Un día coincidí en un acto con una persona con discapacidad visual. Iba saludando a quienes conocía y presentándome a quienes no conociere. Me presenté a dos mujeres, una de ellas con discapacidad visual. No supiere ni preguntare si fuere total o parcial.

Hubiere tratado en vida a un familiar ciego, con ceguera sobrevenida por accidente. Le hablaba como si me viera. Veía sin ver más que muchas personas con vista normal. Sabido fuere que las personas ciegas perciben el mundo potenciando sus otros sentidos: oído, olfato y gusto y tacto. El oído detecta la orientación, el volumen, el tono, la dirección; el olfato identifica lugares y entornos; el gusto ayuda a comprender el entorno cercano; el tacto es clave para su lectura en Braille y para el reconocimiento.

No supe si fuere persona con discapacidad visual total, si no veía nada o si viere algo. Lo que sí detecté enseguida fue su alegría por saludarla y conocerla. Me hablaba como si me conociera de toda la vida; pero ¿me vería? Se lo preguntaré cuando la vuelva a ver. Trabajaba, junto a su compañera, en la ONCE. No apreciamos lo suficiente la labor de esta institución no solo con las personas con discapacidad visual, sino con otras personas con discapacidad.

Le pregunté a quiénes representaban, qué hacían allí. Me respondía más la primera que la segunda. Y hasta me pidió que me hiciere unas fotos con ellas, que yo no hubiere. Intento recordar su cara, pero no puedo, porque no la veo. El ciego ahora soy yo.

Me llamó la atención su sentido del tacto. No le fuere suficiente el oído, el olfato y el gusto. Y me tomó la mano mientras hablábamos. Necesitaba sentirme. Las personas con discapacidad visual perciben el tacto con más rapidez que las videntes. Detectan la información táctil más rápido que las personas con visión normal. Y con esa naturalidad, la normalidad se abría paso y seguimos hablando de nuestros días y trabajos.

Había visto a otra mujer a la que reconocí por la foto. Y las dejé, despidiéndome con un beso sin soltarle la mano. Tenía que volver. Ni siquiera sabía que teníamos una comida. Hubiera sido ocasión bastante para conocernos más y mejor. Nunca recibí la foto hecha con su móvil.

Recordé que, en otra ocasión, al salir de casa, la acera estaba casi toda cortada por obras. Llegó una mujer con discapacidad visual severa y su bastón se topó con la obra. Preguntó en alta voz si no se podía pasar. Le dije que, dada la situación, me diese la mano, que la pasaría por el pequeño pasillo que habían dejado en la acera y entre los vehículos estacionados en la calzada. Así lo hizo y, una vez pasado el tramo, le dije que ya tenía la acera libre y se despidió de mí, dándome las gracias.

Evocamos cada día el olor de colonia de la pareja perdida; el sabor de una comida; el tacto de una mano; el gusto de un entorno, todos perdidos de quienes se fueren y con quienes no compartimos ninguno de nuestros sentidos; pero no olvidamos esos gratos momentos, vivos, aun invisibles, vividos con aquella mujer con discapacidad visual.

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No pueden hablar, pero podrían comunicarse. Las personas con discapacidad motora severa conservan intactas sus capacidades cognitivas, pero no pueden hablar ni manejar dispositivos convencionales. ¿Cómo, entonces, hacerlas accesibles a los demás, incluyéndolas en la comunicación universal?

Fundación Primera Fila, que preside José Antonio Lagar, ha obtenido el tercer premio mundial en un desafío impulsado por Google, dotado con 15.000 dólares, entre 600 proyectos presentados. El objetivo es desarrollar un sistema de comunicación basado en inteligencia artificial, dirigido a esas personas con discapacidad que no pueden hablar ni manejar dispositivos convencionales. Se trata de un software libre, accesible para todos, independientemente de su capacidad económica, que permitirá desarrollar versiones adaptadas a distintos idiomas y características personales, garantizando así un alcance global, ha manifestado el alcalde de Mérida, tras ser informado por José Antonio Lagar y el secretario de la Fundación, Enrique Trabadela.

