventós; J. Ignacio Conde-Ruiz, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y la Universidad Complutense; Luis Ayala Cañón, de la Universidad Rey Juan Carlos; Milagros Paniagua San Martín, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal; y Manuel Alejandro Hidalgo Pérez, del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
El informe concluye que es urgente acometer una reforma en profundidad de nuestro sistema de protección social para adecuarlo a las nuevas necesidades sociales y económicas. En este sentido, recoge análisis y propuestas con el objetivo de reducir la pobreza y las desigualdades sociales en España.
En líneas generales, refleja que España ha experimentado en el último decenio un importante incremento de los niveles de desigualdad, llegando a ser el país de la Unión Europea donde más ha aumentado. La crisis económica y las políticas de austeridad de las Administraciones han generado un nuevo patrón de pobreza en nuestro país.
Al mismo tiempo, los mecanismos tradicionales del estado del bienestar español, vinculado a trayectorias laborales estables y a fuertes elementos contributivos a través del sistema de pensiones, han dejado a numerosos colectivos sociales excluidos de su campo de protección; por ejemplo, el 34% de parados de larga duración que no consiguen reincorporarse al mercado laboral; el 26,6% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social; o un mercado laboral incapaz de sacar de la pobreza incluso a quienes tienen un empleo, con el 13% de trabajadores pobres.
Los expertos identifican cuatro factores en la evolución reciente de las desigualdades en España, aunque de ellos no han entrado a valorar la desigualdad generada por el cambio tecnológico, puesto que a su juicio aún es pronto para ser evaluada.
1 Desigualdad en el mercado de trabajo
El trabajo es la principal fuente de renta de la población, por lo que examinar el acceso y la calidad del empleo supone una de las claves explicativas de la desigualdad económica. Las tasas de desempleo crecieron de forma muy acusada durante la crisis y, pese a la recuperación, están lejos todavía de los niveles previos a la misma.
Las mujeres, los jóvenes y los parados de más de 45 años no cualificados son los colectivos con mayores dificultades para encontrar un empleo. Ello genera un desempleo de larga duración que supone un verdadero reto para las Administraciones. Según datos del informe del Servicio Público de Empleo Estatal de septiembre de 2019 actualmente cuatro de cada diez personas desempleadas en España no reciben ninguna ayuda por haber agotado sus prestaciones y subsidios.
La crisis ha dejado también un incremento de la desigualdad salarial, castigando particularmente a las rentas más bajas. El resultado de este proceso ha supuesto un aumento en la tasa de trabajadores pobres, que son aquellos que, pese a tener un empleo, permanecen por debajo del límite de la pobreza. En 2016, el 13% de los trabajadores vivían por debajo del nivel de la pobreza, siendo España el tercer país de la Unión Europea con mayor ratio de trabajadores pobres, tras Rumanía y Grecia.
2 Desigualdad generacional
Al inicio de la crisis, los mayores de 65 años eran uno de los sectores poblacionales con mayor tasa de pobreza relativa. Actualmente, se han intercambiado los papeles y la pobreza infantil ha despuntado como el principal problema de la desigualdad en España, que en los últimos años de la recuperación se ha cebado en los menores de 30 años. La presencia de niños en los hogares incrementa el riesgo de pobreza, ya que cuatro de cada diez se encuentran en riesgo de pobreza.
La pobreza en las etapas tempranas es el principal obstáculo para la igualdad de oportunidades a lo largo de la vida. Según un estudio de 2018 de la OCDE en España una familia pobre necesitará cuatro generaciones para alcanzar la clase media, una cifra menor que el promedio de la OCDE, pero el doble de la de países como Dinamarca. A esta situación contribuyen el desempleo juvenil y la precariedad en el empleo, que hacen que la pobreza relativa para los jóvenes se haya incrementado en más de diez puntos de 2008 a 2017, siendo el grupo poblacional con mayor riesgo. Los trabajadores de menos de 30 años suponen el 16% de la población, pero representan el 33% de los trabajadores con contrato temporal.
3 Desigualdad fiscal
España se enfrenta al reto de reducir su impacto a través de los mecanismos de redistribución de la renta y, particularmente, a través de los ingresos y gastos públicos. Es en este apartado, según los autores del informe, donde nuestro país encuentra la última gran brecha de su desigualdad: el sistema fiscal español es uno de los que menos redistribución generan.
Por un lado, el gasto social en España (24,7% del PIB) es cinco puntos inferior a la media europea, donde se destinan 6.300 euros en paridad de poder de compra por persona, frente a los 10.800 euros que invierte Francia o los 8.200 de Italia. Y el esfuerzo público dedicado a protección social se sitúa en un escaso 16,8% del PIB, por debajo de la media de la eurozona (20%), de Grecia (20,7%), Francia (24,4%) e Italia (21,1%), y ocupando, además, la penúltima posición en el ranking europeo en gasto relativo para familias e infancia, con tan solo el 0,7% del PIB. Por otro lado, España es, junto con Italia, uno de los países de la Unión Europea donde menos capacidad de redistribución tiene el sector público.
Las razones de esta escasa reducción de las desigualdades hay que buscarlas, según los autores, en quién y cómo paga impuestos, y en cómo se deciden las prioridades del gasto público. Con respecto a los impuestos, España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea, hasta en siete puntos del PIB, con un sistema muy ineficiente y poco progresivo. Debido al peso de los impuestos indirectos, según un estudio de Fedea, en España los pobres pagan proporcionalmente más impuestos que la clase media, y solo son superados por los más ricos.
De la misma forma, los gastos públicos que dependen de los presupuestos no suponen un ejercicio de redistribución, puesto que, de acuerdo con los datos de la OCDE y atendiendo a las transferencias monetarias, en España el decil más pobre de renta recibe solamente el 4% de todas las transferencias del sector público.
