Ha llegado uno de los momentos económicos más relevantes para los contribuyentes, la cita anual con Hacienda. Desde el 8 de abril los contribuyentes pueden acceder a su borrador y a sus datos fiscales de la Renta mediante el Servicio de Tramitación del borrador/declaración, disponible en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

A partir del 6 de mayo y hasta el 30 de junio se podrá realizar la Declaración de la Renta por teléfono, aunque habrá que pedir cita a partir del 20 de abril para poder acceder a este servicio.

Por último, entre el 1 al 30 de junio se abrirá el plazo para realizar este trámite de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. Para ello habrá que pedir cita a partir del 29 de mayo y hasta el 27 de junio.

El borrador que facilita la Agencia Tributaria es una buena base para empezar, pero no siempre es completamente fiable ni definitivo. Contiene los datos que Hacienda ha recopilado de terceros (como bancos, empresas o aseguradoras), pero puede haber errores u omisiones, especialmente en deducciones autonómicas, alquileres, cuotas sindicales o cambios en la situación familiar. Por eso es fundamental revisar cada apartado antes de confirmar y presentar la declaración, ya que el contribuyente es el responsable final de que los datos sean correctos.

Para asegurarse de que la Declaración de la Renta está bien hecha se debe revisar que todos los ingresos estén correctamente incluidos, que se han aplicado las deducciones a las que se tiene derecho y que los datos personales y familiares están actualizados.

La Unión de Consumidores de Extremadura tiene disponible el ‘Servicio de Renta’ para todos sus asociados, a través del cual se puede revisar, corregir y presentar la Declaración de la Renta.

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Desde un punto de vista individual, el trabajo más visible de una asociación de consumidores es la atención de consultas y reclamaciones. Pero, si atendemos al interés general, el papel que desempeñamos en la mejora de la protección de los ciudadanos trasciende de la mera resolución de un problema puntual. Como reza en el Estatuto de los Consumidores de Extremadura, las asociaciones son los legítimos representantes de los consumidores y, por ello, se les reconoce los derechos de consulta y participación en la elaboración de normativa que nos afectan como consumidores y, además, el de denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades que se detecten, el de informar y formar a los ciudadanos en materia de consumo, el de representarlos en los órganos de participación, y un largo etcétera.

Durante 2025 UCE solicitó su participación en todas las normas que afectan directa o indirectamente a los consumidores cuyo trámite se ha anunciado en los boletines oficiales de las provincias de Badajoz y Cáceres, presentando alegaciones e informes a 139 proyectos normativos autonómicos y locales. Además, participamos en representación de los consumidores extremeños en 40 consejos, comisiones y comités de participación ciudadana en todos los ámbitos: sanitarios, económicos, transportes, viviendas, agrarios, turísticos, etc.

En UCE sabemos que la formación es clave para que los consumidores conozcamos nuestros derechos y como defenderlos si son vulnerados. Por eso, hemos desarrollado numerosas campañas relacionadas con el aumento de casos de estafas, con los consejos básicos sobre los datos que no debemos compartir en las redes para preservar nuestra intimidad o sobre las comisiones bancarias que podemos reclamar.

Además, hemos llevado a cabo campañas informativas sobre cómo solicitar las ayudas al alquiler en Extremadura, exponiendo los requisitos exigidos y comprobando que los interesados cumplieran con ellos, y hemos trabajado activamente ayudando a todos los afectados del cierre repentino de las Clínicas Nur en la localidad de Mérida, que ha dejado a muchos pacientes sin finalizar sus tratamientos a pesar de ya estar abonados, tal y como ocurrió con las Clínicas Dentix, Ideal o Hedonai.

Y todo ello, unido a las tradicionales acciones informativas sobre la salud, el medio ambiente, y la economía doméstica, como cuidado con el sol, piojos, bono social eléctrico, reciclaje, Proyecto Libera, bienestar animal, ahorro de agua, economía circular, Objetivos Extremadura 2030, tarjetas revolving, comisiones bancarias, declaración de la Renta, y un larguísimo etcétera.

Consumidorex, revista de consumo y calidad de vida producida y editada íntegramente por la Unión de Consumidores de Extremadura, publicó seis números ordinarios y un especial de Navidad siendo los primeros publicados en papel y enviados a más de 3.000 destinatarios repartidos por toda nuestra geografía.

Desde la Unión de Consumidores siempre hemos mantenido que, sin duda, la información es el derecho fundamental del consumidor, pues gracias a ella puede, entre otras cosas, tomar sus decisiones con criterio. Y para divulgar esa información es fundamental la relación fluida con los medios de comunicación que, finalmente, son quienes la llevan a los ciudadanos. En este sentido, durante 2025 UCE realizó 1.189 intervenciones en medios de comunicación, una media de casi cinco por cada día laborable del año, repartidas entre prensa escrita y digital, radio y televisión, basadas en su mayoría en las 39 notas de prensa emitidas, o en los 52 boletines de noticias publicados. Además de intervenciones puntuales, durante todo el año se han mantenido los 20 programas semanales de consumo en diferentes emisoras de radio y televisión.

