El estudio del estatuto jurídico del indígena en la América virreinal constituye uno de los campos más complejos y debatidos de la historiografía hispanoamericana. Desde el siglo XIX, y con mayor intensidad en las últimas décadas, este ámbito ha sido objeto de interpretaciones contrapuestas que oscilan entre la condena global del sistema colonial y su defensa acrítica. Frente a estas aproximaciones, la historiografía contemporánea ha subrayado la necesidad de analizar la experiencia americana desde los marcos normativos, políticos y culturales propios del Antiguo Régimen, evitando lecturas anacrónicas o moralizantes (Elliott, 2006; Pagden, 1995).

En este contexto, la legislación indiana y la posición jurídica del indígena dentro de la Monarquía Hispánica ofrecen un campo privilegiado para comprender las tensiones entre dominación, tutela y reconocimiento legal que caracterizaron el orden virreinal.

El tratamiento jurídico y social
El tratamiento jurídico y social de los pueblos indígenas durante la etapa virreinal española ha sido, desde hace décadas, uno de los temas más controvertidos de la historiografía sobre América. En la actualidad, este debate se ha intensificado como consecuencia de lecturas ideologizadas del pasado que, desde posiciones opuestas, tienden bien a reducir la experiencia virreinal a una narrativa exclusivamente opresiva, bien a negar cualquier forma de abuso o conflicto. Ambas aproximaciones comparten un mismo problema metodológico: el anacronismo y la falta de contextualización histórica.

En este marco, diversos historiadores han insistido en la necesidad de analizar la experiencia americana desde las categorías jurídicas, políticas y culturales propias de los siglos XVI al XVIII. Uno de los ámbitos más relevantes de este análisis es el estatuto legal del indígena dentro de la Monarquía Hispánica, especialmente a partir del desarrollo normativo conocido como Leyes de Indias, cuyo objetivo declarado fue regular la incorporación de los territorios americanos al orden político castellano y proteger a las poblaciones originarias frente a abusos.

Desde los primeros momentos del contacto la Corona española se enfrentó a una realidad inédita: pueblos que no conocían el cristianismo, pero que tampoco podían ser considerados enemigos en el sentido clásico del derecho de guerra medieval. Esta circunstancia dio lugar a intensos debates teológicos y jurídicos que desembocaron en el reconocimiento de los indígenas como personas libres y vasallos del rey de Castilla, lo que excluía, al menos en el plano normativo, su esclavización generalizada. Este principio diferenciaba claramente a los indígenas americanos de otros grupos sometidos en conflictos bélicos en Europa o el Mediterráneo.

A lo largo del siglo XVI, la legislación indiana fue incorporando mecanismos orientados a limitar los abusos derivados del sistema de encomiendas y a reforzar la tutela de los indígenas. Las Leyes Nuevas de 1542 constituyen uno de los hitos más significativos en este proceso, al introducir restricciones severas a la perpetuación de las encomiendas y reafirmar la autoridad de la Corona frente a los intereses particulares de los colonos. Posteriormente, reformas administrativas y económicas, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo, modificaron el peso de estas instituciones en favor de otras formas de organización productiva.

Uno de los elementos más característicos del orden virreinal fue la división administrativa entre la llamada ‘república de españoles’ y la ‘república de indios’. Lejos de responder a un modelo racial rígido, esta separación pretendía, al menos en su formulación teórica, proteger a los indígenas mediante un régimen jurídico diferenciado que limitara su exposición a determinados abusos. En este contexto, los indígenas fueron considerados ‘miserables en derecho’, una categoría que implicaba tutela legal y exclusión de ciertas jurisdicciones, como la Inquisición, pero que también generó contradicciones y situaciones de dependencia.

El mestizaje, tanto biológico como cultural, fue una realidad constante desde los primeros momentos del periodo virreinal. Sin embargo, las categorías raciales no funcionaron como sistemas cerrados ni plenamente definidos. La documentación de la época revela una notable flexibilidad en la identificación social de las personas, condicionada por factores económicos, fiscales y jurídicos más que por criterios estrictamente biológicos. Esta indefinición cuestiona la idea de un sistema colonial basado en una segregación racial rígida comparable a modelos posteriores.

Desde una perspectiva histórica, resulta fundamental reconocer que las sociedades americanas que alcanzaron la independencia en el siglo XIX no eran una prolongación directa del mundo prehispánico, sino realidades nuevas, profundamente marcadas por siglos de mestizaje institucional, cultural y demográfico. La América independiente heredó estructuras, lenguajes jurídicos, ciudades y tradiciones surgidas durante el periodo virreinal, lo que obliga a superar visiones simplificadoras del pasado.

Finalmente, el debate contemporáneo en torno a la llamada ‘leyenda negra’ plantea un desafío adicional al trabajo del historiador. Sin negar la existencia de episodios de violencia, explotación o injusticia, una aproximación rigurosa exige evitar juicios morales ahistóricos y analizar cada fenómeno en su contexto. La investigación histórica no debe orientarse a absolver ni a condenar globalmente, sino a comprender procesos complejos y contradictorios. Solo desde este enfoque es posible abordar el pasado común de España y América sin reduccionismos ni instrumentalizaciones ideológicas.

La legislación indiana y el estatuto jurídico del indígena
Desde los primeros momentos de la expansión ultramarina la Corona castellana afrontó el problema jurídico que planteaba la incorporación de pueblos no cristianos a su soberanía. A diferencia de otros contextos de guerra o conquista medieval, los indígenas americanos no fueron considerados enemigos en sentido estricto, lo que motivó una intensa reflexión teológica y jurídica sobre su condición (Hanke, 1959).

Este proceso desembocó en el reconocimiento de los indígenas como vasallos libres del rey de Castilla, con derechos y obligaciones específicos, entre ellos el pago del tributo. La legislación indiana, recopilada de forma progresiva a lo largo del siglo XVI y sistematizada en la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, incluyó numerosas disposiciones orientadas a proteger a los naturales frente a abusos, especialmente en materia laboral, fiscal y judicial (Tomás y Valiente, 1992).

Un hito fundamental lo constituyen las Leyes Nuevas de 1542, promulgadas bajo el reinado de Carlos V, que limitaron la transmisión hereditaria de las encomiendas y reforzaron la autoridad de la Corona frente a los intereses de los encomenderos. Aunque su aplicación fue desigual y generó resistencias, estas normas reflejan la voluntad de la Monarquía de intervenir activamente en la regulación del orden colonial (Gibson, 1964).

