Mujer y trabajo: Una realidad de precariedad y discriminación. Grada 114. José Manuel Corbacho

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo, respecto a la del hombre, se ha caracterizado por una mayor precariedad. Esta precariedad se ha visto acentuada por la crisis económica, al aumentar la brecha salarial y las desigualdades laborales. En 2016 la tasa de desempleo femenino en España se situaba en el 48%, una de la más altas de la Unión Europea, más del doble de la media, que es el 21%.

Esta desigualdad se percibe como una realidad aceptada socialmente, ya que no es difícil identificar los desequilibrios y las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso al mercado laboral. La discriminación de género se caracteriza por el trato peyorativo y las desventajas que sufren las mujeres, no solo al acceder a un puesto de trabajo, sino también en su permanencia, promoción o ascenso.

El trabajo juega un papel determinante y constituye la base de la realización de derechos humanos como el derecho a una vida digna. Proporciona valores como independencia, libertad, estima, o estatus social; de hecho, el ser humano para sentirse desarrollado debe sentirse integrado en la sociedad y proyectar una imagen positiva de sí mismo. Con la desigualdad de género a nivel laboral las mujeres no logran alcanzar plenamente estos valores; una de las consecuencias negativas más palpable es que las mujeres ganan un salario menor que los hombres haciendo el mismo trabajo, en general un 30% menos. Además, las mujeres corren el riesgo de sufrir un mayor acoso en el trabajo, y les cuesta más compatibilizar el tiempo laboral con el familiar. Por otro lado, hay una mayor precariedad laboral, una mayor tasa de desempleo, y otros aspectos como frustración, aislamiento, o inseguridad personal.

Además, la feminización de la pobreza es un hecho global, fruto de una división del trabajo desigual, basada en conductas, pautas sociales y expectativas de las personas según su género, lo que provoca diferencias sociales de género. A esto hay que unir la función biológica de la procreación, propia de la mujer, que le responsabiliza casi en exclusiva del cuidado de sus hijos y de su familia, la llamada ‘sobrecarga de la responsabilidad doméstica’.

Por la desigualdad de género las mujeres disponen de menos oportunidades y recursos económicos que los hombres, lo que propicia su menor participación en ámbitos políticos, sociales, económicos, culturales y académicos, y les incapacita para tomar decisiones que afectan sus vidas y al funcionamiento de una sociedad igualitaria y justa entre géneros.

Los trabajadores, con independencia de su género, deben tener garantizados sus derechos laborales. El Estado debe continuar legislando en favor de la igualdad social efectiva, y, por otro lado, las políticas públicas deben ir encaminadas a introducir medidas que propicien y garanticen oportunidades de igualdad entre géneros, que compensen la discriminación social y laboral que siguen sufriendo en mayor medida las mujeres y otros colectivos sensibles, como transexuales, gais y lesbianas, en aras de una sociedad igualitaria y justa entre géneros.

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