El alcalde de Mérida, primera autoridad en recibir a los representantes de la Fundación, acompañado por la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, ha manifestado, según informa su Gabinete de Comunicación, la importancia de que la aplicación permita a las personas usuarias comunicarse con “una voz propia y reconocible, fomentando su autonomía y desarrollo emocional”.

El proyecto, conocido como ‘3VA’, a diferencia de otras herramientas comerciales que utilizan voces robóticas y cuyo coste suele ser elevado, se plantea como solución de bajo coste, basada en una filosofía de código abierto, concebida para poder utilizarla en centros sanitarios y de rehabilitación de toda España.

La génesis del proyecto nace de la historia de Eva, una joven con parálisis cerebral severa, que gracias a ‘3VA’ está logrando comunicarse de forma más autónoma y con una voz propia, pudiendo expresar emociones y acciones cotidianas. El sistema permite generar una voz digital personalizada, natural y reconocible, que funciona directamente en el ordenador de la persona usuaria, sin depender de servidores externos ni de conexión a internet, lo que facilita su uso más accesible. La finalidad es devolver a cada persona la capacidad de decidir qué dice, cuándo y a quién, asegura José Antonio Lagar. Además, el proyecto pretende ampliarse a un colectivo más amplio, que incluiría a personas con ELA, Parkinson, autismo y parálisis cerebral que necesitan una ‘comunicación aumentativa’.

Dar voz a todas las personas que tienen dificultad al hablar, favoreciendo su autonomía, dignidad y calidad de vida, es el fin último del proyecto ‘3VA’, que el alcalde de Mérida ha prometido apoyar ante el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, quien ha subrayado la importancia de situar a la región de nuevo en la vanguardia del software libre y de la innovación tecnológica. Herramientas para hablar sin palabras cuando estas no pueden fluir con naturalidad.

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Son los que no pueden salir a la calle por falta de ascensor e incluso de silla de ruedas; quienes se hallan en su propio domicilio con habitaciones o baños inaccesibles para personas con discapacidad física y barreras arquitectónicas; aquellos que, aun con sillas de ruedas, no pueden ir al baño del hogar de mayores, como en Valencia de Alcántara, donde un usuario pasa el rato con sus amigos jugando al dominó; otros que pueden pasear por un gran parque, pero carente de servicios, como el Parque del Príncipe de Cáceres, ni adaptados ni sin adaptar… Es difícil ponerse en el lugar de las personas con discapacidad vulnerables e invisibles cuando no se tienen en casa.

Hay invisibilidades de personas con discapacidad reversibles, y otras irreversibles. Las reversibles son aquellas de fácil solución, como poner un ascensor; adquirir una silla de ruedas; recortar las escaleras y construir una rampa para ayudar a las amas de casa a subir el carrillo de la compra y para que las personas con discapacidad en silla de ruedas puedan acceder al ascensor y, desde allí, a sus domicilios; adaptar los baños en domicilios, residencias, lugares públicos… como se viene haciendo por ley en algunos lugares, aunque en otros se olviden de los vulnerables invisibles.

Llegamos tarde a casi todo y ahora nos surgen las prisas por arreglarlo. Parece que los constructores de ayer fueren también personas con discapacidad para no ver las discapacidades de los vulnerables de hoy. Estrenamos casa y hay que hacer obras de adaptación antes de estrenarla: las salidas de aire para el gas, la eficiencia energética de los edificios, las rampas, los ascensores… Son las trabas reversibles para los vulnerables si todos pusiéramos empeño en dejarles sitio y paso para ayudarles en su discapacidad que les impidiere estar, como todos, en lugares públicos.

Hubiere, empero, otras irreversibles: quizá, la mayor, la propia enfermedad incurable, que los hace visibles solo a los ojos de los suyos, pero no a los de su entorno inmediato, para quienes serán los vulnerables invisibles. Nunca ‘pasarán la ITV’ porque hubieren defectos por corregir, como los vehículos, porque quienes tuvieren los medios (los poderes públicos) no los ponen a disposición de la ciencia para hacerlos visibles. Hubiere gente que se hace invisible sin serlo, ciegos pudiendo ver, cojos que pudieren andar… Son los ‘ninis’ (que ni estudian ni trabajan) para que otros que lo hicieren por ellos los hagan invisibles a los ojos estadísticos que les interesan y les paguen la solución habitacional y el sustento que no buscaren per se. Es la invisibilidad de los vulnerables buscada, consentida, sufrida por quienes ni lo fueren ni tampoco parte interesada ni investigada en el caso.

