El comercio electrónico ha transformado nuestros hábitos de consumo, pero su reciente incursión en la venta de medicamentos levanta serias alertas sanitarias. Gigantes tecnológicos como Amazon están expandiendo su modelo de negocio hacia la salud, tratando los fármacos como un producto más y priorizando el crecimiento económico sobre la seguridad del paciente. Frente a esta amenaza, el Modelo Mediterráneo de Farmacia de España se reafirma como una barrera indispensable para proteger la salud pública.

Nuestro modelo de farmacia, en el que el farmacéutico se convierte en el primer agente para millones de personas, puede estar en peligro si los planes de Amazon de vender medicamentos en su web siguen adelante. No es un modelo, es la ruptura de nuestra estructura de cuidado de la salud.

La realidad es que Amazon se acerca a Europa para vender medicamentos. Así, ha registrado la marca Amazon Pharmacy en Reino Unido, ha abierto una tienda física de productos de parafarmacia en Milán y registra un crecimiento sostenido de venta online de productos de salud en varios países europeos. Todo esto alimenta la hipótesis de que, más pronto que tarde, va a replicar en el Viejo Continente el modelo de farmacia digital que puso en marcha en Estados Unidos hace unos años.

Para anticipar el escenario que podría llegar a Europa es imprescindible observar a Estados Unidos, el campo de pruebas donde Amazon ya ha desplegado su maquinaria. El sistema de salud estadounidense, altamente fragmentado y concebido como un negocio privado, resultó ser el ecosistema idóneo para el gigante del comercio electrónico. Así, a través de la promesa de la conveniencia y los precios bajos en un país donde los fármacos tienen un coste que no podemos concebir en España, se está produciendo una peligrosa mercantilización de la salud.

Las consecuencias en la salud pública estadounidense ya han encendido las alarmas. La relación directa entre el paciente y el farmacéutico ha quedado destruida. Cadenas tradicionales como Walgreens o CVS se ven forzadas a cerrar cientos de locales debido a la presión del comercio electrónico. Esto ha generado enormes desiertos farmacéuticos donde, especialmente la población más envejecida, no tiene a dónde acudir físicamente para resolver dudas o recibir asistencia urgente. El paciente es ahora un simple usuario gestionado por algoritmos que buscan maximizar las ventas, desplazando a un segundo plano la adherencia y seguridad del tratamiento médico. Tu historial ya no es revisado por un profesional con visión integral de tu problema de salud, sino procesado por un software para despachar cajas rápidamente, dejando al paciente interactuando con un chatbot o un menú.

Adquirir medicamentos con un simple clic conlleva riesgos críticos:

• Falsificaciones y toxicidad. En internet se multiplica el riesgo de comprar fármacos adulterados con sustancias tóxicas, medicamentos sin principio activo o incluso pastillas mezcladas con fentanilo
• Pérdida de eficacia. El envío en paquetería estándar rompe la cadena de frío necesaria para conservar vacunas o insulinas, degradando el medicamento hasta volverlo inútil o perjudicial
• Consumo irracional. Los algoritmos de venta cruzada fomentan el abuso de medicamentos y facilitan el acceso a antibióticos sin receta, lo que agrava la peligrosa creación de superbacterias
• Problemas que no son nuevos. A pesar de esgrimir la seguridad como bandera, el sistema de Amazon basado en vendedores externos a través de su ‘market place’ imposibilita un control exhaustivo, y en numerosas ocasiones se han encontrado problemas de todo tipo. Por ejemplo, una investigación de 2019 del Wall Street Journal localizó en Amazon más de 4.100 artículos a la venta que eran inseguros, tenían etiquetas engañosas o estaban prohibidos por agencias federales
• Venta de la intimidad. Las plataformas pueden cruzar nuestros datos de consumo habitual con nuestro historial médico, creando perfiles de vulnerabilidad que podrían acabar en manos de aseguradoras o empresas.

Frente a la deshumanización del entorno digital, España defiende un sistema enfocado en la equidad y la seguridad. Nuestro país cuenta con más de 22.000 farmacias, lo que garantiza que el 99 % de los ciudadanos tenga acceso a una en menos de 15 minutos, con precios regulados.

La gran fortaleza de este modelo es el ‘filtro humano’, el farmacéutico. Este profesional experto no está presionado por un algoritmo de ventas; su labor es ajustar dosis, prevenir alergias y evitar la automedicación irresponsable. Como afirman los profesionales extremeños, el 80% de los pacientes que entra en una farmacia no sale con un medicamento, sino con un consejo de salud.

En regiones con gran dispersión geográfica y población envejecida como Extremadura la cruz verde es mucho más que un comercio. En comarcas como La Siberia, Tentudía o Las Hurdes, la botica local es frecuentemente el primer o único punto de asistencia sanitaria disponible las 24 horas.

Si el mercado online absorbe las ventas, estas farmacias rurales se verán abocadas al cierre, eliminando un pilar fundamental para la vertebración territorial y el arraigo. Proteger la farmacia de proximidad es luchar directamente contra la despoblación.

En definitiva, la comodidad y la rapidez nunca deben usurpar el lugar de la seguridad cuando se trata de nuestra salud. Frente a la frialdad tecnológica, la farmacia de calle sigue siendo nuestro mayor filtro de expertos y el mejor seguro de vida de nuestra sociedad.

Frente a la deshumanización del paciente convertido en algoritmo, el incremento del consumo descontrolado y los riesgos patentes de falsificación, la cruz verde de nuestras calles no es un modelo nostálgico del pasado; sigue siendo nuestro filtro de expertos y el mayor seguro de vida que poseemos como sociedad.

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Ha llegado uno de los momentos económicos más relevantes para los contribuyentes, la cita anual con Hacienda. Desde el 8 de abril los contribuyentes pueden acceder a su borrador y a sus datos fiscales de la Renta mediante el Servicio de Tramitación del borrador/declaración, disponible en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

A partir del 6 de mayo y hasta el 30 de junio se podrá realizar la Declaración de la Renta por teléfono, aunque habrá que pedir cita a partir del 20 de abril para poder acceder a este servicio.