Asimismo, la consideración de los indígenas como ‘miserables en derecho’ implicaba una tutela jurídica especial, comparable a la otorgada a otros colectivos considerados vulnerables en la Europa del Antiguo Régimen. Esta condición los excluía de ciertas jurisdicciones, como la Inquisición, pero también los situaba en una posición ambigua, entre la protección legal y la subordinación social.

Mestizaje y flexibilidad social en el mundo virreinal
El mestizaje fue una de las características estructurales de la sociedad americana desde los primeros decenios de la conquista. No obstante, las categorías raciales no funcionaron como sistemas cerrados ni homogéneos. La historiografía ha demostrado que las denominaciones de ‘español’, ‘indio’ o ‘mestizo’ respondían con frecuencia a criterios sociales, económicos o jurídicos más que estrictamente biológicos (Lockhart y Schwartz, 1983).

Las fuentes parroquiales y notariales muestran una notable elasticidad en la identificación racial, que podía variar en función de intereses concretos, como el acceso a determinados trabajos, la evasión del tributo o la pertenencia a una jurisdicción específica. Esta indefinición cuestiona la idea de un sistema colonial basado en una segregación racial rígida y prefigura una sociedad profundamente mestiza en lo cultural, lingüístico e institucional.

Desde esta perspectiva, las sociedades que alcanzaron la independencia en el siglo XIX no pueden entenderse como una continuidad directa del mundo prehispánico, sino como el resultado de un largo proceso de transformación iniciado en época virreinal. Incluso los propios nombres, estructuras administrativas y formas de organización social evidencian esta herencia mestiza (Brading, 1991).

La leyenda negra y los debates historiográficos contemporáneos
El análisis del pasado virreinal se ha visto condicionado por la persistencia de la llamada leyenda negra, un conjunto de representaciones negativas sobre la actuación de España en América que tuvo su origen en la propaganda política de las potencias rivales de la Monarquía Hispánica en los siglos XVI y XVII (García Cárcel, 1992).

Si bien estas narrativas no carecen por completo de base empírica, pues existieron episodios de violencia, explotación y abuso, su proyección acrítica en el presente ha dado lugar a interpretaciones simplificadoras que ignoran la complejidad del contexto histórico. En paralelo, ciertas reacciones defensivas han tendido a minimizar o relativizar cualquier aspecto conflictivo del periodo colonial, incurriendo en una idealización igualmente problemática.

La historiografía actual coincide en señalar que el papel del historiador no consiste en emitir juicios morales globales, sino en reconstruir procesos históricos concretos a partir del análisis riguroso de las fuentes. Esto implica reconocer tanto los esfuerzos normativos de protección del indígena como las limitaciones prácticas de su aplicación, así como las profundas contradicciones internas del sistema virreinal (Pagden, 2013).

Conclusiones
El estudio de la protección jurídica del indígena en la América virreinal revela un escenario marcado por tensiones constantes entre norma y práctica, tutela y dominación, integración y exclusión. La legislación indiana constituye un corpus normativo singular en la historia de la expansión europea, tanto por su extensión como por su explícita preocupación por el estatuto legal de las poblaciones originarias.

Al mismo tiempo, el mestizaje y la flexibilidad social del mundo virreinal cuestionan interpretaciones basadas en esquemas raciales rígidos o en oposiciones binarias entre vencedores y vencidos. Comprender este periodo exige, por tanto, un enfoque contextualizado que evite tanto la condena retrospectiva como la idealización acrítica.

Solo desde esta perspectiva es posible abordar el pasado común de España y América como una experiencia histórica compleja, cuyos efectos siguen presentes en las sociedades contemporáneas.

Al respecto es interesante ver:

• Brading, D. A. (1991). The First America: The Spanish Monarchy, Creole Patriots, and the Liberal State. Cambridge University Press.
• Elliott, J. H. (2006). Empires of the Atlantic World. Yale University Press.
• García Cárcel, R. (1992). La leyenda negra. Alianza.
• Gibson, C. (1964). The Aztecs Under Spanish Rule. Stanford University Press.
• Hanke, L. (1959). The Spanish Struggle for Justice in the Conquest of America. University of Pennsylvania Press.
• Lockhart, J., & Schwartz, S. (1983). Early Latin America. Cambridge University Press.
• Pagden, A. (1995). Lords of All the World. Yale University Press.
• Pagden, A. (2013). The Enlightenment and Why It Still Matters. Oxford University Press.
• Tomás y Valiente, F. (1992). Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen. Alianza.

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Hay que defender una concepción de la Historia como conocimiento racional y científico, claramente diferenciada de los relatos míticos, religiosos o puramente propagandísticos.

Frente a estas formas de explicación del pasado se reivindica una Historia basada en la verificación empírica, el análisis crítico y la lógica causal, centrada en las acciones humanas y no en fuerzas sobrenaturales o arbitrarias. De este modo, la Historia se presenta como un saber crítico, ajeno al dogmatismo y orientado a la comprensión racional de los procesos históricos.

La Historia científica no proporciona recetas infalibles para la acción ni permite anticipar el futuro con certeza. Su valor reside, más bien, en la capacidad de explicar el origen del presente, esclarecer cómo se han configurado las estructuras políticas, sociales y culturales actuales.

La experiencia histórica acumulada se convierte así en un instrumento fundamental para orientar la acción colectiva, al permitir evaluar decisiones presentes a la luz de procesos ya vividos, evitando actuaciones improvisadas o carentes de referencia.

La Historia cumple una función cívica y pedagógica esencial. El conocimiento del pasado no solo enriquece intelectualmente a los individuos, sino que resulta indispensable para el ejercicio responsable del poder y para la gestión de los asuntos públicos.

La referencia a la tradición clásica subraya la idea de que la Historia es concebida como una escuela de experiencia política que contribuye a formar gobernantes y ciudadanos más conscientes de las consecuencias de sus actos. Ningún político debería pisar ni el Parlamento ni el Senado sin haber pasado por la Facultad de Geografía e Historia. Porque es necesario.

Imaginar sociedades complejas sin conocimiento histórico pone de relieve, por contraste, su absoluta necesidad. La ausencia de conciencia histórica en las élites políticas conduciría a decisiones erráticas y potencialmente peligrosas, tanto en el ámbito interno como en las relaciones internacionales. Veamos el telediario. A ver si no es cierto lo que estamos mencionando.