Por otra parte, hemos continuado apostando por la información y formación online, con la actualización diaria de la web, de tal manera que el pasado año tuvimos 328.000 eventos en nuestra web, con 105.000 vistas y más de 76.000 usuarios activos.

En el mundo digital actual las redes sociales no son solo un escaparate para mostrar productos o servicios, sino un espacio vivo donde podemos conversar, escuchar, construir y dar respuesta a las necesidades o denuncias de los consumidores. Por este motivo, creemos fundamental ser muy activos en redes sociales, a través de nuestros perfiles en Facebook hemos alcanzado las 1.647.376 visualizaciones en el pasado año, estando presentes igualmente en Instagram, X y LinkedIn. Estas plataformas nos ayudan a proyectar una imagen cercana al ciudadano como consumidor y es un soporte que permite ofrecerle toda la información en materia de consumo. Por otra parte, resulta también una vía para recibir feedback de los consumidores, obteniendo información de primera mano de los posibles problemas que pueden tener para poder actuar en consecuencia.

En el plano de la atención individual y personalizada se han tramitado 9.870 consultas y reclamaciones. Del total de expedientes tramitados, 8.928 corresponden a consultas y 942 a reclamaciones.

Asimismo, no podemos olvidarnos de las declaraciones de la renta que hemos realizado este año a nuestros socios y sus unidades familiares, así como de los procedimientos judiciales que hemos presentado en los juzgados. En este sentido, hemos elaborado 928 declaraciones de la renta y hemos llevado un total de 52 procedimientos judiciales en el último año.

Las consultas y reclamaciones relativas a los servicios financieros ocupan la primera posición, con 2.220 consultas y 420 reclamaciones, en total 2.880. Lo más reclamado en el último año han sido los gastos de formalización de las hipotecas, las comisiones bancarias, las tarjetas revolving…

Asimismo, tal y como ocurría el año pasado, las reclamaciones por estafas bancarias, mediante técnicas de ‘phishing’, ‘smishing’ o ‘vishing’, han sido muy numerosas. En general, estas estafas han sido auténticas obras de ingeniería social que han utilizado la suplantación de todo tipo de entidades para perpetrarse, desde bancos y empresas de paquetería hasta diversos organismos de la Administración.

Además, este año, ha cobrado especial relevancia la Inteligencia artificial y técnicas de suplantación de identidad como el ‘voice hacking’, por la que los estafadores se hacen pasar por un familiar o ser querido, clonando su voz y haciéndonos creer que realmente estamos hablando con ellos.

Por ello, lamentamos la situación por la que muchos consumidores han tenido que acudir a nuestras oficinas ante los cargos fraudulentos que se estaban produciendo en sus cuentas bancarias, pero sobre todo lamentamos que desde sus propias entidades bancarias hayan denegado la resolución favorable de los expedientes por medio de la vía extrajudicial, lo que ha provocado que la gran mayoría se haya tenido que presentar ante los tribunales ordinarios de Justicia.

En segunda posición se cuelan los suministros básicos, con 730 consultas y 73 reclamaciones, lo que suman un total de 803. Dentro de este grupo, el suministro eléctrico es el más consultado y reclamado. Todo ello motivado por los problemas con la facturación, el apagón general del suministro sufrido el pasado 28 de abril, la realización de lecturas estimadas y no reales, por problemas técnicos de las comercializadoras y por no cargar las facturas en sus cuentas bancarias durante meses. No podemos olvidarnos de la cantidad de consumidores vulnerables que han acudido a nuestras oficinas para solicitar la aplicación del bono social eléctrico, al cumplir los requisitos necesarios y teniendo en cuenta que los umbrales de renta se han ampliado, beneficiando así a más consumidores.

En tercera posición están las compañías de seguros; se han tramitado 750 consultas y 47 reclamaciones, sumando ello un total de 797. Entre los motivos más reclamados están las bajas solicitadas en tiempo y forma pero no tramitadas correctamente, las actualizaciones de las primas de seguro sin comunicación fehaciente previa por parte de la compañía y situándose por encima del IPC, y la denegación de reparaciones respecto a la notificación de siniestros por alegar falta de cobertura de la póliza.

Este año, la Administración pasa a la cuarta posición. En total hemos recibido 761 consultas y reclamaciones. Dentro de este sector lo más consultado han sido las dudas relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las ordenanzas fiscales como la nueva de Residuos Sólidos Urbanos en Badajoz, así como la tramitación de recursos en cuanto a sanciones o multas recibidas por los contribuyentes, la solicitud de información sobre ayudas estatales, la liquidación de impuestos y los procedimientos de comprobación de valores, entre otros.

En quinta se encuentran los bienes de consumo con 705. Dentro de este grupo lo más reclamado y consultado han sido los problemas con los vehículos a motor; el cártel de coches también ha generado un buen número de consultas, al estar cercana la fecha de prescripción de este tipo de reclamaciones. Problemas como averías y desconocimiento sobre la cobertura o no de la garantía, adquisición de vehículos con vicios ocultos, problemas con componentes de determinados vehículos, obstáculos a la hora de reclamar al concesionario, al taller o al fabricante, etc.

