Varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han llamado la atención recientemente sobre el uso abusivo del empleo temporal en las Administraciones Públicas españolas. Hemos de partir del hecho de que, según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2016, la tasa de temporalidad se sitúa en el 26,9%, la segunda más alta de la Unión Europea tras Polonia. Ello revela que uno de los problemas endémicos del mercado de trabajo español es que la tasa de empleo temporal casi dobla la media de la Unión Europea, lo que produce perniciosos efectos, tales como peores condiciones de trabajo, mayor vulnerabilidad, un riesgo de enquistamiento de la temporalidad y un desequilibrio del mercado laboral. Lo más grave es que la reforma laboral de 2012, uno de cuyos principales objetivos era combatir la temporalidad, no ha corregido este mal; más bien todo lo contrario.
La incipiente consolidación de diversas formas de trabajo atípico explica que, ya en los años noventa, el Derecho comunitario europeo impulsara algunas iniciativas en esta materia, que trataban de canalizar su uso a través del reconocimiento de garantías a los trabajadores.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido consolidando una doctrina que critica el uso patológico del empleo temporal, y que al mismo tiempo deja al descubierto, y en una posición embarazosa, el abuso en la utilización del trabajo de duración determinada en nuestro país.
De hecho, tres sentencias del 14 de septiembre de 2016 ponen de manifiesto la incapacidad del ordenamiento jurídico español para atajar la utilización abusiva de las modalidades contractuales temporales; aunque las tres sentencias afectan al sector público, este anómalo funcionamiento se extiende también al ámbito privado, y exige respuestas normativas por parte del Estado.
Estas sentencias reflejan que, tanto en la esfera de régimen administrativo como en la laboral, el problema no es que el marco regulador de los contratos o nombramientos temporales sea deficiente, sino que no se aplica esa normativa. Por otro lado, una de esas tres sentencias parece cerrar la puerta a una posible reforma que simplificara las fórmulas contractuales a través del denominado contrato único.
Respecto de la contratación temporal en régimen de Derecho Administrativo, el Tribunal plantea la necesidad urgente de un cambio normativo para combatir la precariedad del personal estatutario temporal de los Servicios de Salud y de los funcionarios interinos.
No hay que olvidar que el Tribunal de Justicia interpreta y aplica el Derecho de la Unión Europea, por lo que los ordenamientos jurídicos de los Estados miembro se ven potencialmente afectados por esos criterios jurisprudenciales.
En suma, la abochornante llamada de atención al Estado español que representan estas tres sentencias debería servir de estímulo para atajar el recurso abusivo a la contratación o al nombramiento temporal para cubrir puestos de trabajo de naturaleza permanente. Este es el reto que tenemos por delante, y no se puede olvidar al plantear y llevar a cabo los imprescindibles cambios normativos, que no admiten demora.
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