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El Diario Oficial de Extremadura del pasado 13 de enero publicó dos resoluciones de la Secretaría del Servicio Extremeño Público de Empleo, de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, por la que se concederán ayudas para contratar a personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio 2026.

Se trata de subvenciones destinadas a fomentar la creación y estabilidad en el empleo mediante la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas con especiales dificultades de inserción.

Las ayudas se articulan en tres programas: el Programa I, para la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias; el Programa II, subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo; y el Programa III, subvenciones al empleo con apoyo.

El importe total de la convocatoria asciende a un total de 1.500.000 euros y la Junta prevé que, con estos programas, unas 150 personas con discapacidad podrán obtener un contrato de trabajo indefinido.

El Programa I prevé subvenciones para la contratación indefinida de personas con discapacidad desempleadas en empresas ordinarias de 12.000 euros para contratación de mujeres con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, y de 10.000 euros para contrataciones del resto de personas con discapacidad.

El Programa II, de subvenciones para la contratación indefinida por empresas ordinarias con discapacidad procedentes de los enclaves laborales, fija 14.000 euros para contrataciones de mujeres con discapacidad y de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral.

Y el Programa III, de subvenciones destinadas a la transformación de contratos temporales en indefinidos celebrados con personas con discapacidad, establece subvenciones de 7.000 euros para contrataciones de mujeres con discapacidad y de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, y de 6.000 euros para contrataciones del resto de personas con discapacidad; y en cuanto a las subvenciones para la contratación de personas con discapacidad desempleadas en empresas ordinarias, las cuantías serán 5.000 euros para contrataciones de mujeres con discapacidad y de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, y 4.000 euros para contrataciones del resto de las personas con discapacidad.

Las asociaciones atienden a las personas con discapacidad para educarlas y rehabilitarlas de cara a su inserción social y laboral, que es el fin último que estas no pueden cumplir. Por ello, los programas aquí definidos por la Administración para su inserción laboral no pueden contemplarse más que desde la óptica imperativa que les obliga por ley a facilitar los caminos de inserción laboral a las personas con discapacidad desempleadas o que tengan dificultades de inserción laboral. Este es un primer camino, y otro es la apertura al trabajo fijo en la Administración mediante las oposiciones. Ambos son complementarios y abren un camino de luz y esperanza a las personas con discapacidad que aspiran a su inclusión en la sociedad.

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Aristóteles definía al ser humano en su obra ‘Política’ como “un animal político, cuya naturaleza lo invita a vivir en la polis (ciudad-estado) para alcanzar una vida buena y plena, no solo la mera existencia”. Pero las políticas públicas tienden a satisfacer el acceso de las personas a bienes y servicios, tanto en la ciudad como en el pueblo. Las instituciones públicas tienen como objetivo resolver y dar respuestas a las múltiples necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad. La política se yergue, así, como respuesta a las demandas colectivas, principalmente de los más vulnerables, necesitados de medios e instrumentos que les hagan partícipes como miembros de pleno derecho de una sociedad igualitaria.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instituido por Naciones Unidas en 1992, celebrado el pasado 3 de diciembre, tiene como fin promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como aumentar la conciencia sobre su situación en todos los aspectos de la vida diaria. El Día Internacional, como la política, ha de tener un enfoque inclusivo, centrado en la persona o, como proclaman hoy determinados líderes, la política debe incluir el prisma de “no dejar a nadie atrás”, al objeto de que nadie esté en desventaja, principalmente los más vulnerables, las personas con discapacidad.

La propia sociedad ha impulsado la creación de innumerables asociaciones para dar cumplimiento a unas necesidades, antes inadvertidas para los poderes públicos, que tienen el deber y el derecho de satisfacerlas. Así, hemos llegado, unos y otras, a conjugar la inclusión, la accesibilidad y el desarrollo de entornos rurales más inclusivos, con el fin de favorecer la sociedad igualitaria de todos sin ventajas ni desventajas.