Por último, entre el 1 al 30 de junio se abrirá el plazo para realizar este trámite de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. Para ello habrá que pedir cita a partir del 29 de mayo y hasta el 27 de junio.

El borrador que facilita la Agencia Tributaria es una buena base para empezar, pero no siempre es completamente fiable ni definitivo. Contiene los datos que Hacienda ha recopilado de terceros (como bancos, empresas o aseguradoras), pero puede haber errores u omisiones, especialmente en deducciones autonómicas, alquileres, cuotas sindicales o cambios en la situación familiar. Por eso es fundamental revisar cada apartado antes de confirmar y presentar la declaración, ya que el contribuyente es el responsable final de que los datos sean correctos.

Para asegurarse de que la Declaración de la Renta está bien hecha se debe revisar que todos los ingresos estén correctamente incluidos, que se han aplicado las deducciones a las que se tiene derecho y que los datos personales y familiares están actualizados.

La Unión de Consumidores de Extremadura tiene disponible el ‘Servicio de Renta’ para todos sus asociados, a través del cual se puede revisar, corregir y presentar la Declaración de la Renta.

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Desde un punto de vista individual, el trabajo más visible de una asociación de consumidores es la atención de consultas y reclamaciones. Pero, si atendemos al interés general, el papel que desempeñamos en la mejora de la protección de los ciudadanos trasciende de la mera resolución de un problema puntual. Como reza en el Estatuto de los Consumidores de Extremadura, las asociaciones son los legítimos representantes de los consumidores y, por ello, se les reconoce los derechos de consulta y participación en la elaboración de normativa que nos afectan como consumidores y, además, el de denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades que se detecten, el de informar y formar a los ciudadanos en materia de consumo, el de representarlos en los órganos de participación, y un largo etcétera.

Durante 2025 UCE solicitó su participación en todas las normas que afectan directa o indirectamente a los consumidores cuyo trámite se ha anunciado en los boletines oficiales de las provincias de Badajoz y Cáceres, presentando alegaciones e informes a 139 proyectos normativos autonómicos y locales. Además, participamos en representación de los consumidores extremeños en 40 consejos, comisiones y comités de participación ciudadana en todos los ámbitos: sanitarios, económicos, transportes, viviendas, agrarios, turísticos, etc.

En UCE sabemos que la formación es clave para que los consumidores conozcamos nuestros derechos y como defenderlos si son vulnerados. Por eso, hemos desarrollado numerosas campañas relacionadas con el aumento de casos de estafas, con los consejos básicos sobre los datos que no debemos compartir en las redes para preservar nuestra intimidad o sobre las comisiones bancarias que podemos reclamar.

Además, hemos llevado a cabo campañas informativas sobre cómo solicitar las ayudas al alquiler en Extremadura, exponiendo los requisitos exigidos y comprobando que los interesados cumplieran con ellos, y hemos trabajado activamente ayudando a todos los afectados del cierre repentino de las Clínicas Nur en la localidad de Mérida, que ha dejado a muchos pacientes sin finalizar sus tratamientos a pesar de ya estar abonados, tal y como ocurrió con las Clínicas Dentix, Ideal o Hedonai.

Y todo ello, unido a las tradicionales acciones informativas sobre la salud, el medio ambiente, y la economía doméstica, como cuidado con el sol, piojos, bono social eléctrico, reciclaje, Proyecto Libera, bienestar animal, ahorro de agua, economía circular, Objetivos Extremadura 2030, tarjetas revolving, comisiones bancarias, declaración de la Renta, y un larguísimo etcétera.

Consumidorex, revista de consumo y calidad de vida producida y editada íntegramente por la Unión de Consumidores de Extremadura, publicó seis números ordinarios y un especial de Navidad siendo los primeros publicados en papel y enviados a más de 3.000 destinatarios repartidos por toda nuestra geografía.

Desde la Unión de Consumidores siempre hemos mantenido que, sin duda, la información es el derecho fundamental del consumidor, pues gracias a ella puede, entre otras cosas, tomar sus decisiones con criterio. Y para divulgar esa información es fundamental la relación fluida con los medios de comunicación que, finalmente, son quienes la llevan a los ciudadanos. En este sentido, durante 2025 UCE realizó 1.189 intervenciones en medios de comunicación, una media de casi cinco por cada día laborable del año, repartidas entre prensa escrita y digital, radio y televisión, basadas en su mayoría en las 39 notas de prensa emitidas, o en los 52 boletines de noticias publicados. Además de intervenciones puntuales, durante todo el año se han mantenido los 20 programas semanales de consumo en diferentes emisoras de radio y televisión.

Por otra parte, hemos continuado apostando por la información y formación online, con la actualización diaria de la web, de tal manera que el pasado año tuvimos 328.000 eventos en nuestra web, con 105.000 vistas y más de 76.000 usuarios activos.

En el mundo digital actual las redes sociales no son solo un escaparate para mostrar productos o servicios, sino un espacio vivo donde podemos conversar, escuchar, construir y dar respuesta a las necesidades o denuncias de los consumidores. Por este motivo, creemos fundamental ser muy activos en redes sociales, a través de nuestros perfiles en Facebook hemos alcanzado las 1.647.376 visualizaciones en el pasado año, estando presentes igualmente en Instagram, X y LinkedIn. Estas plataformas nos ayudan a proyectar una imagen cercana al ciudadano como consumidor y es un soporte que permite ofrecerle toda la información en materia de consumo. Por otra parte, resulta también una vía para recibir feedback de los consumidores, obteniendo información de primera mano de los posibles problemas que pueden tener para poder actuar en consecuencia.

En el plano de la atención individual y personalizada se han tramitado 9.870 consultas y reclamaciones. Del total de expedientes tramitados, 8.928 corresponden a consultas y 942 a reclamaciones.