La vivienda salta hasta la sexta posición, con 685 consultas y reclamaciones. Concretamente, uno de los aspectos más consultados ha sido la compra de vivienda nueva y de segunda mano, seguida del alquiler. Este año, los problemas relacionados con la vivienda suben dos puestos en el ránking, encontrándose el pasado año en la octava posición.

Hemos recibido numerosas consultas sobre la interpretación de los contratos de alquiler y de las cláusulas que lo forman, incluyendo algunas dudas sobre impagos en la renta de alquiler, seguros anti okupación y sobre devoluciones de fianzas, entre otras cosas. A estos problemas con los alquileres le han seguido la compraventa de viviendas y los conflictos con las comunidades de propietarios, los arreglos en las viviendas, los defectos de construcción y el plazo para poder reclamarlos, etc.

En la séptima posición, manteniéndose igual que el año pasado, nos encontramos con el comercio, con 643 consultas y reclamaciones. En el comercio presencial los principales motivos son similares a años anteriores: por problemas a la hora de realizar la devolución del artículo en tiendas físicas, por disconformidades con la calidad o el funcionamiento de los artículos adquiridos y con la garantía de estos, así como dudas acerca de la obligación o no de los establecimientos de tener hojas de reclamaciones y de su funcionamiento.

Por su parte, en el comercio online los principales conflictos son por no respetar los plazos de entrega por parte de las tiendas, la dificultad en muchas ocasiones de contactar con el establecimiento y ejercitar el derecho legal de desistimiento dentro de los 14 días legalmente reconocidos y también por disconformidad a la hora de recibir el artículo adquirido vía online, bien porque no se ajusta a la realidad de lo que se pidió o bien porque no cumple la función que prometía.

Las telecomunicaciones caen hasta el octavo puesto, con 598 consultas y reclamaciones. Las telecomunicaciones siempre han ocupado los primeros puestos en nuestro ranking de consultas y reclamaciones, entendiendo que las compañías telefónicas están mejorando cada vez más y frenando los abusos a los que los consumidores estaban expuestos. Dentro de este sector, lo más reclamado han sido los paquetes de servicios, los cuales incluyen los servicios de voz, datos y televisión, entre otros, y cada vez es más habitual contratarlo todo con una sola compañía. En este sentido, los principales problemas se debieron a cambios en las condiciones contractuales sin aviso previo por parte de la compañía, por no aplicar la formalización de las condiciones económicas pactadas, por la dificultad de dar de baja, por los SMS Premium, por impagos, por problemas de cobertura en la fibra óptica, por aplicación de servicios de roaming cuando no corresponde, etc.

En novena posición nos encontramos con otros servicios, con un total de 504 consultas y reclamaciones. En este sector se engloban los servicios de clínicas, donde el cierre de la clínica NUR (entre otras) continuó acaparando un gran grueso de estas consultas. A ello se le suma las consultas de estafas, ya sea en redes, páginas web, etc., y a las consultas por la incursión en ficheros de solvencia patrimonial o crédito.

Los servicios de asistencia técnica ocupan este año la décima posición, con un total de 431 consultas y reclamaciones. Las principales consultas están relacionadas con los problemas derivados de los terminales telefónicos y la falta de aplicación de garantía, siguiéndoles muy de cerca, por el mismo motivo, los electrodomésticos.

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Tras el paso por Extremadura de la borrasca Kristin, una vez confirmada la evolución favorable de la situación meteorológica, toca evaluar los daños materiales que se hayan podido ocasionar.

Es entonces cuando no pocos usuarios descubren la cobertura raquítica con la que su seguro del hogar cuenta para estas cuestiones. No todas las pólizas incluyen la protección frente a los desastres naturales más comunes, y las que lo hacen fijan unos baremos que debe cumplir el fenómeno para que el seguro cubra los daños: si el viento soplaba a una determinada velocidad, si en una inundación el nivel del agua sobrepasaba una altura concreta o si la precipitación superaba un número determinado de litros por metro cuadrado…

Por eso es recomendable que, antes de contratar el seguro del hogar, nos interesemos por conocer las garantías y los límites que ofrece la entidad aseguradora ante los efectos de los fenómenos meteorológicos.

En todo caso, ante según qué riesgos catastróficos, todos aquellos que tengan suscritos determinados seguros de daños o de personas cuentan con el amparo del Consorcio de Compensación de Seguros, cuya finalidad es satisfacer las indemnizaciones derivadas de siniestros extraordinarios, siempre y cuando se den unas determinadas circunstancias.

El Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad gubernamental, adscrita al Ministerio de Hacienda, que se encarga de indemnizar por los daños producidos a personas y a bienes en determinados casos, garantizando que todo el mundo tendrá cobertura. Por ejemplo, asume la cobertura obligatoria de los automóviles que no estén aceptados por las compañías aseguradoras, e indemniza los daños ocasionados por vehículos desconocidos, sin seguro o robados.

En el caso que nos ocupa, el Consorcio se hace cargo de los daños producidos por fenómenos naturales o derivados de hechos de incidencia política o social.