En este sentido, observamos con satisfacción cómo las instituciones responden a esos objetivos marcados por la Constitución, Naciones Unidas y las asociaciones más cercanas a las personas con discapacidad. El Día Internacional lo convertimos, de este modo, en una jornada más “para luchar y avanzar por los derechos y el bienestar de estas personas”.

Son palabras del presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, de ese mismo Día, que reflejan el compromiso de la institución en programas y respaldo presupuestario, contemplados en los presupuestos de 2026, que alcanzan 3.500.000 euros, un millón más que en el ejercicio anterior, para empleo inclusivo, accesibilidad universal, apoyo al tercer sector, fomento del ocio inclusivo…

La institución provincial daba a conocer con cifras y datos concretos su política para las personas con discapacidad: más de dos millones de euros y 300 contrataciones anuales en empleo inclusivo, a través del Plan Integral de Empleo, que destina cada año la citada cantidad para la contratación de personas con discapacidad en todos los municipios de la provincia. De otro lado, la Diputación de Cáceres impulsa programas dirigidos a eliminar barreras físicas, cognitivas y sensoriales con el objetivo de crear pueblos más accesibles, justos y habitables para todas las personas, En 2026 prevé un aumento presupuestario de un millón de euros destinado especialmente a proyectos de accesibilidad universal. Y, finalmente, el respaldo al tejido asociativo se concreta en convocatorias de ayudas que superan los 500.000 euros para asociaciones de personas con discapacidad, junto a la promoción de actividades deportivas, culturales y de ocio inclusivo en toda la provincia. (Véase: Diputación de Cáceres, noticias sociales, de 03/12/2025).

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El IX Informe sobre Exclusión Social y Desarrollo Social en España, hecho público en noviembre por la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA), ofrece nítidos datos sobre la exclusión y desarrollo social en España. El citado Informe, realizado en el primer semestre de 2024 a 12.289 hogares españoles por un equipo de 140 investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector, concluye su primera tesis afirmando que España atraviesa un proceso inédito de transformación social, en el que la clase media se contrae desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores.

El Informe asegura que “no fallan las personas, falla el sistema” y, según la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, los principales motores de la exclusión social en España son la vivienda y el empleo. La primera porque está reconfigurando nuestra estructura social, expulsando a uno de cada cuatro hogares de una vida digna y triturando el difícil equilibrio de las clases medias. El 45% de la población que vive en régimen de alquiler, que se ha convertido en una trampa de pobreza, se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más alta de la Unión Europea. De otro lado, la precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad, afectando a casi la mitad de la población (47% de la población activa). Se trata de 11,5 millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral, aunque trabaje más de un tercio de la población excluida moderada o severa.

La exclusión social se hereda y el código postal y la mochila familiar pesan más que la capacidad y el esfuerzo, según el secretario técnico de FOESSA, Raúl Flores, El ‘cortafuegos’ contra la pobreza y la exclusión social se ha desplazado al Bachillerato y a la FP; es decir, si un alumno no logra superar la ESO, su riesgo de caer en exclusión severa se multiplica por 2,7.

La desigualdad se mide en años de vida porque, además del deterioro de la salud asociado a la malnutrición, el Informe detecta cómo las listas de espera y la dificultad para conseguir cita están minando el acceso a la sanidad. El 6% de las familias más vulnerables que tenían una enfermedad grave no recibió atención médica el año pasado, el doble que en el conjunto de la sociedad. La salud mental se resiente. Los diagnósticos de depresión, ansiedad o trastorno adaptativo alcanzan al 6% de la sociedad, pero superan el 12% entre quienes viven en exclusión severa. El Informe pone sobre la mesa que “cuando el sistema público se atasca y retrasa la detección precoz de enfermedades, o no cubre completamente puntos fundamentales como la salud mental, la única alternativa es el pago, convirtiendo un derecho fundamental en un privilegio”.