Asimismo, no podemos olvidarnos de las declaraciones de la renta que hemos realizado este año a nuestros socios y sus unidades familiares, así como de los procedimientos judiciales que hemos presentado en los juzgados. En este sentido, hemos elaborado 928 declaraciones de la renta y hemos llevado un total de 52 procedimientos judiciales en el último año.

Las consultas y reclamaciones relativas a los servicios financieros ocupan la primera posición, con 2.220 consultas y 420 reclamaciones, en total 2.880. Lo más reclamado en el último año han sido los gastos de formalización de las hipotecas, las comisiones bancarias, las tarjetas revolving…

Asimismo, tal y como ocurría el año pasado, las reclamaciones por estafas bancarias, mediante técnicas de ‘phishing’, ‘smishing’ o ‘vishing’, han sido muy numerosas. En general, estas estafas han sido auténticas obras de ingeniería social que han utilizado la suplantación de todo tipo de entidades para perpetrarse, desde bancos y empresas de paquetería hasta diversos organismos de la Administración.

Además, este año, ha cobrado especial relevancia la Inteligencia artificial y técnicas de suplantación de identidad como el ‘voice hacking’, por la que los estafadores se hacen pasar por un familiar o ser querido, clonando su voz y haciéndonos creer que realmente estamos hablando con ellos.

Por ello, lamentamos la situación por la que muchos consumidores han tenido que acudir a nuestras oficinas ante los cargos fraudulentos que se estaban produciendo en sus cuentas bancarias, pero sobre todo lamentamos que desde sus propias entidades bancarias hayan denegado la resolución favorable de los expedientes por medio de la vía extrajudicial, lo que ha provocado que la gran mayoría se haya tenido que presentar ante los tribunales ordinarios de Justicia.

En segunda posición se cuelan los suministros básicos, con 730 consultas y 73 reclamaciones, lo que suman un total de 803. Dentro de este grupo, el suministro eléctrico es el más consultado y reclamado. Todo ello motivado por los problemas con la facturación, el apagón general del suministro sufrido el pasado 28 de abril, la realización de lecturas estimadas y no reales, por problemas técnicos de las comercializadoras y por no cargar las facturas en sus cuentas bancarias durante meses. No podemos olvidarnos de la cantidad de consumidores vulnerables que han acudido a nuestras oficinas para solicitar la aplicación del bono social eléctrico, al cumplir los requisitos necesarios y teniendo en cuenta que los umbrales de renta se han ampliado, beneficiando así a más consumidores.

En tercera posición están las compañías de seguros; se han tramitado 750 consultas y 47 reclamaciones, sumando ello un total de 797. Entre los motivos más reclamados están las bajas solicitadas en tiempo y forma pero no tramitadas correctamente, las actualizaciones de las primas de seguro sin comunicación fehaciente previa por parte de la compañía y situándose por encima del IPC, y la denegación de reparaciones respecto a la notificación de siniestros por alegar falta de cobertura de la póliza.

Este año, la Administración pasa a la cuarta posición. En total hemos recibido 761 consultas y reclamaciones. Dentro de este sector lo más consultado han sido las dudas relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las ordenanzas fiscales como la nueva de Residuos Sólidos Urbanos en Badajoz, así como la tramitación de recursos en cuanto a sanciones o multas recibidas por los contribuyentes, la solicitud de información sobre ayudas estatales, la liquidación de impuestos y los procedimientos de comprobación de valores, entre otros.

En quinta se encuentran los bienes de consumo con 705. Dentro de este grupo lo más reclamado y consultado han sido los problemas con los vehículos a motor; el cártel de coches también ha generado un buen número de consultas, al estar cercana la fecha de prescripción de este tipo de reclamaciones. Problemas como averías y desconocimiento sobre la cobertura o no de la garantía, adquisición de vehículos con vicios ocultos, problemas con componentes de determinados vehículos, obstáculos a la hora de reclamar al concesionario, al taller o al fabricante, etc.

La vivienda salta hasta la sexta posición, con 685 consultas y reclamaciones. Concretamente, uno de los aspectos más consultados ha sido la compra de vivienda nueva y de segunda mano, seguida del alquiler. Este año, los problemas relacionados con la vivienda suben dos puestos en el ránking, encontrándose el pasado año en la octava posición.

Hemos recibido numerosas consultas sobre la interpretación de los contratos de alquiler y de las cláusulas que lo forman, incluyendo algunas dudas sobre impagos en la renta de alquiler, seguros anti okupación y sobre devoluciones de fianzas, entre otras cosas. A estos problemas con los alquileres le han seguido la compraventa de viviendas y los conflictos con las comunidades de propietarios, los arreglos en las viviendas, los defectos de construcción y el plazo para poder reclamarlos, etc.

En la séptima posición, manteniéndose igual que el año pasado, nos encontramos con el comercio, con 643 consultas y reclamaciones. En el comercio presencial los principales motivos son similares a años anteriores: por problemas a la hora de realizar la devolución del artículo en tiendas físicas, por disconformidades con la calidad o el funcionamiento de los artículos adquiridos y con la garantía de estos, así como dudas acerca de la obligación o no de los establecimientos de tener hojas de reclamaciones y de su funcionamiento.

Por su parte, en el comercio online los principales conflictos son por no respetar los plazos de entrega por parte de las tiendas, la dificultad en muchas ocasiones de contactar con el establecimiento y ejercitar el derecho legal de desistimiento dentro de los 14 días legalmente reconocidos y también por disconformidad a la hora de recibir el artículo adquirido vía online, bien porque no se ajusta a la realidad de lo que se pidió o bien porque no cumple la función que prometía.

