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Es verano. Tiempo para leer, pensar, evaluar y hacer proyectos de cara al nuevo curso. Y para plantearnos seriamente cómo profundizar en una educación inclusiva. Ha llegado a mis manos el Informe sobre la investigación relacionada con España en relación con el derecho a la educación de las personas con discapacidad, realizado por Naciones Unidas. Y, sinceramente he de decirlo, me he encontrado con situaciones carenciales que yo misma tuve que padecer allá por los años 70, en un país, una sociedad y una mentalidad afortunadamente superada. O eso creía yo.
El informe, realizado a instancia de las entidades que trabajan con personas con discapacidad, comienza denunciando los incumplimientos del Estado español frente a su propia Constitución, que le obliga a incluir dentro del corpus legal español cualquier tratado internacional que firme. Hace décadas ya que España firmó la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, que manda adaptar la legislación interna en pos de la igualdad real y efectiva de todos los ciudadanos. Esto aún no se ha producido, por lo que las personas con discapacidad, especialmente los niños, resultan gravemente lesionadas en sus derechos humanos más elementales, como el de recibir una educación inclusiva en plano de igualdad con el resto de la sociedad a la que pertenecen. Los gobiernos competentes deben garantizar la educación inclusiva y de calidad para todos sus ciudadanos sin distinción. La educación inclusiva valora la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza y aprendizaje y favorecedor del desarrollo humano. La dispersión del marco regulatorio educativo, además de la carencia de una directriz unificada en todo el país, dificulta sobremanera el establecimiento de un modelo eficaz de educación inclusiva, que ha de contar para su desarrollo con la intervención de todos los sectores implicados: progenitores, profesores, alumnos y responsables de la política educativa.
La normativa interna española propone, en efecto la educación inclusiva, pero contiene aún preceptos que permiten la exclusión sobre la base de la discapacidad, utilizando además el mismo lenguaje de la legislación de 1982, a pesar del tiempo transcurrido. Contempla como excepcional la escolarización en centros de educación especial de los alumnos con necesidades educativas especiales, y solo en los casos en que no puedan ser atendidos en los centros educativos ordinarios. Pero el informe denuncia que lo que debería ser la excepción se constituye en muchas ocasiones y por diversos factores en norma, alcanzando en algunas comunidades al 88% del alumnado, un porcentaje absolutamente irracional.
La evaluación de las necesidades especiales de un alumno, según la legislación vigente, habrá de hacerse por personal con la debida cualificación y en términos fijados por las administraciones educativas. Esta amplia concepción da lugar a diversidad de perfiles de los profesionales y las prácticas aplicadas a su trabajo, careciendo de directrices claras y unificadas, ya que las técnicas y modalidades de la evaluación quedan a su exclusivo criterio. En la etapa de escolarización, la falta de adecuación de medios y condiciones provoca que la tasa de abandono escolar en niños y, especialmente, en niñas con discapacidad, sea superior a la media del alumnado.
Otro aspecto que menciona el informe es que el procedimiento de evaluación psicopedagógica del alumno con discapacidad suele derivar en dictámenes que estigmatizan al alumno como no evaluable en el sistema de educación general, en lugar de explorar todas las posibilidades de inclusión en centros educativos ordinarios. La falta de adaptación de los currículos para ajustarlos a los progresos individuales del alumno, de evaluación del nivel de inclusión con sus compañeros en actividades extraescolares y horarios de comedor o recreo, además de la carencia de definición de los ajustes razonables con respecto al transporte escolar y otros requisitos de accesibilidad derivan, con demasiada frecuencia, en la asignación injusta del niño a un centro de educación especial.
El informe denuncia otras muchas carencias del sistema, e incluye una serie de recomendaciones que pasan por adoptar, entre otras muchas, las medidas necesarias de tipo práctico, de capacitación profesional, incrementar la toma de conciencia y las medidas contra la discriminación, los estereotipos y prácticas nocivas, etc.
En definitiva, pone tareas a toda la sociedad, y merece ser leído y atendido.
Más información e informe en castellano
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