En este sentido, la organización y preservación de los archivos, así como la formación de especialistas capaces de analizarlos, se presentan como indicadores del grado de desarrollo y madurez de los Estados contemporáneos.

La Historia es un saber racional, es verdaderamente una ciencia porque usa el método científico; y es socialmente útil, aunque tiende a establecer una separación muy tajante entre Historia científica y otros usos del pasado. Es útil porque aporta identidad, aporta conocimiento, ayuda al sujeto a comprenderse a sí mismo y a la civilización en la que se incardina.

Cabe matizar que incluso la historiografía más rigurosa puede verse condicionada por contextos ideológicos y marcos interpretativos, ya que verdaderamente el hombre es él y sus circunstancias y todo lo ve desde su punto de vista, en el mismo tiempo y en el mismo lugar, incluso en la misma estancia, el punto de vista de las personas es distintos porque está condicionado por su cultura, formación, capacidad intelectual, etc. Todo esto refuerza, paradójicamente, la necesidad permanente de una actitud crítica dentro de la propia disciplina histórica.

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La función social de la Historia y las distintas formas en que las comunidades construyen un relato sobre su pasado es un tema importante a abordar.

Parte de la idea de que la necesidad de dotar de sentido al pasado colectivo no es exclusiva del conocimiento histórico científico, sino que puede satisfacerse mediante múltiples discursos, como los mitos, las genealogías legendarias o las interpretaciones religiosas. Estos relatos, aunque carezcan de rigor crítico, cumplen una función cohesionadora y explicativa dentro de las sociedades.

En contextos relativamente recientes han coexistido concepciones no científicas de la Historia con los sistemas educativos formales. La enseñanza histórica subordinada a una visión providencialista, en la que los acontecimientos se interpretaban como expresión de una voluntad divina, se orientaba a reforzar sentimientos de identidad nacional y cohesión social.

Pero la instrumentalización de la Historia no siempre adopta formas abiertamente religiosas o míticas. En las sociedades contemporáneas, especialmente tras los procesos de secularización, se ha desarrollado una historiografía de carácter aparentemente racional y laico que, sin embargo, cumple funciones ideológicas similares.

Esta Historia ‘científica’ puede convertirse en un mecanismo de legitimación política y nacionalista, al seleccionar e interpretar el pasado de acuerdo con intereses presentes.

En países orientales, como por ejemplo en China o Japón, la Historia enseñada en las escuelas no recurría a explicaciones sobrenaturales, pero sí estaba orientada a reforzar la lealtad al Estado y al emperador. La narración histórica destacaba la continuidad nacional, los logros glorificados de los gobernantes y la fidelidad de los súbditos, con el objetivo de consolidar una identidad colectiva homogénea y acrítica. Igualmente, si nos damos cuenta, también esto pasaba en países los europeos.

Se pone así de relieve que la Historia, lejos de ser siempre un saber neutral, puede desempeñar un papel decisivo en la construcción de identidades y en la legitimación del poder. De este modo, invita a reflexionar sobre la importancia del análisis crítico de los discursos históricos y sobre la responsabilidad del historiador frente a los usos ideológicos del pasado y del presente.

El papel que desempeña la Historia en las sociedades pone de relieve que su función va más allá de la mera reconstrucción objetiva del pasado; la Historia cumple una función social fundamental, contribuye a dotar de sentido al pasado colectivo y a reforzar la cohesión de una comunidad; y esta necesidad de explicación y de identidad no siempre se satisface mediante un conocimiento histórico crítico, sino que puede articularse a través de relatos míticos, religiosos o tradicionales que ofrecen una visión simplificada y legitimadora del pasado.

Por el contrario, el amarillismo histórico-político es una práctica que pretende volver lo blanco en negro, a gusto siempre del poder, deslegitimándose éste; y más, cuándo sabe este poder que no es en absoluto legítimo, por más que haya procurado legitimarse recurriendo a tretas de aquí y de allá. El amarillismo no es Historia sino violación de la Historia.

Esta función social de la Historia se vincula estrechamente con la relación entre Historia e ideología. Determinados discursos históricos están condicionados por valores, creencias e intereses dominantes, lo que da lugar a interpretaciones orientadas a justificar un determinado orden social o político. Tanto las explicaciones providencialistas como las narraciones aparentemente laicas pueden actuar como vehículos ideológicos, en la medida en que seleccionan hechos, jerarquizan acontecimientos y atribuyen significados acordes con una visión del mundo concreta.

Asimismo, la Historia puede convertirse en una herramienta al servicio de la legitimación del poder. A través de la enseñanza y la difusión de una determinada versión del pasado, los Estados pueden fomentar el patriotismo, reforzar la obediencia y consolidar identidades nacionales homogéneas.

Una Historia presentada como científica y racional puede emplearse para exaltar la continuidad nacional, glorificar a los gobernantes y promover la lealtad política.

En conclusión, la Historia puede parecer que no es un saber neutral, sino un campo en el que confluyen funciones sociales, intereses ideológicos y estrategias políticas. Pero esto no es así. La Historia con mayúsculas es la actualización del pasado, para que la civilización no enferme de Alzheimer social, para que sepa cuál es su identidad, lo que se hizo con anterioridad y cómo se hizo. El verdadero profesional, el verdadero historiador contrasta, investiga, compara. De ahí la importancia de una historiografía crítica que analice no solo los hechos del pasado, sino también los contextos y objetivos que condicionan su interpretación y su uso en el presente.

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El conocimiento histórico se construye a partir de la evaluación crítica de las evidencias disponibles. Una interpretación del pasado puede considerarse válida mientras no aparezcan nuevas pruebas que la refuten y su grado de verosimilitud aumenta cuando se apoya en un mayor número de fuentes contrastables y resulta coherente con investigaciones previas.

En este sentido, los documentos (entendidos como vestigios primarios del pasado) constituyen el punto de partida indispensable de la investigación histórica y el fundamento sobre el que el historiador elabora su relato y justifica sus conclusiones.

La historia, además de su dimensión empírica, se rige por una serie de principios epistemológicos consolidados desde finales del siglo XVIII. Entre ellos destaca, en primer lugar, la exigencia de verificabilidad de las afirmaciones históricas, que obliga a identificar con precisión las fuentes empleadas. En segundo lugar, el principio de explicación secular e inmanente, según el cual los acontecimientos históricos se explican por causas humanas y contextuales, sin recurrir a factores sobrenaturales o al azar absoluto. Finalmente, el principio de temporalidad irreversible subraya la importancia de la cronología como eje explicativo, excluyendo interpretaciones anacrónicas o reconstrucciones ahistóricas del pasado.