Las telecomunicaciones caen hasta el octavo puesto, con 598 consultas y reclamaciones. Las telecomunicaciones siempre han ocupado los primeros puestos en nuestro ranking de consultas y reclamaciones, entendiendo que las compañías telefónicas están mejorando cada vez más y frenando los abusos a los que los consumidores estaban expuestos. Dentro de este sector, lo más reclamado han sido los paquetes de servicios, los cuales incluyen los servicios de voz, datos y televisión, entre otros, y cada vez es más habitual contratarlo todo con una sola compañía. En este sentido, los principales problemas se debieron a cambios en las condiciones contractuales sin aviso previo por parte de la compañía, por no aplicar la formalización de las condiciones económicas pactadas, por la dificultad de dar de baja, por los SMS Premium, por impagos, por problemas de cobertura en la fibra óptica, por aplicación de servicios de roaming cuando no corresponde, etc.

En novena posición nos encontramos con otros servicios, con un total de 504 consultas y reclamaciones. En este sector se engloban los servicios de clínicas, donde el cierre de la clínica NUR (entre otras) continuó acaparando un gran grueso de estas consultas. A ello se le suma las consultas de estafas, ya sea en redes, páginas web, etc., y a las consultas por la incursión en ficheros de solvencia patrimonial o crédito.

Los servicios de asistencia técnica ocupan este año la décima posición, con un total de 431 consultas y reclamaciones. Las principales consultas están relacionadas con los problemas derivados de los terminales telefónicos y la falta de aplicación de garantía, siguiéndoles muy de cerca, por el mismo motivo, los electrodomésticos.

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Tras el paso por Extremadura de la borrasca Kristin, una vez confirmada la evolución favorable de la situación meteorológica, toca evaluar los daños materiales que se hayan podido ocasionar.

Es entonces cuando no pocos usuarios descubren la cobertura raquítica con la que su seguro del hogar cuenta para estas cuestiones. No todas las pólizas incluyen la protección frente a los desastres naturales más comunes, y las que lo hacen fijan unos baremos que debe cumplir el fenómeno para que el seguro cubra los daños: si el viento soplaba a una determinada velocidad, si en una inundación el nivel del agua sobrepasaba una altura concreta o si la precipitación superaba un número determinado de litros por metro cuadrado…

Por eso es recomendable que, antes de contratar el seguro del hogar, nos interesemos por conocer las garantías y los límites que ofrece la entidad aseguradora ante los efectos de los fenómenos meteorológicos.

En todo caso, ante según qué riesgos catastróficos, todos aquellos que tengan suscritos determinados seguros de daños o de personas cuentan con el amparo del Consorcio de Compensación de Seguros, cuya finalidad es satisfacer las indemnizaciones derivadas de siniestros extraordinarios, siempre y cuando se den unas determinadas circunstancias.

El Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad gubernamental, adscrita al Ministerio de Hacienda, que se encarga de indemnizar por los daños producidos a personas y a bienes en determinados casos, garantizando que todo el mundo tendrá cobertura. Por ejemplo, asume la cobertura obligatoria de los automóviles que no estén aceptados por las compañías aseguradoras, e indemniza los daños ocasionados por vehículos desconocidos, sin seguro o robados.

En el caso que nos ocupa, el Consorcio se hace cargo de los daños producidos por fenómenos naturales o derivados de hechos de incidencia política o social.

Para que el Consorcio asuma la indemnización por riesgos extraordinarios el asegurado debe encontrarse al corriente del pago de la póliza, donde se incluye un recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros, el cual deberá aparecer significado en tal recibo de forma expresa.

En la web del Consorcio aparecen detallados los tipos de riesgos que tienen la consideración legal de ‘riesgos extraordinarios’, y que, por tanto, son susceptibles de recibir indemnización por daños. Entre otros:

• Fenómenos naturales: inundación extraordinaria, embate de mar, tempestad ciclónica atípica (tornados y vientos con rachas superiores a 120 km/h), terremoto, maremoto, erupción volcánica, caída de aerolitos
• Hechos violentos como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín o tumulto popular
• Actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz

En abril de 2025 el Consorcio de Compensación de Seguros actualizó sus criterios técnicos para cubrir los daños producidos por vientos extremos, cuando superen los 84 km/h de forma sostenida o los 120 km/h en racha, aunque no se declare oficialmente ‘tempestad ciclónica atípica’. Esta actualización figura en su Circular informativa 1/2025, aplicable a pólizas en vigor con recargo al Consorcio.

En caso de siniestro lo más recomendable es hacer un listado lo más exacto posible de las pérdidas materiales sufridas, así como guardar las facturas de los gastos generados. En cualquier caso, tome fotografías y si es posible grabe vídeos de los elementos dañados.

Después habrá que ponerse en contacto con la aseguradora, que indicará la documentación necesaria y remitirá al propietario de la póliza al consorcio. El trámite también puede hacerse directamente en la web de esta entidad, siempre que se disponga de DNI electrónico u otro certificado digital.

Antes de realizar ningún arreglo inmediato consulte con su seguro o con el propio Consorcio.

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El Boletín Oficial del Estado ha publicado la nueva Ley de Atención a la Clientela, una norma que promete acabar con las llamadas no deseadas o ‘spam’, las renovaciones de contratos no consentidas o las reseñas falsas en internet. Esta nueva ley ya se encuentra en vigor, tras un largo proceso legislativo.

Con esta legislación, las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico y los operadores de telecomunicaciones deberán bloquear las llamadas que no cumplan con estos criterios.

Será además la Administración la responsable de validar previamente los protocolos y patrones técnicos que desarrollen los operadores para detectar este tipo de llamadas. Por otra parte, también pretende garantizar que al menos el 95% de las llamadas sean atendidas en un tiempo inferior a tres minutos, junto con la obligación de que no se podrán atender solo por contestadores automáticos; además, siempre deberá existir la posibilidad de que las llamadas sean atendidas por un humano.

Otra de las medidas clave introducidas es que las reclamaciones de los clientes deberán ser atendidas en un plazo máximo de 15 días, buscándose también acabar con los gastos de gestión ocultos.

En cuanto a la lengua en la que se atiende a los clientes, se establece que las empresas de más de 250 empleados o facturación superior a 50 millones de euros tendrán que ofrecer atención a la clientela en las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas donde el catalán, el euskera o el gallego sean lengua cooficial.