Para que el Consorcio asuma la indemnización por riesgos extraordinarios el asegurado debe encontrarse al corriente del pago de la póliza, donde se incluye un recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros, el cual deberá aparecer significado en tal recibo de forma expresa.

En la web del Consorcio aparecen detallados los tipos de riesgos que tienen la consideración legal de ‘riesgos extraordinarios’, y que, por tanto, son susceptibles de recibir indemnización por daños. Entre otros:

• Fenómenos naturales: inundación extraordinaria, embate de mar, tempestad ciclónica atípica (tornados y vientos con rachas superiores a 120 km/h), terremoto, maremoto, erupción volcánica, caída de aerolitos
• Hechos violentos como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín o tumulto popular
• Actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz

En abril de 2025 el Consorcio de Compensación de Seguros actualizó sus criterios técnicos para cubrir los daños producidos por vientos extremos, cuando superen los 84 km/h de forma sostenida o los 120 km/h en racha, aunque no se declare oficialmente ‘tempestad ciclónica atípica’. Esta actualización figura en su Circular informativa 1/2025, aplicable a pólizas en vigor con recargo al Consorcio.

En caso de siniestro lo más recomendable es hacer un listado lo más exacto posible de las pérdidas materiales sufridas, así como guardar las facturas de los gastos generados. En cualquier caso, tome fotografías y si es posible grabe vídeos de los elementos dañados.

Después habrá que ponerse en contacto con la aseguradora, que indicará la documentación necesaria y remitirá al propietario de la póliza al consorcio. El trámite también puede hacerse directamente en la web de esta entidad, siempre que se disponga de DNI electrónico u otro certificado digital.

Antes de realizar ningún arreglo inmediato consulte con su seguro o con el propio Consorcio.

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Se calcula que en Navidad se mueve el 80% del volumen de negocio del sector juguetero. La publicidad en los medios de comunicación y en nuestros buzones nos recuerda que se acercan Papá Noel y los Reyes Magos, y que es hora de que los más pequeños escriban sus cartas.

Pero también es este el momento en el que las asociaciones de consumidores y las instituciones públicas que velan por nuestra seguridad, tanto sanitaria como económica, hacen un llamamiento a la responsabilidad de los padres para que repasen las cartas de sus hijos y comprueben que lo que en ellas han escrito no pueden convertir sus sueños en pesadillas.

Y no es un mensaje alarmista sin fundamento. El Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea de productos peligrosos para los consumidores (Rapex), que incluye todo tipo de artículos excepto comida, medicamentos y productos sanitarios, ha emitido en lo que va de año 686 alertas relacionadas con juguetes. Y esta cifra se eleva a 5.623 si contabilizamos las emitidas en la última década.

Cuando un fabricante europeo produce un juguete debe cumplir una serie de requisitos muy estrictos, encaminados a proporcionar una triple protección al consumidor: información, calidad y seguridad. Como es lógico, estos mismos requisitos se le exige a cualquier producto fabricado en terceros países que quiera entrar en nuestras fronteras.

Pero, en muchas ocasiones, ejercer el control sobre lo que llega a nuestro mercado es prácticamente imposible. Por ejemplo, tomemos el tráfico marítimo que cada día entra en nuestro país con mercancías de todo tipo. En los 46 puertos españoles de interés general entraron en los diez primeros meses de este año más de 465 millones de toneladas de mercancías. ¿Es posible controlar semejante volumen de artículos? Evidentemente, no. Y, aunque lo fuera, el barco rechazado probaría en cualquier otro punto de entrada al espacio comunitario. Una vez dentro de él, podría moverse libremente traspasando unas fronteras interiores que prácticamente no existen en ningún país de la Unión Europea.

Siempre que encaramos las fiestas navideñas, quienes trabajamos en el ámbito del consumo realizamos un esfuerzo por transmitir la necesidad de consumir de forma racional, sostenible para el medio ambiente y nuestro bolsillo, y tratar de ahorrar lo más posible para pasar la época de mayor consumismo del año de la mejor manera. Pero hay algo en lo que nunca aconsejaremos ahorrar: en la compra de los juguetes. Es muy frecuente que, ante la avalancha de gastos que se aproximan, recurramos a bazares o a tiendas de comercio asiático para hacer realidad los sueños de nuestros hijos, pensando que podemos ahorrar. Y es cierto que estos juguetes son más económicos, pero las garantías de que cumplen las normas de seguridad desaparecen casi por completo. Además, hemos realizado la prueba para comprobar si, efectivamente, el ahorro es tan grande como muchas veces suponemos; y no lo es.

Hemos buscado algunos de los juguetes que, con mayor frecuencia, ponen en riesgo la seguridad de nuestros hijos, y hemos establecido una serie de pruebas rudimentarias pero que pueden ayudarnos a decidir. Por ejemplo, un arco con flechas, cuyas ventosas han causado accidentes graves en nuestro país al desprenderse, cuesta 4 euros en una tienda de comercio asiático, y menos de 9 en una juguetería; el primero está fabricado en China, de donde procede el 70% de las alertas relacionadas con juguetes, y el segundo en España. Además, cuando ejercemos una mínima presión sobre la ventosa, en el juguete más barato se desprende con una facilidad asombrosa, lo que puede llevarnos a deducir las consecuencias que tendría si, en lugar de ser nosotros con las manos, es un niño con los dientes quien decide comprobar hasta qué punto es resistente el juguete que acaba de recibir.