Desde esta perspectiva, la Historia aspira a producir un tipo de conocimiento racional y fundamentado, distinto tanto del saber mítico o religioso como de las narraciones legendarias. Gracias a este método crítico es posible diferenciar entre los personajes y procesos históricamente constatados y los pertenecientes al ámbito de la ficción, así como detectar errores de contextualización temporal o cultural. La aplicación sistemática de estos criterios permitió ya en la Baja Edad Media el surgimiento de una conciencia histórica crítica basada en la distancia temporal y el análisis racional de las fuentes.

Los historiadores hacemos una defensa sólida de la Historia como disciplina científica, subrayando su estatuto epistemológico específico frente a otros modos de relación con el pasado. Su mayor aportación reside en insistir en que la verdad histórica no es absoluta ni dogmática, sino provisional, revisable y dependiente de las pruebas, lo que la aproxima a un modelo racional de conocimiento comparable al de otras ciencias.

No obstante, esta concepción centrada en la verificabilidad documental y en la coherencia explicativa puede ser matizada desde enfoques historiográficos más recientes.

La historia cultural o la microhistoria han señalado que el énfasis exclusivo en la prueba documental corre el riesgo de invisibilizar experiencias históricas poco documentadas o de reproducir las perspectivas de los grupos dominantes.

Asimismo, aunque la exclusión del anacronismo es metodológicamente imprescindible, el análisis histórico contemporáneo reconoce que toda interpretación del pasado está mediada por preguntas y categorías del presente.

Estamos ante un planteamiento que resulta especialmente valioso como fundamento metodológico de la historia académica, pero debe complementarse con una reflexión crítica sobre los límites del documento, la pluralidad de narrativas posibles y el papel del historiador como intérprete situado histórica y culturalmente.

La función social de la historia y los usos políticos del pasado nos lleva a la vinculación con Chomsky, pues la concepción de la Historia como disciplina basada en la verificación crítica de las fuentes y en la coherencia racional de las interpretaciones no es únicamente un problema metodológico, sino que posee una dimensión social y política de primer orden. Es en este punto donde se conecta de manera directa con las reflexiones de Noam Chomsky sobre el papel de los intelectuales, los mecanismos de manipulación ideológica y la producción de consenso en las sociedades contemporáneas.

Chomsky ha insistido reiteradamente en que el control del discurso público se ejerce, en gran medida, mediante la selección, jerarquización y reinterpretación del pasado. Desde esta perspectiva, la Historia deja de ser un mero relato académico para convertirse en un campo de disputa ideológica, donde determinadas narrativas se legitiman mientras otras son silenciadas.

La exigencia historiográfica de verificabilidad, contextualización y rechazo del anacronismo actúa, así, como un antídoto frente a la propaganda, al impedir que el pasado sea utilizado de forma arbitraria para justificar intereses presentes.

En relación con la función social de la Historia, el enfoque crítico defendido por la historiografía científica permite a la sociedad distinguir entre conocimiento histórico fundamentado y relatos míticos, nacionalistas o legitimadores del poder.

Regímenes autoritarios como el nazismo, el estalinismo, el maoísmo o los sistemas de propaganda de la Guerra Fría ofrecieron ejemplos claros de manipulación sistemática del pasado: exaltación selectiva de tradiciones, eliminación de memorias incómodas y construcción de genealogías ficticias al servicio del Estado. Frente a ello, la Historia académica cumple una función cívica esencial al desmontar mitos políticos y devolver complejidad a los procesos históricos.

Los usos políticos del pasado se hacen especialmente visibles cuando se vulneran los principios señalados y se ignoran las pruebas documentales, se introducen explicaciones teleológicas o se incurre en anacronismos deliberados.

Tal como advierte Chomsky, estas prácticas no pertenecen únicamente al pasado, sino que se reproducen hoy en día a través de los medios de comunicación y, de forma creciente, en las redes sociales, donde la simplificación emocional del relato histórico prima sobre el análisis crítico. Hasta tal punto esto es así que vemos a divulgadores asumir plenamente la ideología asentada en el poder, en la televisión pública, pagada por todos y dirigida por el poder establecido, y decir cosas que parecen creer fielmente, pero que su parecido con la realidad histórica es mera coincidencia.

En este sentido, la Historia entendida como conocimiento racional, provisional y verificable cumple una función emancipadora pues proporciona a los ciudadanos herramientas para resistir la manipulación ideológica, y les permite cuestionar relatos oficiales y comprender que el pasado no ofrece lecciones automáticas, sino problemas complejos que exigen interpretación responsable.

La defensa del método histórico no es, por tanto, neutral, sino que implica una toma de posición ética frente al uso interesado del pasado como instrumento de dominación simbólica.

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Veamos la especificidad del conocimiento científico desde una perspectiva filosófica que integra dimensiones semánticas, pragmáticas y epistemológicas.

En primer lugar, la ciencia no puede reducirse a un sistema meramente lógico o formal de proposiciones coherentes entre sí. Siguiendo una distinción clásica de la filosofía del lenguaje, se destaca que el discurso científico requiere no solo sentido interno (relaciones entre enunciados), sino también referencia externa, es decir, un anclaje en objetos o procesos del mundo material. Esta exigencia permite delimitar el ámbito de la ciencia frente a otros sistemas de creencias organizadas (como la teología) que, aunque puedan poseer coherencia lógica, carecen de referentes empíricos fisicalistas que respalden sus afirmaciones.

En segundo lugar, la ciencia tiene carácter social e institucional. Lejos de concebirse como una actividad individual aislada, la práctica científica aparece como una empresa colectiva regulada por normas, reglas operativas, lenguajes técnicos y procedimientos compartidos. Esta dimensión pragmática resulta fundamental para comprender cómo se produce, valida y transmite el conocimiento científico dentro de comunidades especializadas.

Lo que distingue a la ciencia de otras formas de conocimiento es su pretensión explícita de producir verdades. Estas verdades no se identifican con dogmas ni con meras opiniones, sino que se caracterizan por su aspiración a la objetividad, su necesidad interna y su apertura a la crítica.

