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Desde esta tribuna, hace más de 10 años ya, venimos defendiendo acciones, proyectos e iniciativas para normalizar la vida de las personas con discapacidad, con especial hincapié, en este caso, de las personas con discapacidad intelectual. Y normalizar implica otorgar completa participación social, con plenitud de derechos, incluido el de participar en las decisiones colectivas, como son los procesos electorales. Y es que, hasta ahora, más de 100.000 personas se veían privadas en España del derecho al voto por una visión restrictiva de la discapacidad intelectual.
Esta realidad legal ha empezado a cambiar a raíz de la aprobación de la toma en consideración de la proposición de Ley presentada por la Comunidad de Madrid, y aprobada por 341 de los 350 diputados del congreso. Y, el pasado 19 de septiembre, la Sala constitucional de Congreso de los Diputados acogió la votación de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Régimen electoral general, que supone el necesario paso previo para que la reforma de la Ley sea efectiva a lo largo de este mes de octubre.
La modificación legal que se propone recoge una reformulación del artículo tercero de la Ley Electoral para eliminar los apartados que limitan el ejercicio del derecho al sufragio de, entre otras personas, “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente su incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”. Además, añade a la citada ley una disposición adicional para dejar sin efecto, a partir de su entrada en vigor, “las limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio establecidas por decisión judicial fundamentadas jurídicamente”, añadiendo también que “aquellas personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley”.
Esta modificación legal, largamente demandada por muchas personas y colectivos, se produce además al amparo de la trasposición a la legalidad española de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad, firmada y ratificada por España, que va camino de convertirse en uno de los pocos países europeos que eliminan todas las trabas legales para el ejercicio del derecho de sufragio por las personas con discapacidad.
Precisamente de Europa, más concretamente del Consejo de Europa, en palabras de la comisionada de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, recibió España una seria advertencia de que no se puede privar del derecho al voto a las personas con discapacidad intelectual. “Nadie debería ser privado del derecho al voto debido a sus discapacidades. Las personas con discapacidades intelectuales y psicosociales no son una excepción”. Estas palabras las plasmó en sus observaciones escritas presentadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso de la española María del Mar Caamaño Valle contra España, por haberle retirado el derecho al voto un tribunal. Y es que privar a las personas con discapacidad del derecho a voto supone una discriminación que no protege ni a la persona ni a la sociedad.
En nuestra región ha sido Plena inclusión Extremadura una de las entidades que más ha luchado por hacer posible esta restitución de derechos para las personas con discapacidad. En palabras de su presidente, Pedro Calderón, “este paso es fundamental para que algo más de 3.000 extremeños y extremeñas, que en la actualidad tienen retirado su derecho al voto, puedan participar en las próximas elecciones europeas, autonómicas y locales de mayo de 2019”.
Hay que recordar que Plena Inclusión ha llevado a cabo acciones exigiendo la recuperación de este derecho, tanto a nivel nacional como autonómico. En febrero de 2017 una delegación extremeña participó en la concentración reivindicativa frente a las puertas del tribunal Constitucional bajo el lema #mivotocuenta
Pero para poder ejercer el derecho al sufragio correctamente y con plenitud de garantías, los programas electorales y procesos diversos han de ser accesibles, algo que también reclama Plena inclusión.
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