Los grandes perdedores del modelo socioeconómico actual son los jóvenes y los niños: un tercio de toda la exclusión severa en España corresponde a menores de edad, y 2,5 millones de jóvenes están atrapados en una precariedad estructural, enfrentados a tasas de temporalidad, parcialidad involuntaria y salarios bajos, que duplican la media española.

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El decimocuarto informe, de 2024, sobre ‘El estado de la pobreza (Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030, 2015-2023)’ de la Plataforma Europea de Entidades Sociales que trabajan y luchan contra la pobreza y la exclusión social en los países miembros (EAPN, por sus siglas en inglés), referido a Extremadura, comienza subrayando que, históricamente, la región registra unas elevadas tasas de riesgo de pobreza o exclusión social entre las regiones en las que se miden los valores más elevados en este sentido.

En 2023 se redujo 2,4 puntos, lo que lleva a registrar el valor más bajo desde la Gran Recesión. Respecto a la carencia material y social severa, en un contexto de incremento de esta tasa a nivel nacional, Extremadura es la región en la que más disminuye este indicador (-1,7 puntos). Sin embargo, ese mismo año, el 32,8% de la población de Extremadura está ‘en riesgo de pobreza y/o exclusión social’; es decir, unas 345.000 personas. Como consecuencia, Extremadura deja de ser la comunidad autónoma con la tasa Arope (siglas en inglés de ‘en riesgo de pobreza y/o exclusión social’) más elevada y pasa al tercer puesto, por detrás de Andalucía (37,5%) y Canarias (33,8%).

Sin embargo, hay otros datos del estudio que, adaptados a los requerimientos de la Agenda 2030, definen mejor nuevos elementos que conforman la carencia material y social severa. A los ítems antiguos (referidos a una pregunta en pruebas de corrección objetiva), se agrega, a escala hogar, el concepto ‘No puede sustituir muebles estropeados o viejos’; y a nivel personal se agregan los siguientes conceptos: ‘No puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva’, ‘No puede permitirse tener dos pares de zapatos en buenas condiciones’, ‘No puede permitirse reunirse con amigos/familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes’, ‘No puede permitirse participar regularmente en actividades de ocio’, ‘No puede permitirse gastarse una pequeña cantidad de dinero en sí mismo’, ‘No puede permitirse conexión a internet’…

La tasa de población con carencia o privación material y social severa (PMSS) de Extremadura de 2023 es del 8,8%; un punto menos que el dato medido a nivel nacional. Además, Extremadura es la comunidad autónoma en la que más disminuye este año la carencia material y social severa (se reduce un 17,5%; cae 1,7 puntos). Además, en un año en el que este indicador experimenta un incremento generalizado, la región es, junto con Canarias y Castilla-La Mancha, una de las únicas en las que mejora la PMSS.

Por otro lado, el uso del antiguo indicador PMS (Privación Material Severa) permite comparar los resultados con los previos a la Gran Recesión. Así, en 2008 esta tasa en Extremadura era del 2,2%, casi cuatro veces menos que en 2023, que era del 8,3%. Además, hay que señalar que la utilización del nuevo indicador arroja en 2023 un valor que está 0,3 puntos por debajo del antiguo PSM. Por sexos, se observa una mayor prevalencia de la tasa femenina, el 9,1%, que aplicada a la población resulta en unas 48.000 mujeres con PMSS. Por su parte, la tasa masculina es del 6,9%, lo que significa 36.000 hombres en la misma situación. Respecto al año anterior, la carencia material y social severa se reduce para los dos grupos: entre las mujeres cae 1,5 puntos, y entre los hombres 1,9 puntos.

Fuente bibliográfica:
Llano Ortiz, Juan Carlos y Sanz Angulo, Alejandro. ‘El estado de la pobreza en las comunidades autónomas. Pobreza y Territorio. Comunidades Autónomas y Unión Europea’. Secretaría Técnica EAPN-ES, Madrid, octubre 2024.

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La trasposición al Derecho español de la Directiva 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo supone que nadie, por razones de edad, discapacidad o desconocimiento digital, se quede fuera del sistema. La medida ya ha entrado en vigor y hemos podido constatarla en determinadas agencias bancarias, que se han visto obligadas a rediseñar la experiencia de usuario para millones de personas.