Pero, la verdad científica no se presenta como una revelación inmediata, sino como el resultado de procesos de ajuste y convergencia entre diferentes operaciones realizadas por diversos sujetos dentro de un mismo campo disciplinar. Las operaciones no se hacen solas, debe hacerlas un sujeto, luego el concepto ‘subjetivo’ nunca está apartado del concepto ‘ciencia’.

Y eso que la ciencia presupone objetividad. Pero, desde esta perspectiva, la objetividad no se entiende como la eliminación del sujeto por completo, sino como la posibilidad de que distintas operaciones conduzcan al mismo resultado, independientemente de quién las ejecute.

Así, la verdad de una operación matemática no depende del agente que la realiza, sino de la estructura misma de las relaciones operativas involucradas. De este modo, la intercambiabilidad de los sujetos operadores garantiza el carácter objetivo y necesario del resultado. Si todos llegan a una misma conclusión, el objetivo está probado, la praxis ha sido científica: subjetiva porque ha estado vinculada a distintos sujetos; y objetiva porque prescinde de la subjetividad de cada cual para lograr un resultado objetivo que normaliza las diversas experiencia y opiniones al respecto.

Este planteamiento sería una concepción material y operativa de la verdad científica, según la cual la validez del conocimiento se funda en la estabilidad de las relaciones construidas mediante prácticas reguladas y socialmente compartidas.

Esta concepción se distancia tanto del relativismo subjetivista como de una noción ingenua de verdad como simple correspondencia, ofreciendo una visión más compleja y dinámica del quehacer científico.

No se puede negar de modo absoluto la intervención del azar y de la arbitrariedad radical en la explicación de los fenómenos. Para que el conocimiento sea posible, debe admitirse la existencia de conexiones inteligibles entre los hechos, ya causales o probables. Negar tales conexiones implicaría renunciar a la misma posibilidad de conocer, reduciendo la experiencia a una sucesión caótica e ininteligible de acontecimientos.

Así, los principios fundamentales de las ciencias no se presentan como verdades demostrables en un sentido gnoseológico último, pero tampoco como ficciones gratuitas. Su estatuto, su entidad, es esencialmente pragmática y operativa: funcionan como supuestos necesarios que hacen posible la práctica científica y, con ella, también el desarrollo de la civilización.

Estamos ante una maroma en la que el equilibrio depende de una barra que sujetáramos con ambas manos, estamos entre el dogmatismo epistemológico y el escepticismo radical, reconociendo el carácter indemostrable de ciertos principios sin por ello vaciarlos de validez, simplemente no se alcanza a demostrarlos.

Los ejemplos de la geometría y de la física mecánica refuerzan esta tesis. Ambas disciplinas parten de nociones o principios que no se justifican recurriendo a causas últimas, sino que se aceptan como puntos de partida para la construcción sistemática del conocimiento. Esta aceptación no se basa en su verdad metafísica, sino en su fecundidad práctica: gracias a ellos las ciencias logran intervenir, predecir y controlar aspectos del mundo fenoménico.

El control de la naturaleza sería la central de la ciencia y esto merece una consideración crítica. Si bien es indudable que el conocimiento científico ha ampliado enormemente la capacidad humana de intervención sobre el entorno, reducir la verdad científica a su eficacia operativa puede conducir a una visión excesivamente instrumentalista, corriendo el riesgo de subordinar el valor del conocimiento a su utilidad inmediata, dejando en un segundo plano dimensiones explicativas, teóricas o incluso éticas de la actividad científica.

La identificación entre posesión de la verdad y poder de control plantea interrogantes en contextos contemporáneos, donde el desarrollo científico-técnico ha generado también riesgos globales y efectos no previstos. El vínculo entre verdad, control y progreso no es unívoco ni lineal, la ciencia, aun siendo una conquista irrenunciable de la humanidad, debe ser pensada críticamente dentro de marcos sociales, históricos y normativos más amplios.

Es precisa una defensa del papel estructurante que tiene la ciencia en la cultura humana, subrayando la necesidad de principios operativos que hagan posible el conocimiento. Pero la concepción pragmática de la verdad científica invita a que la complementemos con una reflexión crítica sobre los límites, responsabilidades y ambigüedades del poder que dicho conocimiento confiere, sabiendo que el conocimiento es subjetivo y depende, como ya decía Ortega y Khun, del punto de vista y las circunstancias.

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En una concepción estructural y relacional de la historia la vida social se explica a partir de la interacción constante entre distintas esferas de la actividad humana. Frente a enfoques fragmentarios o sectoriales, dimensiones como la producción económica, las relaciones de poder y las formas culturales o simbólicas no pueden entenderse de manera aislada, sino como partes de un entramado dinámico e interdependiente.

Esta visión se sitúa dentro de una tradición historiográfica que concibe la sociedad como un sistema articulado, en el que la base material condiciona (sin determinar mecánicamente) las estructuras políticas, jurídicas y las formas de conciencia social. Esta perspectiva permite superar tanto el reduccionismo economicista como las interpretaciones puramente idealistas, al subrayar la existencia de relaciones causales complejas y bidireccionales entre los distintos niveles de la realidad histórica.

Además, la labor del historiador no consiste únicamente en identificar esas dimensiones, sino en analizar la dialéctica de sus conexiones a lo largo del tiempo. La historia aparece así como un proceso en el que las transformaciones sociales se producen por la interacción continua entre factores económicos, políticos y culturales, lo que exige un esfuerzo interpretativo capaz de captar la lógica interna del cambio histórico sin caer en explicaciones simplistas.

Resulta especialmente relevante la afirmación de que este principio de interconexión es válido tanto para las grandes síntesis históricas como para los estudios monográficos especializados. De este modo, se rechaza la idea de que la divulgación histórica deba sacrificar el rigor analítico, y se reivindica una historia capaz de ser comprensible sin renunciar a la complejidad de su objeto de estudio.

Finalmente, esta concepción metodológica enlaza con la dimensión social de la historia, al introducir la necesidad de una conciencia del pasado. La historia no se presenta únicamente como un saber académico, sino como una herramienta cultural fundamental para que las sociedades comprendan su propia evolución, identifiquen las raíces de sus conflictos y reflexionen críticamente sobre el presente. En este sentido, la disciplina histórica cumple una función social que trasciende el ámbito universitario, contribuyendo a la formación de una ciudadanía crítica frente a relatos simplificadores o instrumentalizados del pasado.