Otro ejemplo lo encontramos en el parchís, cuyas piezas imantadas pueden suponer problemas también graves en caso de ser ingeridas; en este caso, la diferencia entre uno y otro tipo de establecimiento es de menos de 5 euros. Por tanto, con diferencias que no suelen superar los 5 o 6 euros, en ningún caso merece la pena buscar ese pretendido ahorro eligiendo establecimientos que no ofrecen las garantías que sí encontramos en jugueterías tradicionales y en juguetes fabricados en España o en el resto de los países de la Unión Europea.

Por otra parte, seguimos encontrando juguetes que no cumplen las normas mínimas de información en el etiquetado, aunque en menor medida que en años anteriores. Hemos visitado una decena de tiendas de comercio asiático y hemos comprobado que dos de los incumplimientos en el etiquetado más frecuentes de los últimos años (la ausencia de marcado CE y no incluir el símbolo de ‘Prohibido para niños de entre 0 y 3 años), aparecen en la gran mayoría de los juguetes que hemos encontrado. Es cierto que el sistema más utilizado es el de la sobreetiqueta, pero la información incluida cumple todo lo exigible. La única pega de este sistema de etiquetado es que son excesivamente genéricas. Así, encontramos juguetes que tienen el símbolo de ‘Prohibido para niños de entre 0 y 3 años’ por tener piezas pequeñas, cuando examinando el juguete no vemos ninguna; por ejemplo, en unas serpientes de plástico de unos 30 centímetros de longitud construidas de una sola pieza. Sin embargo, otros juguetes casi idénticos, pero que simulan un cocodrilo, contienen una advertencia para que sean usados solo por niños mayores de 2 años. No creemos que se esté siguiendo un criterio uniforme a la hora de determinar una u otra edad.

Esta mejora general del etiquetado no debe confundirse con una mejora general de la calidad y seguridad del producto. De hecho, los juguetes que vienen de China siguen copando el ranking de los productos más alertados en el sistema Rapex, como ya comentábamos. Y tampoco quiere decir que no existan productos en el mercado que incumplan esa norma de etiquetado. Así, hemos encontrado un paquete de fulminantes para pistolas de juguetes cuyas advertencias de uso señalan que no es adecuado para menores de 36 meses, pero no incluye el pictograma obligatorio. O un paquete con dos biberones sin la advertencia que, sin duda, debería contener sobre la edad de uso recomendada, toda vez que presentan una forma cilíndrica e imita un biberón, por lo que el riesgo de que un niño menor de 3 años pueda tener un problema parece más que evidente.

La situación general de cumplimiento del etiquetado ha mejorado, pero queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, la calidad y seguridad de este tipo de productos no parece seguir el mismo camino, pues las alertas relacionadas con juguetes que vienen de China no dejan de crecer.

Otro ámbito en el que observamos avances evidentes es en la progresiva desaparición de juguetes que promueven conductas sexistas. En los catálogos de juguetes las empresas se esfuerzan por eliminar los roles femeninos y masculinos colocando, por ejemplo, a un niño empujando un carrito de bebé; sin duda, un reflejo de nuestra sociedad actual. Pero seguimos encontrando ejemplos lamentables. Así, en uno de esos catálogos, se muestra a niñas disfrazadas de Princesas Disney y a niños disfrazados de médicos. También se siguen fabricando triciclos en colores rosa y azul (¿femenino y masculino?) o un conjunto de dos bebés, uno vestido de rosa y otro de azul, denominado ‘Muñecos bebé niño y niña’; perpetuación del color asociado al sexo.

Sin duda, lo que más nos ha llamado la atención ha sido la proliferación de juguetes relacionados con el maquillaje y el cuidado de la piel destinado a niños pequeños. Hemos encontrado un Maletín secreto de maquillaje, varios sets de maquillajes, un estudio de uñas, un bolso con barra de labios o esmalte de uñas, un kit de peluquería o un set de belleza, entre otros muchos productos, destinados a niños y niñas, en muchos casos, desde los 3 años. A esa edad, el juego simbólico es fundamental y cualquier objeto puede servir para explorar roles, pero cuando el juguete está diseñado explícitamente para embellecerse puede transmitir demasiado pronto la idea de que la apariencia es un eje central de su valor personal. Aunque para algunos pueda ser solo un juego inocente, estos productos pueden reforzar estereotipos culturales que asocian, sobre todo a las niñas, con la obligación de ‘estar siempre guapas’. El problema no es el maquillaje en sí, sino la posibilidad de que, introducido a edades tan tempranas, limite el imaginario infantil y normalice estándares estéticos rígidos. A través del juego se construyen expectativas sobre el futuro, así que si se insiste en juguetes que enfatizan la apariencia se puede impulsar la idea de que la autoimagen externa importa más que la creatividad, la valentía o la inteligencia. Por eso, la recomendación es muy clara. Cuando compremos juguetes, elijamos el que más guste a nuestros hijos, pero pasados por el filtro de nuestra madurez y de la libertad para que se sientan como realmente son.