Los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios van mucho más allá de los cajeros; pero es precisamente en estas máquinas en las que los ciudadanos han notado el cambio, al obtener dinero de su banco con un procedimiento más sencillo, intuitivo e inclusivo.

La norma comunitaria ha establecido un nuevo estándar de accesibilidad para diversos productos y servicios. Uno de ellos es el cajero automático, un recurso clave en la interoperatividad con los bancos para hacer gestiones que muchas personas con discapacidad no se podían permitir por sus obstáculos físicos y digitales. La directiva no supone solo una modernización tecnológica, sino una transformación social que pretende garantizar que cualquier persona puede operar en un cajero sin ayuda externa. El proyecto simplifica las operaciones habituales (sacar dinero, realizar transferencias…) sin asistencia externa.

Entre las nuevas medidas que aportan los cajeros accesibles e inclusivos destacan las guías sonoras activadas automáticamente al conectar los auriculares; el brillo automático con sensores que regulan la visibilidad según el entorno; la conexión para auriculares que permite seguir las instrucciones por voz en privado; la interfaz simplificada, pensada para quienes no están familiarizados con la tecnología; las botoneras con relieve, útiles para personas con discapacidad visual o movilidad reducida; las pantallas de tamaño adecuado y elevado contraste, adaptadas para personas con visión reducida y condiciones de luz adversas; y, finalmente, una tipografía sencilla e iconos reconocibles, que eliminan la complejidad visual o las dificultades cognitivas.

No todos los cajeros en funcionamiento acogen estas medidas. Desde finales de junio, cuando se implantó, hay un periodo transitorio de adaptación para los de nueva instalación y los que estaban en funcionamiento. Los cajeros antiguos tienen como fecha límite de adaptación el 28 de junio de 2030.

Todos hemos sido testigos de las dificultades de personas con discapacidad para operar en los cajeros. Nadie les atendía, ni el personal bancario, reacio a dejar sus sillas para atenderles, como dando por hecho que tendrán un familiar o asistente para ayudarle en las tareas. En otras ocasiones fuimos testigos de cómo el personal bancario invitaba a los usuarios que entraren en la oficina para efectuar alguna consulta que ‘eso’ (poner la cartilla al día, por ejemplo) podrían hacerlo en el cajero.

Ahora la directiva comunitaria exige que el personal bancario reciba formación específica para atender a personas con discapacidad, porque el acompañamiento profesional sigue siendo imprescindible para ellas.

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A mediados de agosto, el número de niños muertos por desnutrición y hambre en Gaza sobrepasaba el centenar, según datos de la oenegé Save the Children International (Salvar a los niños), que tiene como finalidad trabajar por los derechos de la infancia. Se suman a los más de 40.000 registrados como muertos o heridos debido a los bombardeos y ataques aéreos de los enemigos de sus padres, según datos del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef). A esa fecha había al menos 17.000 niños no acompañados o separados de sus familias y un millón de niños “profundamente traumatizados y sin acceso a la educación”.

Las muertes por inanición se han convertido en cotidianas. La crisis humanitaria se agudiza y la asistencia sostenida se debilita cada día más. Los hospitales y las escuelas que sirven de refugio caen bajo las bombas. La desnutrición aumenta; las muertes se incrementan. Muchos viven en refugios hacinados, inseguros, carecen de espacio y privacidad, especialmente ellos y sus madres. Hasta los suministros para los espacios mínimamente habitables se agotan; no hay suministros para ellos, ni los vitales de saneamiento, agua y comida.

Los niños son niños. ¿Qué culpa tienen ellos de las guerras, de quienes dicen defender a unos y atacan a los otros? Los vemos cada día con la mirada perdida, con sus cuerpecitos famélicos, tanto como sus madres, que tampoco hubieren nada que comer, ni que darles a ellos. Tienen muy poca vida en vida. En su inocencia, los niños dicen que desean ir al cielo, porque allí hay comida, agua, dulces y chocolate. Allí no hay guerras ni bombardeos que les quiten lo poco que tienen y la ayuda que no les llega, porque otros necesitados se la roban. Los niños son quienes más pagan el precio del conflicto. La hambruna es un hecho. La desnutrición amenaza la vida de más de cien mil niños.