Conexión con Noam Chomsky: manufactura del consenso y control del pasado
La concepción de la historia puede vincularse de forma directa con los planteamientos de Noam Chomsky sobre la manufactura del consenso, especialmente en lo relativo al control del discurso histórico en las sociedades contemporáneas. Para Chomsky, el poder no se ejerce únicamente mediante la coerción directa, sino a través de la producción y difusión de marcos interpretativos que delimitan qué puede decirse, pensarse y recordarse colectivamente. En este sentido, el pasado se convierte en un terreno privilegiado de disputa ideológica.

El énfasis en la interdependencia entre las dimensiones económica, política y cultural coincide con la crítica chomskiana a la aparente neutralidad del discurso dominante. Chomsky sostiene que los relatos históricos hegemónicos suelen presentar los procesos sociales como naturales, inevitables o fruto del azar, ocultando las relaciones de poder y los intereses materiales que los atraviesan. Esta ocultación es posible precisamente cuando se fragmenta el análisis histórico y se aíslan los fenómenos de su contexto estructural, algo que el texto rechaza de forma explícita.

Asimismo, la insistencia en la necesidad de una conciencia social del pasado conecta con la idea chomskiana de que la historia es un instrumento clave para la formación de la opinión pública. La selección de acontecimientos, la jerarquización de los hechos y el silenciamiento de determinadas experiencias históricas funcionan como mecanismos de control simbólico que refuerzan el consenso en torno al orden social existente. Desde esta perspectiva, la historia no es solo conocimiento del pasado, sino un recurso político utilizado para legitimar estructuras de dominación presentes.

Chomsky también subraya la función crítica del historiador. Frente a los relatos oficiales o institucionalizados, la práctica historiográfica rigurosa debe desvelar las conexiones causales ocultas y cuestionar las narrativas simplificadoras que favorecen a los grupos dominantes. De este modo, la historia se convierte en una herramienta de resistencia intelectual, capaz de desafiar la manipulación del pasado y de ampliar los márgenes del debate público.

En conclusión, Chomsky señala que el control del discurso histórico es una forma central de poder en las sociedades modernas. La historia, lejos de ser un saber inocuo o meramente académico, desempeña un papel decisivo en la construcción del consenso social, lo que convierte al análisis crítico del pasado en una tarea esencial para la emancipación intelectual y política.

Conexión con Noam Chomsky: manufactura del consenso, guerra, imperialismo y memoria histórica
Esta concepción de la historia puede vincularse de forma especialmente fecunda con los planteamientos de Noam Chomsky sobre la manufactura del consenso y el control del discurso público, en particular del discurso histórico. Para Chomsky, el poder en las sociedades contemporáneas no se sostiene solo mediante la fuerza material, sino a través de la producción de relatos que legitiman determinadas acciones políticas y económicas, especialmente en contextos de guerra e imperialismo.

Un ejemplo claro de este proceso puede observarse en la construcción historiográfica de las guerras contemporáneas. Chomsky ha analizado cómo intervenciones militares como la guerra de Vietnam, las guerras de Irak o la denominada ‘guerra contra el terrorismo’ han sido presentadas en los discursos oficiales como respuestas defensivas, humanitarias o inevitables. La selección interesada de los hechos históricos, la omisión de las víctimas civiles o el silenciamiento de los intereses geoestratégicos y económicos subyacentes permiten fabricar un consenso social favorable a la guerra. Esta dinámica hace necesario analizar los procesos históricos atendiendo a la interrelación entre poder político, estructuras económicas y producción cultural.

En el ámbito del imperialismo, el control del pasado resulta igualmente decisivo. Las historias nacionales dominantes suelen minimizar o justificar los procesos coloniales, presentándolos como misiones civilizadoras o episodios secundarios del pasado. Chomsky ha denunciado cómo esta reinterpretación histórica oculta la violencia estructural, la explotación económica y la destrucción social que caracterizaron —y siguen caracterizando— las relaciones imperiales. Frente a ello, se defiende una historia que reconozca la dialéctica de las relaciones causales y estructurales, evitando lecturas fragmentarias que neutralizan el conflicto histórico.

La cuestión de la memoria histórica constituye otro campo donde se manifiesta con claridad la manufactura del consenso. La decisión sobre qué episodios se recuerdan, cuáles se olvidan y cómo se interpretan no es neutral. Chomsky subraya que el olvido institucionalizado de crímenes de Estado, dictaduras o represiones internas cumple una función política fundamental: impedir la crítica del presente. En este sentido, la historia cumple una función social esencial al proporcionar una conciencia del pasado que permita comprender las estructuras actuales de dominación.

Por último, Chomsky atribuye al historiador una responsabilidad crítica. Frente a los relatos oficiales que simplifican el pasado y lo ponen al servicio del poder, la historiografía científica debe desvelar las conexiones entre producción, coerción y conocimiento, cuestionando los usos políticos del pasado. Así, la historia se configura no solo como una disciplina académica, sino como un instrumento fundamental para resistir la manipulación ideológica y ampliar el espacio del pensamiento crítico en la sociedad.

Ejemplo español: Guerra Civil, franquismo, Transición y memoria democrática desde una perspectiva crítica no partidista
El caso español ofrece un ejemplo especialmente significativo para analizar el control del discurso histórico y la manufactura del consenso sin necesidad de adoptar una posición ideológica concreta. La Guerra Civil española ha sido objeto, desde su final, de múltiples reinterpretaciones que respondieron a contextos políticos distintos. Durante el franquismo el relato oficial tendió a presentar el conflicto como una ‘cruzada’ o una guerra de liberación nacional, estableciendo una lectura teleológica que justificaba el nuevo orden político. Esta interpretación seleccionaba hechos, jerarquizaba responsabilidades y silenciaba otros aspectos del conflicto, cumpliendo una función legitimadora del régimen.

Tras la muerte de Franco la Transición democrática introdujo un cambio significativo en la relación con el pasado. Sin embargo, este cambio no se tradujo en una revisión inmediata y exhaustiva del relato histórico, sino en una estrategia ampliamente compartida de desactivación del conflicto memorial, orientada a garantizar la estabilidad política y la convivencia. Desde una perspectiva analítica puede entenderse esta etapa como una forma distinta de gestión del pasado: no tanto mediante la imposición de un relato único, sino mediante la postergación del debate histórico más conflictivo. Este silencio parcial contribuyó a la construcción de un consenso político, pero también condicionó el desarrollo posterior de la memoria histórica.