Los fabricantes de los juguetes están obligados a realizar una serie de documentos que acrediten el cumplimiento con las normas de seguridad. También los importadores y los distribuidores deben asegurarse de que el juguete que comercializan es seguro y cumple con la normativa, por lo que deberán también tener a disposición la documentación que lo acredite. También los consumidores deben asegurarse de que un juguete es seguro, para ello siempre deberá comprobar que lleva el correspondiente marcado CE.

De manera general, todos los juguetes deben llevar de forma visible, legible, permanente y en castellano, entre otros, la siguiente información: Nombre o la marca, así como el modelo, la serie o el lote; dirección del fabricante o de su representante oficial o del importador; indicación de conservar los datos del etiquetado; advertencias para evitar riesgos en su uso y manejo; el rango de edad para la utilización, si el juguete así lo requiere; instrucciones de uso, si son necesarias por el tipo de juguete, siempre en castellano, aunque se pueden incluir también en otra lengua; y advertencias sobre los riesgos que puede entrañar el uso del juguete y la forma de evitarlos.

Además, el Reglamento (UE) 2023/988 refuerza las obligaciones horizontales de trazabilidad, comunicación de riesgos, gestión de alertas y retiradas o recuperaciones, incluyendo requisitos específicos para ventas en línea y mercados digitales.

En los juguetes vienen también una serie de advertencias generales que son obligatorias, dependiendo del tipo de juguete. Por ejemplo, la indicación sobre la edad mínima o máxima de los usuarios de los juguetes y, en su caso, su capacidad y su peso máximo o mínimo, o si es necesario que el juguete se utilice únicamente bajo la supervisión de adultos. Los juguetes de actividad (los que sirven para saltar, escalar o trepar) deberán incluir la advertencia ‘Solo para uso doméstico’; los juguetes funcionales (por ejemplo una cocina o una plancha de juguete) ‘Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto’; y los juguetes químicos ‘No conviene para niños menores de (*) años. Utilícese bajo la vigilancia de un adulto’. Todas estas leyendas deben aparecer perfectamente legibles y en español. Y los juguetes que puedan resultar peligrosos para los niños menores de 36 meses deben acompañarse de una advertencia como ‘No conviene para niños menores de 3 años’ y su pictograma.

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Empresas chinas llevan 19 años engañando a los consumidores europeos, haciéndoles creer que los productos que venden en el continente han pasado el examen de calidad que exigen las autoridades de la Unión Europea, y por el momento no parece que ni la Comisión ni el Parlamento comunitarios vayan a hacer nada por arreglarlo, más allá del clásico “estamos trabajando en ello”.

El objeto de esta picardía son artículos de higiene personal, juguetes, electrodomésticos, muebles, material de oficina… cualquier cosa que a alguien pueda ocurrírsele, y la treta que usan los fabricantes es un falso sello ‘CE’, casi idéntico al oficial.

Creado en 2006 por medio de una Directiva del Parlamento y el Consejo, el logotipo ‘CE’, del francés ‘Conformité Européenne’, indica que un artículo cumple las mínimas garantías de seguridad que se exigen en el Espacio Económico Europeo y, por tanto, puede ser comercializado dentro de sus fronteras.

Como ha explicado a ABC Juan Rubén de la Cruz, abogado de Legálitas especializado en Derecho Mercantil, la Administración no hace exámenes de calidad previos a la otorgación de los sellos, siendo las propias empresas las que acreditan que cumplen las condiciones. Al hacerlo, asumen la responsabilidad de que lo que ofrecen está en línea con los requisitos de seguridad, sanidad o protección medioambiental, entre otros, que exigen las directivas y los reglamentos comunitarios.

Pues bien, en 2006, y muy oportunamente, en China apareció el logo ‘China Export’. Según la Comisión Europea, que lo ha ratificado en muchas ocasiones, es evidente que esta marca no tiene más razón de ser que engañar a las autoridades y a los consumidores europeos. Nadie sabe qué significa ni qué acredita, solo que sus siglas son idénticas al sello de la Unión Europea, con la única diferencia de que en el marcado ‘Conformité Européenne’ las dos letras están separadas (en concreto, el espacio entre ambas es equivalente a la mitad de la letra C) y en el ‘China Export’ están pegadas.

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El sector eléctrico es, desde hace años, el segundo que genera mayor número de reclamaciones en la Unión de Consumidores de Extremadura, tras la banca, siendo los principales motivos los errores en la facturación, la inclusión de servicios no contratados y las condiciones contractuales incumplidas.

Como la mejor forma de solucionar un problema es evitar que se produzca, es importantísimo conocer lo que nos espera en nuestra relación con las eléctricas y poder prevenir sus trampas.

Por una parte, las permanencias encubiertas y la falsa libertad de elección; aunque el marco legal permite al consumidor cambiar de comercializadora sin restricciones, en la práctica muchas compañías imponen cláusulas de permanencia que no se comunican de forma clara durante el proceso de contratación. Estas cláusulas suelen estar vinculadas a servicios adicionales, como el mantenimiento de instalaciones o revisiones técnicas, que se presentan como gratuitos o promocionales, pero que en realidad implican una vinculación contractual de hasta 24 meses.

