El origen del derecho a vacaciones anuales retribuidas, tal y como lo conocemos actualmente, está en la II República, en la Ley de Contrato de Trabajo de 1931. No obstante, el derecho a vacaciones retribuidas era respetado por la costumbre, los acuerdos o convenios profesionales y la espontaneidad social.
A la Ley de Contrato de Trabajo de 1931 le siguió la homónima de 1944, y actualmente el derecho a vacaciones anuales retribuidas forma parte del núcleo duro e irrenunciable de los derechos propios de los trabajadores, como un principio rector en el artículo 40.2 de la Constitución, en el Estatuto de los Trabajadores, en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 132, de 1970, y en diversas normas europeas, en especial la Directiva 2003/88/CE.
La jurisprudencia constitucional establece que las vacaciones cumplen una función íntimamente ligada a la permanencia en el puesto de trabajo; así, el número de días de vacaciones aparece vinculado a los días de trabajo efectivo o, en su defecto, a la duración de la relación laboral.
Este derecho tiene la finalidad de procurar al trabajador el reposo necesario para recuperarse del desgaste físico y psicológico producido por su actividad laboral, proporcionando también un tiempo, más prolongado que los descansos diario y semanal, lo suficientemente continuado para el esparcimiento y la desalienación.
El artículo 38.1 del Estatuto de los Trabajadores establece la obligatoriedad de su concesión, así como la retribución de este período en la misma forma y cuantía que el trabajo efectivo; además, el descanso no se podrá sustituir por una retribución en metálico. Sin embargo, si la relación laboral finaliza antes de que el trabajador haya usado el derecho al descanso anual y es imposible hacerlo efectivo por causa no atribuible a su voluntad, existe el derecho a una compensación económica proporcional al tiempo de prestación de servicios en el año de referencia.
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