La ley introduce también mayores exigencias de transparencia y trazabilidad. Todas las consultas, quejas y reclamaciones deberán contar con una clave identificativa y un justificante en soporte duradero, lo que permitirá a los consumidores hacer un seguimiento de su tramitación. Las respuestas deberán ser motivadas, claras y en la misma lengua en la que se haya presentado la reclamación.

Finalmente, en cuanto a las reseñas en internet, la norma limita las reseñas falsas a través de diferentes mecanismos como la prohibición de compraventa de reseñas o el requisito de publicar la reseña dentro de los 30 días posteriores a la adquisición del bien o servicio. Además, la empresa que recibe la reseña tendrá garantizada la posibilidad de réplica.

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Se calcula que en Navidad se mueve el 80% del volumen de negocio del sector juguetero. La publicidad en los medios de comunicación y en nuestros buzones nos recuerda que se acercan Papá Noel y los Reyes Magos, y que es hora de que los más pequeños escriban sus cartas.

Pero también es este el momento en el que las asociaciones de consumidores y las instituciones públicas que velan por nuestra seguridad, tanto sanitaria como económica, hacen un llamamiento a la responsabilidad de los padres para que repasen las cartas de sus hijos y comprueben que lo que en ellas han escrito no pueden convertir sus sueños en pesadillas.

Y no es un mensaje alarmista sin fundamento. El Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea de productos peligrosos para los consumidores (Rapex), que incluye todo tipo de artículos excepto comida, medicamentos y productos sanitarios, ha emitido en lo que va de año 686 alertas relacionadas con juguetes. Y esta cifra se eleva a 5.623 si contabilizamos las emitidas en la última década.

Cuando un fabricante europeo produce un juguete debe cumplir una serie de requisitos muy estrictos, encaminados a proporcionar una triple protección al consumidor: información, calidad y seguridad. Como es lógico, estos mismos requisitos se le exige a cualquier producto fabricado en terceros países que quiera entrar en nuestras fronteras.

Pero, en muchas ocasiones, ejercer el control sobre lo que llega a nuestro mercado es prácticamente imposible. Por ejemplo, tomemos el tráfico marítimo que cada día entra en nuestro país con mercancías de todo tipo. En los 46 puertos españoles de interés general entraron en los diez primeros meses de este año más de 465 millones de toneladas de mercancías. ¿Es posible controlar semejante volumen de artículos? Evidentemente, no. Y, aunque lo fuera, el barco rechazado probaría en cualquier otro punto de entrada al espacio comunitario. Una vez dentro de él, podría moverse libremente traspasando unas fronteras interiores que prácticamente no existen en ningún país de la Unión Europea.

Siempre que encaramos las fiestas navideñas, quienes trabajamos en el ámbito del consumo realizamos un esfuerzo por transmitir la necesidad de consumir de forma racional, sostenible para el medio ambiente y nuestro bolsillo, y tratar de ahorrar lo más posible para pasar la época de mayor consumismo del año de la mejor manera. Pero hay algo en lo que nunca aconsejaremos ahorrar: en la compra de los juguetes. Es muy frecuente que, ante la avalancha de gastos que se aproximan, recurramos a bazares o a tiendas de comercio asiático para hacer realidad los sueños de nuestros hijos, pensando que podemos ahorrar. Y es cierto que estos juguetes son más económicos, pero las garantías de que cumplen las normas de seguridad desaparecen casi por completo. Además, hemos realizado la prueba para comprobar si, efectivamente, el ahorro es tan grande como muchas veces suponemos; y no lo es.

Hemos buscado algunos de los juguetes que, con mayor frecuencia, ponen en riesgo la seguridad de nuestros hijos, y hemos establecido una serie de pruebas rudimentarias pero que pueden ayudarnos a decidir. Por ejemplo, un arco con flechas, cuyas ventosas han causado accidentes graves en nuestro país al desprenderse, cuesta 4 euros en una tienda de comercio asiático, y menos de 9 en una juguetería; el primero está fabricado en China, de donde procede el 70% de las alertas relacionadas con juguetes, y el segundo en España. Además, cuando ejercemos una mínima presión sobre la ventosa, en el juguete más barato se desprende con una facilidad asombrosa, lo que puede llevarnos a deducir las consecuencias que tendría si, en lugar de ser nosotros con las manos, es un niño con los dientes quien decide comprobar hasta qué punto es resistente el juguete que acaba de recibir.

Otro ejemplo lo encontramos en el parchís, cuyas piezas imantadas pueden suponer problemas también graves en caso de ser ingeridas; en este caso, la diferencia entre uno y otro tipo de establecimiento es de menos de 5 euros. Por tanto, con diferencias que no suelen superar los 5 o 6 euros, en ningún caso merece la pena buscar ese pretendido ahorro eligiendo establecimientos que no ofrecen las garantías que sí encontramos en jugueterías tradicionales y en juguetes fabricados en España o en el resto de los países de la Unión Europea.

Por otra parte, seguimos encontrando juguetes que no cumplen las normas mínimas de información en el etiquetado, aunque en menor medida que en años anteriores. Hemos visitado una decena de tiendas de comercio asiático y hemos comprobado que dos de los incumplimientos en el etiquetado más frecuentes de los últimos años (la ausencia de marcado CE y no incluir el símbolo de ‘Prohibido para niños de entre 0 y 3 años), aparecen en la gran mayoría de los juguetes que hemos encontrado. Es cierto que el sistema más utilizado es el de la sobreetiqueta, pero la información incluida cumple todo lo exigible. La única pega de este sistema de etiquetado es que son excesivamente genéricas. Así, encontramos juguetes que tienen el símbolo de ‘Prohibido para niños de entre 0 y 3 años’ por tener piezas pequeñas, cuando examinando el juguete no vemos ninguna; por ejemplo, en unas serpientes de plástico de unos 30 centímetros de longitud construidas de una sola pieza. Sin embargo, otros juguetes casi idénticos, pero que simulan un cocodrilo, contienen una advertencia para que sean usados solo por niños mayores de 2 años. No creemos que se esté siguiendo un criterio uniforme a la hora de determinar una u otra edad.