El resultado es que España es, junto con Italia, el país de la Unión Europea con menos transferencias netas para el decil más pobre. De acuerdo con los estudios de la Unión Europea, en España todos los deciles, salvo el más rico, reciben más transferencias netas de las que aportan, mientras que en otros países, como Finlandia, Alemania o Dinamarca, los contribuyentes netos al sistema empiezan en la clase media, concentrando de este modo los esfuerzos de las transferencias en las clases más empobrecidas.
Además, según datos de la OCDE, el 20% de la población más rica en España gana seis veces más que el 20% más pobre, unas cifras superiores al promedio de la OCDE. Utilizando el coeficiente de Gini, España se sitúa en la media europea en desigualdad de ingresos, en el puesto 16, pero la desigualdad es mayor después de impuestos y transferencias, descendiendo hasta la vigésimo segunda posición.
Estas cifras, según los autores, demuestran que las transferencias sociales en España tienen una orientación relativamente ineficiente.
Limitaciones de los subsidios condicionados
Según los expertos que han elaborado el informe, los subsidios actuales, todos ellos sometidos a condicionantes, no han funcionado por cuatro motivos:
- La trampa de la pobreza. Cuando se es perceptor de un subsidio condicionado existe un fuerte desincentivo para buscar y realizar trabajo remunerado, pues ello implica la pérdida total o parcial del subsidio.
- Los costes administrativos de los subsidios condicionados. La condicionalidad implica control, y el control implica gastos de gestión y administración.
- La estigmatización asociada a los subsidios condicionados.
- La cobertura insuficiente de los programas de subsidios condicionados. Se trata de programas que no llegan a alcanzar a la totalidad de la población que potencialmente podría ser beneficiaria de los mismos.
La renta básica
Según los expertos, la propuesta de crear una renta básica ha atraído una atención creciente a lo largo de los últimos años por cinco motivos:
- El fracaso de los subsidios condicionados.
- El trabajo asalariado ya no es garantía de salvarse de la pobreza.
- La proliferación de experimentos sobre la renta básica. En los últimos años, se han puesto en funcionamiento o están aún vigentes pruebas piloto al respecto en Nueva York, Finlandia, Barcelona, Utrecht, Namibia…
- La mecanización y sustitución de muchos puestos de trabajo.
- Unas condiciones de vida y de trabajo cada vez peores. Aunque se habla de recuperación económica, las condiciones de la gran mayoría de la población son peores que antes del estallido de la gran crisis, hace una década.
Por otro lado, los autores también reconocen que la renta básica no es de fácil aplicación, y que ningún Estado ha conseguido aplicarla hasta el momento por sus costes de financiación, potencialmente elevados. En este sentido, comparan la propuesta con la prestación de ingresos mínimos, también de difícil aplicación por ser, por ejemplo en el caso de España, competencia de las comunidades autónomas.
Frente a esta realidad, según los autores del informe, surge la necesidad de acometer una reforma en profundidad de nuestro sistema de protección social, para adecuarlo a las nuevas necesidades sociales y económicas. En este sentido, Jordi Sevilla incluye en el informe una propuesta concreta de un crédito fiscal universal, a modo de renta garantizada que asegure el mínimo nivel de ingresos necesario para satisfacer las necesidades más básicas de todo individuo.
Dicha propuesta parte de reconocer que nuestro sistema ya cuenta con un ingreso mínimo, definido en el mínimo personal y familiar del IRPF, que sirve de referencia para establecer la renta mínima garantizada, que se resta a la cuota del impuesto (ingreso por tipo impositivo). La propuesta debe estar acompañada de una aproximación gradual del resto de las prestaciones a este nivel mínimo.
El funcionamiento de la propuesta es sencillo; todos los ciudadanos tendrían la obligación de presentar su declaración de la renta y, si estuvieran por debajo del mínimo vital, el Estado les devolvería la diferencia; en caso contrario, deberían pagar.
Los pasos que deberían seguirse para articular la propuesta son los siguientes:
- Determinar un nivel mínimo de renta garantizada igual para todos, independientemente de los ingresos. No obstante, se podría ver incrementado en función de las circunstancias familiares.
- Fijar la tarifa y su escala de gravamen (tipo único o progresivo). Dicha escala se aplicaría sobre la renta de todos los ciudadanos, quienes tendrían la obligación de declarar sus ingresos totales y su situación familiar.
- Calcular la cuota del impuesto, resultado de multiplicar los ingresos del individuo por el tipo impositivo.
- Restar la renta mínima garantizada a la cuota. De esta forma, para niveles de ingresos superiores al mínimo fijado, el impuesto sería positivo (pagarían), mientras que para ingresos inferiores sería negativo (recibirían).
Paralelamente, según Jordi Sevilla, la gran cantidad de prestaciones y transferencias sociales del Estado deberían ir asimilándose gradualmente, en un período de tiempo transitorio, al mínimo vital citado, «de modo que acabemos con las grandes diferencias entre ellas y con la falta de lógica que supone tener prestaciones por debajo de un mínimo que se considera de subsistencia».
El objetivo sería conseguir una progresiva integración de todas las políticas públicas relacionadas con la renta y la situación familiar de los individuos, simplemente canalizándolas a través de la declaración del impuesto. Un impuesto como derecho de ciudadanía, obligatorio para todo el mundo.
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Observatorio Social de La Caixa
El Observatorio Social de La Caixa constituye una iniciativa para el estudio de los nuevos fenómenos sociales en cuatro áreas: inclusión social, educación, ciencia y cultura. El análisis del Observatorio se nutre de un barómetro de indicadores clave sobre temas de interés social en los países miembros de la Unión Europea y la OCDE, además de artículos, entrevistas y reseñas firmados por expertos.