En las últimas décadas, el debate sobre la memoria democrática ha reabierto la discusión sobre cómo debe interpretarse y transmitirse ese pasado. Desde un punto de vista historiográfico, el riesgo no reside en la investigación o en la recuperación documental (tareas plenamente legítimas) sino en la posible confusión entre análisis histórico y uso político del pasado. Como advertiría Chomsky, cuando el discurso histórico se simplifica para ajustarse a marcos morales cerrados, existe el peligro de sustituir el examen crítico por narrativas funcionales al presente, independientemente del signo ideológico que las promueva.

Este ejemplo confirma que la historia cumple una función social imprescindible, pero solo puede ejercerla adecuadamente si mantiene su autonomía crítica frente al poder. Tanto la glorificación acrítica como la condena retrospectiva sin contextualización histórica reducen la complejidad del pasado y dificultan su comprensión. La tarea del historiador, por tanto, no consiste en dictar veredictos morales, sino en explicar procesos, estructuras y decisiones en su contexto, contribuyendo a una conciencia histórica plural y reflexiva.

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La expresión latina ‘in medias res’, que literalmente significa ‘en medio de las cosas’, designa una técnica narrativa mediante la cual el relato comienza directamente en el núcleo de la acción, sin ofrecer previamente una exposición completa del contexto, de los antecedentes históricos o de la presentación detallada de los personajes. La información necesaria para la comprensión del relato se introduce posteriormente, de manera progresiva, a través de retrospecciones, alusiones o reconstrucciones narrativas.

El origen de esta expresión se encuentra en la ‘Ars Poetica’ de Horacio, donde el poeta latino elogia a Homero por no iniciar la ‘Ilíada’ desde el origen de la guerra de Troya, sino desde un momento de máxima tensión dramática, la cólera de Aquiles. Este procedimiento narrativo se ha convertido en un recurso habitual no solo en la literatura, sino también en el cine, el teatro y la narrativa histórica, especialmente en su vertiente divulgativa. Comenzar ‘in medias res’ permite captar de inmediato la atención del receptor y generar un interés que se sostiene mientras se va reconstruyendo el trasfondo de los acontecimientos.

Frente a esta técnica se sitúan otras formas de organización narrativa, como el relato ‘ab ovo’, que comienza desde el inicio absoluto de los hechos; o el relato ‘post rem’, que se articula como recapitulación posterior a los acontecimientos.

En el ámbito académico, el recurso al ‘in medias res’ puede emplearse para analizar estructuras narrativas complejas, justificar inicios abruptos y dinámicos o explicar recursos retóricos utilizados por autores literarios e historiadores.

En un plano distinto, pero igualmente central para la tradición intelectual occidental, se sitúa la definición escolástica ‘scientia est habitus conclusionis’, que constituye una formulación clásica del concepto de ciencia o conocimiento científico. Traducida literalmente, la expresión significa ‘la ciencia es el hábito de la conclusión’. En el marco de la filosofía aristotélico-tomista, esta definición expresa que la ‘scientia’ no es un conocimiento ocasional o meramente empírico, sino una disposición estable del entendimiento (‘habitus’) que permite deducir conclusiones necesarias a partir de principios verdaderos y evidentes por sí mismos (‘principia per se nota’).

Esta concepción hunde sus raíces en la epistemología de Aristóteles, desarrollada fundamentalmente en los Analíticos Posteriores. Allí el filósofo define la ciencia (‘epistēmē’) como conocimiento obtenido por demostración necesaria: “Scientia est cognitio per demonstrationem” (‘Analytica Posteriora’, I, 2, 71b).

La demostración es entendida como un silogismo que produce conocimiento verdadero: “Demonstratio est syllogismus faciens scire” (‘Analytica Posteriora’, I, 2).

Para Aristóteles, se conoce científicamente algo cuando se aprehende su causa y se comprende que no puede ser de otro modo: “Scire autem opinamur unumquodque simpliciter, cum causam cognoscimus propter quam res est, et quoniam illius est causa, et quoniam non contingit aliter se habere” (‘Analytica Posteriora’, I, 2).

Tomás de Aquino recoge esta concepción aristotélica y la sistematiza introduciendo el concepto de ‘habitus’ como elemento central. En la Suma Teológica afirma explícitamente: “Scientia est habitus conclusionum” (‘Summa Theologiae’, I-II, q. 57, a. 2).

La ciencia se define así no solo por el acto de conocer una conclusión, sino por la posesión estable de la capacidad de derivarla correctamente. Tomás subraya además el carácter necesario del conocimiento científico: “Scientia est de necessariis” (Summa Theologiae, I-II, q. 57, a. 2); y señala que las conclusiones científicas se conocen a partir de principios evidentes: “Conclusiones scientiarum cognoscuntur per principia per se nota” (‘In Posteriora Analytica’, I, lect. 1).

Desde esta perspectiva, la ciencia se distingue claramente:

• de la opinión, que admite duda;
• de la fe, que se funda en la autoridad y no en la evidencia; y
• de la sabiduría, que juzga desde las causas últimas.

Un ejemplo paradigmático de ‘scientia’ es la geometría: los axiomas actúan como principios, los teoremas como conclusiones necesarias y el geómetra posee ciencia cuando tiene el hábito intelectual que le permite demostrar dichas conclusiones.

Esta concepción de la ciencia, fundamental en la epistemología medieval y en la enseñanza universitaria escolástica, entra en tensión con el desarrollo de la ciencia moderna. La definición ‘scientia est habitus conclusionis’ se adapta bien a las ciencias formales, como la lógica y las matemáticas, pero resulta problemática cuando se aplica a las ciencias empíricas. En la ciencia moderna el conocimiento ya no se apoya en principios evidentes, sino en hipótesis; las conclusiones no son necesarias, sino provisionales y revisables; y el criterio de verdad no es la demostración lógica, sino la contrastación empírica o la falsación.

Aun así, existe una continuidad parcial. La ciencia moderna conserva la estructura inferencial del razonamiento, mantiene el ideal de coherencia interna y rigor lógico heredado del modelo escolástico y sigue haciendo plenamente válido el concepto de ‘habitus conclusionis’ en el ámbito de las matemáticas y la lógica formal. La diferencia principal no radica en la racionalidad, sino en el estatuto epistemológico, de conocimiento, de la verdad.