Por otro lado, las tarifas opacas y la complejidad como herramienta de confusión; una de las principales diferencias entre el mercado regulado y el mercado libre es la forma en que se presentan las tarifas, dado que, mientras que el mercado regulado está sujeto a supervisión pública y refleja el precio real del mercado mayorista, las tarifas del mercado libre permiten a las comercializadoras establecer precios y condiciones con mayor flexibilidad. Esta libertad ha derivado en una falta de transparencia que dificulta la comparación objetiva entre ofertas. Las tarifas del mercado libre suelen incluir descuentos promocionales, precios fijos o indexados, y condiciones especiales que no siempre se explican con claridad. En muchos casos, el consumidor desconoce si el precio ofertado incluye impuestos, si varía según la franja horaria, o si está sujeto a revisiones periódicas.

También se incluyen seguros de mantenimiento no solicitados, utilizándose la contratación automática como estrategia comercial; una de las prácticas que más reclamaciones genera es la inclusión automática de seguros de mantenimiento en los contratos de suministro eléctrico. Estos seguros, que cubren servicios como revisión de calderas, asistencia técnica o inspecciones periódicas, se añaden al contrato sin que el aparecen como productos asociados en la factura, con un coste mensual que oscila entre los 5 y los 15 euros.

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La cancelación de un vuelo implica que no se haya podido realizar según estaba convenientemente programado y para el que la persona usuaria tenía una plaza reservada. De acuerdo con la normativa europea, en caso de cancelación de vuelos, se dispondrá de una serie de derechos.

El derecho de información implica que la compañía aérea que cancele sus vuelos tendrá la obligación de proporcionar a cada una de las personas que viajen y se vean afectadas un impreso en el que se indiquen las normas en materia de compensación y asistencia.

En virtud del derecho de atención la compañía aérea quedará obligada a:

• Ofrecer gratuitamente a las personas viajeras afectadas comida y refrescos suficientes, en función del tiempo que sea necesario esperar al transporte alternativo ofrecido por la compañía aérea
• Ofrecer gratuitamente dos llamadas telefónicas, télex o mensajes de fax o correos electrónicos

El derecho de reembolso o transporte alternativo supone:

• Reembolso, en el plazo de siete días, del coste íntegro del billete al precio en el que se adquirió, correspondiente a la parte del viaje no efectuada o a la parte del viaje efectuada si el vuelo ya no tuviera razón de ser. Además, cuando proceda, se deberá proporcionar un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más rápidamente posible. El reembolso podrá efectuarse en metálico, por transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria, cheque o, previo acuerdo firmado por la persona afectada, mediante bonos de viaje u otros servicios
• Conducción hasta el destino final en condiciones de transporte comparables lo más rápidamente posible, o bien en una fecha posterior que convenga a la persona viajera, en función de los asientos disponibles.

Finalmente, en determinadas circunstancias, la cancelación de un vuelo genera para las personas afectadas un derecho de compensación, que oscila entre 250 y 600 euros en función de la distancia y si el vuelo tiene carácter intracomunitario o extracomunitario:

• Vuelo de hasta 1.500 kilómetros, intracomunitario o extracomunitario: 250 euros
• Vuelo de más de 1.500 kilómetros y hasta 3.500 kilómetros, intracomunitario o extracomunitario: 400 euros
• Vuelo intracomunitario de más de 3.500 kilómetros: 400 euros
• Vuelo extracomunitario de más de 3.500 kilómetros: 600 euros

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La Agencia Española de Protección de Datos ha informado que en los alojamientos no está permitido solicitar una copia del DNI o pasaporte al cliente, en el marco del Real Decreto 933/2021 sobre el registro de viajeros, que establece la obligación del titular de la actividad de hospedaje de recoger determinados datos de las personas que
hagan uso de sus servicios.

La agencia ha justificado en un comunicado que esta práctica vulneraría el principio de minimización de datos y supondría un tratamiento ‘excesivo’, debido a que el DNI completo contiene más datos que los obligados a aportar en virtud de la normativa aplicable, como la fotografía, la fecha de caducidad del documento, el CAN o el nombre de los padres.

Asimismo, la Agencia Española de Protección de Datos ha asegurado que entregar una copia de la documentación personal implica, entre otros, un riesgo innecesario de suplantación de la identidad, que debe ser evitado o, por lo menos, mitigado de manera efectiva.

Adicionalmente, ha recordado que el DNI no contiene la totalidad de la información solicitada en el Anexo I del Real Decreto 933/2021, por lo que, por sí solo, no es un recurso válido para poder cumplir con la citada norma.

Respecto a la recogida de los datos que requiere el Real Decreto 933/2021, la Agencia Española de Protección de Datos considera que podría ser suficiente con que las personas faciliten o completen un formulario que recoja exclusivamente los datos exigidos en los apartados A.3 y B.3 del Anexo I del Real Decreto. Esto incluye datos de los viajeros como nombre, apellidos, sexo, número de documento de identidad, fecha de nacimiento o teléfono móvil.