Esta mejora general del etiquetado no debe confundirse con una mejora general de la calidad y seguridad del producto. De hecho, los juguetes que vienen de China siguen copando el ranking de los productos más alertados en el sistema Rapex, como ya comentábamos. Y tampoco quiere decir que no existan productos en el mercado que incumplan esa norma de etiquetado. Así, hemos encontrado un paquete de fulminantes para pistolas de juguetes cuyas advertencias de uso señalan que no es adecuado para menores de 36 meses, pero no incluye el pictograma obligatorio. O un paquete con dos biberones sin la advertencia que, sin duda, debería contener sobre la edad de uso recomendada, toda vez que presentan una forma cilíndrica e imita un biberón, por lo que el riesgo de que un niño menor de 3 años pueda tener un problema parece más que evidente.

La situación general de cumplimiento del etiquetado ha mejorado, pero queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, la calidad y seguridad de este tipo de productos no parece seguir el mismo camino, pues las alertas relacionadas con juguetes que vienen de China no dejan de crecer.

Otro ámbito en el que observamos avances evidentes es en la progresiva desaparición de juguetes que promueven conductas sexistas. En los catálogos de juguetes las empresas se esfuerzan por eliminar los roles femeninos y masculinos colocando, por ejemplo, a un niño empujando un carrito de bebé; sin duda, un reflejo de nuestra sociedad actual. Pero seguimos encontrando ejemplos lamentables. Así, en uno de esos catálogos, se muestra a niñas disfrazadas de Princesas Disney y a niños disfrazados de médicos. También se siguen fabricando triciclos en colores rosa y azul (¿femenino y masculino?) o un conjunto de dos bebés, uno vestido de rosa y otro de azul, denominado ‘Muñecos bebé niño y niña’; perpetuación del color asociado al sexo.

Sin duda, lo que más nos ha llamado la atención ha sido la proliferación de juguetes relacionados con el maquillaje y el cuidado de la piel destinado a niños pequeños. Hemos encontrado un Maletín secreto de maquillaje, varios sets de maquillajes, un estudio de uñas, un bolso con barra de labios o esmalte de uñas, un kit de peluquería o un set de belleza, entre otros muchos productos, destinados a niños y niñas, en muchos casos, desde los 3 años. A esa edad, el juego simbólico es fundamental y cualquier objeto puede servir para explorar roles, pero cuando el juguete está diseñado explícitamente para embellecerse puede transmitir demasiado pronto la idea de que la apariencia es un eje central de su valor personal. Aunque para algunos pueda ser solo un juego inocente, estos productos pueden reforzar estereotipos culturales que asocian, sobre todo a las niñas, con la obligación de ‘estar siempre guapas’. El problema no es el maquillaje en sí, sino la posibilidad de que, introducido a edades tan tempranas, limite el imaginario infantil y normalice estándares estéticos rígidos. A través del juego se construyen expectativas sobre el futuro, así que si se insiste en juguetes que enfatizan la apariencia se puede impulsar la idea de que la autoimagen externa importa más que la creatividad, la valentía o la inteligencia. Por eso, la recomendación es muy clara. Cuando compremos juguetes, elijamos el que más guste a nuestros hijos, pero pasados por el filtro de nuestra madurez y de la libertad para que se sientan como realmente son.

Los fabricantes de los juguetes están obligados a realizar una serie de documentos que acrediten el cumplimiento con las normas de seguridad. También los importadores y los distribuidores deben asegurarse de que el juguete que comercializan es seguro y cumple con la normativa, por lo que deberán también tener a disposición la documentación que lo acredite. También los consumidores deben asegurarse de que un juguete es seguro, para ello siempre deberá comprobar que lleva el correspondiente marcado CE.

De manera general, todos los juguetes deben llevar de forma visible, legible, permanente y en castellano, entre otros, la siguiente información: Nombre o la marca, así como el modelo, la serie o el lote; dirección del fabricante o de su representante oficial o del importador; indicación de conservar los datos del etiquetado; advertencias para evitar riesgos en su uso y manejo; el rango de edad para la utilización, si el juguete así lo requiere; instrucciones de uso, si son necesarias por el tipo de juguete, siempre en castellano, aunque se pueden incluir también en otra lengua; y advertencias sobre los riesgos que puede entrañar el uso del juguete y la forma de evitarlos.

Además, el Reglamento (UE) 2023/988 refuerza las obligaciones horizontales de trazabilidad, comunicación de riesgos, gestión de alertas y retiradas o recuperaciones, incluyendo requisitos específicos para ventas en línea y mercados digitales.

En los juguetes vienen también una serie de advertencias generales que son obligatorias, dependiendo del tipo de juguete. Por ejemplo, la indicación sobre la edad mínima o máxima de los usuarios de los juguetes y, en su caso, su capacidad y su peso máximo o mínimo, o si es necesario que el juguete se utilice únicamente bajo la supervisión de adultos. Los juguetes de actividad (los que sirven para saltar, escalar o trepar) deberán incluir la advertencia ‘Solo para uso doméstico’; los juguetes funcionales (por ejemplo una cocina o una plancha de juguete) ‘Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto’; y los juguetes químicos ‘No conviene para niños menores de (*) años. Utilícese bajo la vigilancia de un adulto’. Todas estas leyendas deben aparecer perfectamente legibles y en español. Y los juguetes que puedan resultar peligrosos para los niños menores de 36 meses deben acompañarse de una advertencia como ‘No conviene para niños menores de 3 años’ y su pictograma.

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La Agencia Española de Protección de Datos ha informado que en los alojamientos no está permitido solicitar una copia del DNI o pasaporte al cliente, en el marco del Real Decreto 933/2021 sobre el registro de viajeros, que establece la obligación del titular de la actividad de hospedaje de recoger determinados datos de las personas que
hagan uso de sus servicios.