Qué sentir y qué hacer ante la mirada perdida de esos niños solo huesos, cuando en Occidente vemos crecer a nuestros niños sanos y robustos, con la sonrisa que ofrecen a sus madres cuando, ya saciados y limpios, solo buscan el sueño reparador que les hace crecer, entre los besos y caricias de sus progenitores.

Casi dos años ya de guerra y van 60.000 muertos. Envueltos en las pocas sábanas que quedan, reciben sepultura entre las lágrimas de un pueblo, ya con sus sistemas de atención a la salud, agua, saneamiento e higiene casi destruidos. Les lanzamos alimentos que solo algunos se llevan y a otros matan.

Ya no hay lugar para ellos, ni descampados para jugar con pelotas o juguetes de trapo. Juegan con botellas y latas vacías, hasta con los restos de los misiles. Juegan en las calles abiertas entre los escombros para el paso de los carros huyendo con sus enseres hacia ninguna parte, porque no hay salida. Las fronteras permanecen cerradas. No hay tregua para la paz.

Gaza no puede dormir por las explosiones. La vida de los niños pende de un hilo. Las madres no tienen lágrimas para llorar a sus difuntos. Los niños ya no tienen padres ni quien les acoja. Son niños huérfanos, hambrientos, moribundos, sin voz ya para pedir agua ni llanto para solicitar alimento. Sus sueños ya están rotos, su infancia perdida…

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Casi un millón de niños españoles dirige cada día la mirada a sus madres: “Mamá: tengo hambre”. Ni mamá ni papá pueden darle ya de comer por sí mismos, porque nada hubieren. Los ingresos insuficientes no cubren sus necesidades básicas. La situación de miseria y desnutrición infantil a nivel nacional se agrava. Carecen de alimentación adecuada, de vivienda digna, de educación de calidad, de servicios básicos de salud… Las consecuencias son devastadoras en el desarrollo físico, cognitivo y emocional de estos niños, y perpetúan el ciclo de la pobreza.

España lidera el índice de pobreza infantil y el incremento del umbral de pobreza para 2025: hasta 11.944,88 euros anuales para un hogar unipersonal, según Fundación Madrina, que tiene como objetivo repoblar zonas rurales de España y proporcionar nuevas oportunidades a familias que luchan por sobrevivir en las grandes ciudades con presencia de niños.

Unicef, Eurostat y la Unión Europea han advertido que nuestro país lidera la tasa de pobreza infantil en el continente. El último informe del Índice de Miseria, elaborado por el Instituto Juan de Mariana, situaba a España a la cabeza, con un 14,7% en diciembre de 2024, dato que supera la media europea en 8,8 puntos en julio del mismo año. La necesidad de que dos salarios son cada vez más imprescindibles para la supervivencia mensual de un hogar evidencia la fragilidad económica de muchas familias y la dificultad de criar a sus hijos en condiciones dignas.

Ante esta situación, Fundación Madrina recomienda implementar un plan integral contra la pobreza infantil; fortalecer las políticas de apoyo directo a las familias con menores a su cargo; fomentar la creación de empleo de calidad, salarios dignos y la conciliación; e invertir en educación y la lucha contra la exclusión social al menos un 7% del PIB.

De otro lado, la tasa Arope (indicador que mide el grado de porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social en España) se situó en Extremadura en el 32,4% en 2024, según los últimos datos disponibles. Esto quiere decir que tres de cada diez extremeños están en riesgo de pobreza o exclusión social, aunque la tasa se ha reducido en 4,5 puntos en los dos últimos años.

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, destacaba en abril pasado, durante el XVIII Encuentro Estatal de Participación de la Red Europea de la Lucha contra la pobreza, los datos de reducción de la tasa Arope en la Comunidad, y apuntaba a la necesidad de una inversión real en programas que atiendan las necesidades de los más vulnerables.

El futuro de los niños está en juego. Es necesario garantizar un futuro digno para ellos, porque ellos serán el futuro. ¿Y qué futuro le legaremos si no tienen el alimento del presente?

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