En caso de recogida de datos en línea sin atención presencial, esta verificación puede realizarse mediante mecanismos como certificados digitales. Por otro lado, recuerda que también es posible la verificación de que los datos y la información proporcionada concuerda con los datos asociados al medio de pago utilizado.

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Tras la vuelta a la normalidad toca hacer balance de daños. En principio, las distribuidoras eléctricas son responsables del suministro, pero pueden eludir esta responsabilidad si el corte estuvo motivado por causas de fuerza mayor o por un sabotaje. Dado que aún no se descarta ninguna posibilidad, es pronto para afirmar taxativamente si podemos o no reclamar.

No obstante, aunque las empresas eléctricas no fueran finalmente responsables de la interrupción del servicio, tampoco se puede exigir a los consumidores que paguen por los servicios no recibidos durante el apagón. Por tanto, sí tenemos derecho a recibir el reintegro del billete o la reubicación en otro medio de transporte lo más rápidamente posible. Además, si un pasajero se encuentra atrapado, por ejemplo, en un tren durante el apagón, tiene derecho a que la empresa le proporcione asistencia, alimentos, bebidas e incluso alojamiento si fuera necesario.

Eso sí, en el caso de que el motivo de la cancelación del viaje sea la falta de energía, las compañías de transporte, como trenes o aviones, no están obligadas a indemnizar por las cancelaciones, dado que se trata de una circunstancia extraordinaria, tal y como establece el reglamento europeo.

Otro de los perjuicios que vamos a sufrir mayoritariamente como consecuencia del apagón son los daños en el hogar, como los productos que se han perdido en el congelador al descongelarse por falta de electricidad. En estos casos es muy recomendable que los afectados acumulen pruebas de los daños, como fotografías o informes de los electrodomésticos averiados, en caso de que el apagón haya sido causado por una subida de tensión al restablecerse el servicio.

Además, es muy importante revisar el seguro del hogar, ya que algunos contratos incluyen cobertura para daños derivados de apagones de luz accidentales. Si es así, podrían estar cubiertos los daños a los electrodomésticos o a los alimentos. Es importante conocer los detalles de la póliza, ya que algunas aseguradoras ofrecen una cobertura más amplia para este tipo de situaciones.

Por último, siempre que el motivo del apagón no sea causa de fuerza mayor tendremos derecho a una reducción en la siguiente factura del 20% por la primera hora de corte, y otro 2% por cada hora adicional.

En cualquier caso, se recomienda a los consumidores que recopilen y guarden pruebas de los daños sufridos hasta que se esclarezcan las causas del apagón, y que revisen sus seguros de hogar por si estos daños estuvieran cubiertos.

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Cuando tenemos que comprar un coche o para la adquisición de una vivienda, lo normal es que algunas personas opten por pedir un crédito al banco. La mayoría tiene unos requisitos, por lo que la propia entidad debe valorar la capacidad económica del solicitante para poder concederle este préstamo. Por ello suelen solicitarse avales o garantías de que podrá devolverse.

Un préstamo personal es aquel que para su devolución cuenta como única garantía con la ‘personal’, es decir con tu solvencia y la de tu avalista, si lo tuvieras, independientemente del fin al que vayas a destinar el dinero que te presta el banco. Se suelen relacionar con la financiación de viajes, estudios o compras concretas. El cliente puede recibir una cantidad, entre 1.000 y 90.000 euros. Normalmente los pagos se realizarán de forma periódica en un tiempo concreto, que suele establecerse en un máximo de 15 años. Además, el contrato incluirá el tipo de interés concreto aplicado, entre el 5 y el 10%.

Por otro lado, los préstamos o créditos al consumo son un tipo de préstamo personal marcado por el destino del dinero, como por ejemplo la compra de un coche, de electrodomésticos para el hogar o la contratación de un servicio. De hecho, el Banco de España presenta ciertos requisitos, y es que el importe debe ser superior a 200 euros e inferior a 75.000 euros. El contrato de este tipo de créditos debe incluir toda la información sobre las condiciones, cuotas, plazos e intereses, que normalmente son del 0 al 15%. Generalmente el cliente dispondrá de hasta 10 años para devolverlo. Este tipo de préstamos están vinculados al servicio o adquisición del artículo en cuestión y, por tanto, la financiera responderá solidariamente si no se cumple con lo establecido para la prestación del servicio o la entrega del artículo.

Por último, los créditos rápidos o minicréditos pueden ser los más convenientes ante gastos imprevistos, pero existen ciertos riesgos con motivo de sus tipos de interés. Además, no están regulados ni supervisados por el Banco de España por lo que el cliente debe tener más cuidado al solicitarlos. El proceso, como indican, es rápido, por lo que para agilizar la concesión se simplificarán los análisis del riesgo de los clientes aumentando los rendimientos a devolver. En concreto pueden ir del 15 al 20% de interés. Estos préstamos son los que menos dinero otorgan, puesto que van de 600 a 10.000 euros, y el plazo para devolverlo es de hasta 10 años, dependiendo del cliente y las condiciones acordadas.

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