Las prácticas externas becadas no son una relación laboral, puesto que su objetivo fundamental es integrar los conocimientos teóricos con la práctica, otorgando a los becarios un primer contacto con la realidad profesional. De ahí que se requiera la práctica guiada para que el becario adquiera las competencias necesarias para el manejo de situaciones empresariales reales. Estas prácticas externas pueden desembocar en la contratación laboral de quienes las desarrollan de manera satisfactoria y correcta. Es más, pueden convertirse en una herramienta de las políticas activas de empleo.
Las prácticas se regulan en el Real Decreto 592/2014, que suplía una escasa regulación que provocaba abusos en la utilización de las prácticas por parte de algunas empresas, que las utilizaban para sustituir a verdaderos trabajadores y ahorrarse importantes costes empresariales.
En ocasiones, por las características de las prácticas remuneradas, estas pueden convertirse en una zona gris del Derecho laboral, hasta el punto de convertirse en relación laboral.
Lo cierto es que los jóvenes se mueven entre la necesidad de trabajar, la incertidumbre y la precariedad laboral en forma de bajos salarios, trabajo flexible, relaciones encubiertas, temporalidad en el empleo, horarios cambiantes, deficientes condiciones laborales o dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.
El Tribunal Supremo señala, para distinguir entre beca y contrato de trabajo, que la finalidad de la beca no es beneficiarse de la actividad del becario, sino la ayuda que se presta en su formación. El rasgo diferencial de la beca es su finalidad de facilitar el estudio y la formación del becario, y no la de apropiarse de los resultados o frutos de su esfuerzo.
Así pues, hay que evitar el fraude que pueden llevar a cabo las empresas al querer tener a estudiantes en prácticas como verdaderos trabajadores asalariados con un ahorro de su coste económico. Además, la protección laboral y social dispensada a los estudiantes en prácticas puede dar lugar a cierta confusión por parte de los empresarios, que admitan deliberadamente que, como con las prácticas externas los estudiantes ya reciben una mínima protección sociolaboral, pretendan lograr otro tipo de finalidad que no sea la formativa.
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