La agencia ha justificado en un comunicado que esta práctica vulneraría el principio de minimización de datos y supondría un tratamiento ‘excesivo’, debido a que el DNI completo contiene más datos que los obligados a aportar en virtud de la normativa aplicable, como la fotografía, la fecha de caducidad del documento, el CAN o el nombre de los padres.

Asimismo, la Agencia Española de Protección de Datos ha asegurado que entregar una copia de la documentación personal implica, entre otros, un riesgo innecesario de suplantación de la identidad, que debe ser evitado o, por lo menos, mitigado de manera efectiva.

Adicionalmente, ha recordado que el DNI no contiene la totalidad de la información solicitada en el Anexo I del Real Decreto 933/2021, por lo que, por sí solo, no es un recurso válido para poder cumplir con la citada norma.

Respecto a la recogida de los datos que requiere el Real Decreto 933/2021, la Agencia Española de Protección de Datos considera que podría ser suficiente con que las personas faciliten o completen un formulario que recoja exclusivamente los datos exigidos en los apartados A.3 y B.3 del Anexo I del Real Decreto. Esto incluye datos de los viajeros como nombre, apellidos, sexo, número de documento de identidad, fecha de nacimiento o teléfono móvil.

En caso de recogida de datos en línea sin atención presencial, esta verificación puede realizarse mediante mecanismos como certificados digitales. Por otro lado, recuerda que también es posible la verificación de que los datos y la información proporcionada concuerda con los datos asociados al medio de pago utilizado.

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Para quienes tienen hijos en edad escolar, la vuelta al cole es un gasto ineludible pues, por mucho que podamos aprovechar material o ropa ya comprados el curso anterior, siempre habrá que reponer. Sin embargo, no es tan fiero el león como lo pintan. Tradicionalmente, organizaciones y entidades de todo tipo lanzan sus previsiones de gasto escolar durante el mes de agosto, calculando un importe de la vuelta al cole que, casi sistemáticamente, se va por encima de los 400 o 500 euros. Pero ¿Es posible ahorrar en esta factura?

El coste del material escolar es uno de los principales factores que contribuyen al gasto económico que enfrentan las familias durante la vuelta al cole y, de hecho, para muchos será el único absolutamente ineludible. En los últimos años, además, se ha observado un incremento significativo en el precio del material escolar, influido por factores como la inflación, la incorporación de tecnologías en el aula y las tendencias de consumo que promueven marcas y productos de mayor coste.

Pero es posible ahorrar, y mucho. Lo primero que debemos hacer es repasar concienzudamente lo que nos sobró del curso pasado. Lo más probable es que tengamos cajas de lápices de colores, bolígrafos, rotuladores o cuadernos a medio uso, y no supone ningún problema que nuestro hijo empiece sus clases con ese material. Sin duda, habrá que completarlo más tarde, pero habremos reducido el impacto económico de la vuelta al cole. Además, podemos aprovechar las ayudas que algunos ayuntamientos lanzan para ayudar a las familias con menos recursos. Por ejemplo, el de Mérida destina 70 euros por alumno de educación obligatoria.

Por otro lado, en Extremadura existe una deducción de 15 euros en la declaración de la renta por alumno. No es mucho, pero algo ayuda. En cualquier caso, y para maximizar el ahorro en material escolar, debemos, como en cualquier acto de consumo, comparar precios. En muchas ocasiones pensamos que lo más económico es recurrir al comercio asiático; sin embargo, hemos hecho un estudio que lo desmiente, en favor de las pequeñas papelerías y librerías de barrio. En estos establecimientos podemos encontrar no solo un asesoramiento especializado, sino, por lo general, mejores precios. Así, hemos encontrado diferencias en lápices negros Staedtler 2B del 18%, en cuadernos de 80 hojas cuadriculadas del 21% o en reglas de 30 centímetros del 32%, siempre a favor de la papelería.

Un aspecto que también puede resultar interesante, aunque con matices, es el de los paquetes ahorro. Así, hemos encontrado, por ejemplo, conjuntos de 10 bolígrafos a un precio que es, por unidad, un 8% más barato que comprarlos individualmente. Pero es importante tener en cuenta el uso que le vamos a dar. Si, por ejemplo, tenemos dos hijos en edad escolar y vemos una oferta muy atractiva por comprar 10 paquetes de folios (5.000 en total), debemos valorar si merece la pena la inversión, pues lo más probable es que tengan folios para el resto de su vida en el colegio. Así, reducir el importe total de la vuelta al cole en septiembre puede pasar por comprar estrictamente lo necesario.

Por otro lado, debemos admitir que el gasto en libros de texto ha disminuido en los últimos años de forma radical. En primer lugar, porque el sistema de préstamo de libros funciona realmente bien en Extremadura. En principio, las ayudas a libros de texto se dirigen a familias con determinados niveles de renta, en función del número de miembros, así como a las numerosas. Estas ayudas están gestionadas por los centros, que entregan lotes a las familias beneficiarias con el requisito de que los devuelvan al final de cada curso. El objetivo es formar un banco que con el tiempo se vaya nutriendo de material, de modo que al cabo de unos años se pueda disponer de libros para todos los alumnos, con independencia de que sean o no beneficiarios de la subvención. Este objetivo estaba prácticamente cumplido, aunque la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación hace un par de años obligó a cambiar muchos de ellos.

Y, en segundo lugar, por el floreciente mercado de segunda mano organizado alrededor de los libros de texto. Hay portales especializados que han registrado un aumento significativo en la demanda de estos artículos, con un incremento del 118% en julio en comparación con el mismo mes del año anterior. Este mercado de segunda mano puede suponer un gran ahorro para las familias pues, si tuviéramos que pagar todos los libros, pasaríamos de los más de 250 euros de media por niño a poco más de 80 euros que gastaríamos en el mercado de ocasión.