Esta tensión puede observarse claramente al aplicar la definición escolástica a tres autores clave del pensamiento científico moderno y contemporáneo: Galileo Galilei, Karl Popper y Thomas S. Kuhn.

Galileo representa una ruptura decisiva con la ‘scientia escolástica’ al negar que el conocimiento de la naturaleza deba partir de principios metafísicos evidentes. Para él, la naturaleza debe ser interrogada mediante la experiencia y expresada matemáticamente: “La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos continuamente abierto ante los ojos (quiero decir, el universo), pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua y conocer los caracteres en que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático” (‘Il Saggiatore’, 1623).

No obstante, Galileo conserva un ideal demostrativo fuerte, al afirmar que “las conclusiones demostradas matemáticamente tienen tanta certeza como las geométricas” (‘Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo’, 1632).

En su caso, la ‘scientia’ deja de ser un hábito de certezas metafísicas para convertirse en un método racional experimental.

Popper, por su parte, rompe de manera aún más radical con la concepción clásica. Para él, no existen principios indudables ni conclusiones necesarias en la ciencia empírica: “Nunca podemos justificar racionalmente una teoría; solo podemos criticarla y someterla a pruebas” (‘La lógica de la investigación científica’, 1934).

La ciencia no busca verdades absolutas, sino teorías cada vez mejores (‘Conjeturas y refutaciones’, 1963) y se define por la falsabilidad: “Un sistema es científico solo si es susceptible de ser refutado por la experiencia”. Popper sustituye así el ‘habitus conclusionis’ por un ‘habitus criticus’.

Finalmente, Kuhn se distancia no solo de la escolástica, sino también del racionalismo moderno, al sostener que la ciencia opera dentro de paradigmas históricos: “La ciencia normal es una investigación basada firmemente en uno o más logros científicos pasados” (‘La estructura de las revoluciones científicas’, 1962).

Los paradigmas rivales son inconmensurables y las conclusiones científicas dependen de consensos comunitarios más que de principios racionales universales. En este contexto, la ciencia deja de ser un hábito intelectual estable y se convierte en una práctica histórica situada.

En conclusión, la fórmula ‘scientia est habitus conclusionis’, heredera directa de la ‘epistēmē’ aristotélica, expresa un ideal de conocimiento necesario y demostrativo que la ciencia moderna ha transformado profundamente. Galileo lo reformula metodológicamente; Popper lo sustituye por un modelo crítico y falible; y Kuhn lo historiciza. Sin embargo, todos ellos dialogan, de un modo u otro, con ese ideal clásico, que sigue funcionando como horizonte conceptual de referencia.

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La historia puede entenderse, en su sentido clásico de ‘res gestae’, como el estudio del proceso de transformación de las sociedades humanas a lo largo del tiempo. No se limita a una mera acumulación de acontecimientos pasados, sino que analiza los cambios estructurales que afectan a los grupos humanos en sus formas de organización, relación y actividad.

El objetivo del historiador no es registrar todo lo ocurrido (tarea imposible), sino interpretar de manera racional y fundamentada los hechos que resultan significativos para comprender dicho proceso evolutivo.

Para ello, la investigación histórica se apoya necesariamente en pruebas documentales, entendidas como vestigios materiales del pasado. Sin criterios de selección y evaluación de esas pruebas, la escritura de la historia se convertiría en una empresa caótica e inútil, incapaz de distinguir entre lo relevante y lo accesorio. La labor del historiador exige, por tanto, discriminar entre una masa inmensa de testimonios disponibles, identificando cuáles son pertinentes y fiables para sustentar una explicación histórica coherente.

Con el fin de orientar este trabajo, los historiadores adoptan marcos metodológicos que funcionan como principios reguladores de la investigación. Estos modelos permiten analizar la sociedad como una realidad compleja compuesta por diversas esferas de actividad humana (política, económica, social y cultural) que, aunque diferenciables analíticamente, se encuentran interrelacionadas y se influyen mutuamente. Contemporáneamente se subraya la necesidad de comprender la historia desde una perspectiva estructural y multidimensional.

La concepción de la historia se alinea hoy con la tradición crítica y racionalista de la historiografía moderna, surgida a partir de la Ilustración. Frente a visiones míticas, providencialistas o meramente narrativas del pasado, se defiende una historia fundamentada en la verificación de las fuentes, la selección consciente de los hechos y la construcción de explicaciones coherentes.

Esta postura subraya que la historia no es una reproducción literal del pasado, sino una interpretación razonada, necesariamente selectiva, pero sometida a criterios científicos.

Desde un punto de vista crítico, la historia tiene una importante función social y cívica. Al exigir pruebas, contextualización y rechazo del anacronismo, la historia académica se convierte en una herramienta para desactivar los usos ideológicos del pasado.

Como han señalado autores como Noam Chomsky, el poder tiende a construir relatos históricos simplificados o manipulados para legitimar decisiones políticas presentes. Sin que importe, para nada, la verdad, la verdad con mayúsculas. La metodología histórica rigurosa actúa, así, como un mecanismo de resistencia frente a la propaganda y la instrumentalización de la memoria colectiva. La instrumentalización de la historia es hacer caer en un nihilismo identitario a la sociedad. Cuanto más enajenado y alienado esté el individuo desde el poder podrá ser más fácilmente manipulable. Es vergonzoso ver en televisión cómo algunos divulgadores se adhieren totalmente al régimen y son capaces de decir incluso lo que anteriormente pensaron que no podrían llegar a decir nunca. El apoyo del poder hace poderosos y débiles a los que van a contrapelo de esa ‘realidad’ inventada para que cuadren sus objetivos políticos, aunque sea con calzador.

Hay una tensión permanente, pues si bien la historia aspira a producir conocimiento racional y verificable, nunca puede desprenderse por completo de los marcos interpretativos desde los que el historiador selecciona y explica los hechos. Reconocer esta limitación no invalida el carácter científico de la disciplina, sino que refuerza su honestidad intelectual. La clave reside en hacer explícitos los criterios utilizados y someter las interpretaciones al debate crítico pero honesto; y a la contrastación con nuevas evidencias.

Es preciso entender la verdadera historia, no como un relato cerrado del pasado, sino como una práctica crítica en permanente revisión, indispensable para la comprensión del presente y para la formación de una ciudadanía capaz de cuestionar los discursos de poder.

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