Por último, el otro gasto relevante asociado a la vuelta al cole, es el uniforme; o la ropa, porque en Extremadura, en la gran mayoría de los colegios, el uniforme no es obligatorio, si exceptuamos privados y algún concertado. No vamos a entrar en el debate de ‘uniforme sí, uniforme no’, porque ambas opciones tienen sus ventajas e inconvenientes. Pero sí podemos, elijamos lo que elijamos, aprovechar los últimos días de rebajas para comprar, desde ropa interior hasta deportiva, a un precio inferior al de temporada normal.

No obstante, aunque no optemos por el uniforme, tendremos que hacer frente a la compra seguramente de calzado, ropa deportiva, etc. Además, por mucho que en las tiendas empiecen a anunciar en sus escaparates la temporada de otoño/invierno, no es necesario comprar ahora abrigos o botas de agua, que no harán más que hacer más dura la cuesta de septiembre y adornar nuestros armarios durante unas semanas más.

En lo que llevamos de año, hemos podido observar cómo, paulatinamente, iba subiendo el precio de los suministros, del aceite de oliva, de la cesta de la compra… la vuelta al cole también. Y es que, por muy ‘gratuita’ que sea la educación pública, los padres también tienen que adquirir libros, material escolar, uniformes o ropa.

A medida que un alumno va avanzando por los diferentes cursos de la educación obligatoria el precio del material escolar en su conjunto se vuelve cada vez más desorbitado. La inflación en la vuelta al cole supone una pérdida de la capacidad de ahorro para todas las economías familiares. No obstante, tenemos posibilidades de aliviar el gasto de la vuelta al cole. Reutilizar material y ropa, solicitar préstamo de libros o ayudas públicas, buscar en webs de segunda mano, planificar y aplazar compras, son solo algunas de las acciones que podemos llevar a cabo para que la vuelta al cole no suponga demasiado descalabro en nuestra economía. Además, podemos aprovechar para inculcar valores de consumo sostenible, inteligente y crítico a nuestros hijos, haciéndoles ver que, más allá de marcas y caprichos, existen productos en el mercado que, sin tanta parafernalia, cumplen perfectamente su cometido sin empeñar la viabilidad de la economía familiar.

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Internet alberga datos personales que, en algunas ocasiones, podrían llegar a perjudicar la imagen de algún ciudadano. Y existen determinados casos en los que los afectados tienen la posibilidad de reclamar que se borre su huella, ya sea en buscadores, redes sociales o incluso medios de comunicación, gracias al conocido como ‘derecho al olvido’.

El derecho al olvido permite a las personas físicas solicitar a los buscadores que retiren los resultados que contienen datos personales suyos y les afectan.

Técnicamente, en principio es el derecho frente a los buscadores (Google, Bing, Yahoo…), pero ya se utiliza como sinónimo de borrar datos de internet, como pueden ser nombre y apellidos, DNI, fotos, vídeos, etc. De esta manera, cuando se busque por sus datos personales, ya no aparezcan.

Esta problemática afecta actualmente a muchísimos usuarios; cada año a más. Todo empezó en 2014, cuando el abogado español Mario Costeja fue el primero en obtener una resolución en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que concretamente obligaba a Google a retirar sus datos. Desde que se hizo pública la sentencia el movimiento ha empezado a crecer y no ha parado.

“Además, en los dos o tres últimos años, el aumento es mucho más notable; cientos de afectados recurren cada mes a nosotros para eliminar sus datos de internet”, explica este abogado.

El proceso que se sigue cuando alguien desea eliminar su rastro de internet comienza con el estudio del caso. El cliente expone su situación y facilita los enlaces donde aparece la información que quiere eliminar. El siguiente paso es determinar la viabilidad de la solicitud y comprobar si se cumplen una serie de requisitos.

En caso de que sea viable, se preparan las reclamaciones y se envían a la web, red social, medio de comunicación, etc., donde están alojados los citados datos. Normalmente se suele llevar por la vía extrajudicial; pero, cuando no se retira la información o no se recibe respuesta, hay que recurrir a la vía judicial, aunque esto sucede en la menor parte de las reclamaciones. Todo ello, suele llevar un tiempo medio de 15 a 30 días, aunque puede variar dependiendo de algunos factores, como si finalmente es necesario acudir a los tribunales.

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Muchas personas se han preguntado alguna vez qué pasa con las redes sociales cuando fallece un ser querido. La Ley de Protección de Datos ha previsto esta situación al incluir el concepto de ‘testamento digital’, que no es más que el legado de nuestras claves y contraseñas a nuestros herederos para que puedan gestionar esos perfiles sociales de la manera que nos gustaría después de nuestro fallecimiento.

La primera opción no es la eliminación total del perfil de ese ser querido, sino su transformación en un espacio para la memoria y el recuerdo. Diversas plataformas ofrecen la posibilidad de convertir una cuenta personal en conmemorativa (por ejemplo, es una de las posibilidades de Facebook con personas fallecidas). Para ello se deberá comunicar el fallecimiento de esa persona y verificar que se es el heredero de su perfil. Esta persona estará desde ese momento autorizada a realizar publicaciones y aceptar solicitudes, pero no tendrá acceso a los mensajes privados de la persona fallecida.

En el caso de no querer que ese perfil perdure como lugar para el recuerdo, y que el deseo sea eliminar lo antes posible esa cuenta, las plataformas ofrecen formularios que, una vez rellenados y aprobados, permiten eliminar definitivamente el perfil de un ser querido. Deberá realizarse la correspondiente solicitud, aportando la documentación exigida para verificar que esa persona ha fallecido, lo que incluye el certificado de defunción o una prueba de ser el heredero de ese perfil social.

Si ningún familiar realiza ningún trámite para eliminar las redes sociales de una persona fallecida, es muy posible que la propia plataforma se encargue con el tiempo de ‘borrar’ el rastro de nuestro ser querido de internet. Hay redes sociales cuya política es dar de baja automáticamente los perfiles de los usuarios inactivos.

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