“Las políticas sociales son una absoluta prioridad para el gobierno extremeño”
Con la nueva estructura de la Consejería las competencias de Vivienda se integran en las políticas sociales por la grave problemática existente en la región.
El cumplimiento de la Ley de autonomía personal y atención a la dependencia, así como el blindaje de la financiación a las personas dependientes, de la renta básica y del carácter público del sistema sanitario, serán los ejes fundamentales de la acción del Gobierno regional.
Anuncia Maján. Fotos: Felipe Ferrín
Llegan tiempos nuevos a la política regional. Las elecciones del pasado 24 de mayo devolvieron el poder autonómico en Extremadura al Partido Socialista. Guillermo Fernández Vara repite pues como presidente de la Junta de Extremadura, cuatro años después de perder frente al Partido Popular de José Antonio Monago.
Pero el presidente Fernández Vara, que tomó posesión el 4 de julio, se confiesa como un político muy distinto a aquel que lo hiciera el 29 de junio de 2007. La derrota electoral de 2011 y, sobre todo, la grave crisis económica que ha golpeado sin piedad a la sociedad extremeña, además del hecho de no disponer de mayoría absoluta, han impulsado un cambio de modos de actuar en política, que ahora supone hacer más con menos recursos, poniendo al ciudadano como eje central de todas las políticas, además de tratar de restaurar en la medida de lo posible los daños que la situación económica y social han infligido al cuerpo social, en especial a los sectores más desfavorecidos. Y todo ello haciendo del diálogo y la negociación permanente las herramientas básicas para sacar adelante iniciativas y proyectos.
Se trata pues, según Fernández Vara, de hacer política a pie de calle, mirando a los ciudadanos cara a cara, y potenciando las políticas sociales como pilar importante de la gestión política.
Dentro de la nueva estructura del gobierno regional, que reduce de siete a cinco el número de consejerías, las políticas sociales vuelven a estar ligadas a la Consejería de Sanidad, que suma además la competencia de Vivienda. Diez direcciones generales se integran en la estructura administrativa de esta nueva consejería.
Para dirigirla ha sido nombrado José María Vergeles Blanca. Natural de Fuente del Maestre y formado en la Universidad de Extremadura, ha estado desarrollando su labor profesional como médico de atención primaria, y además no es nuevo en la gestión pública. En el anterior gobierno de Fernández Vara ya formó parte del equipo directivo del Servicio Extremeño de Salud. Muy madrugador y habituado a dormir poco, este usuario habitual de las redes sociales ha venido realizando un seguimiento exhaustivo de las políticas sociosanitarias del anterior gobierno, con las que ha sido muy crítico.
José María Vergeles ha querido tener con Grada la primera entrevista que concede a un medio de comunicación tras su nombramiento y toma de posesión, para dar a conocer sus impresiones y los objetivos que tiene por delante en los próximos cuatro años.
En primer lugar, y preguntado por la situación que ha encontrado al llegar a la consejería, Vergeles lamenta la pérdida de derechos que a su juicio ocasionó el Real Decreto 16/2012, que regulaba los copagos farmacéuticos entre otros aspectos, además de la universalidad de la asistencia sanitaria.
En cuanto al Sepad, el informe de traspaso de poderes entregado por el anterior ejecutivo detalla la situación de los proyectos en este momento, aunque considera que lo más destacado durante estos cuatro años ha sido la revisión de oficio realizada a muchas personas dependientes y la consiguiente disminución de prestaciones que han sufrido. Esto obliga, según Vergeles, a una revisión completa del cumplimiento de la Ley de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia (1) y poner en marcha un plan urgente para “rescatar lo concerniente a prestaciones y ley de Dependencia”, y que consiste en “destinar, de forma prioritaria, 20 millones de euros para reflotar las prestaciones y el grado de ejecución de la Ley”. En las próximas semanas “tenemos que acometer que se incorporen a la Ley todas las personas dependientes en grado 1, lo que parece que cuenta con crédito suficiente”.
En el ámbito de las políticas sociales, Vergeles considera como lo más preocupante toda la problemática referente a la Renta Básica; “la Renta Básica tiene dos problemas urgentes que resolver, que haya rentas básicas concedidas pero que no se están pagando por no haberse hecho la correspondiente dotación crediticia, y la aportación económica correspondiente al convenio firmado con las entidades locales y mancomunidades destinado a 115 trabajadores sociales; se trata de 1,6 millones de euros que se han de derivar de otras partidas presupuestarias para darle continuidad a la labor de esos trabajadores en los 60 municipios en los que trabajan”. Vergeles insiste en que es prioritario para este Gobierno todo lo referente a políticas sociales, e intentar evitar situaciones de exclusión social. “Por eso hablamos de blindar determinadas políticas, como la financiación de la atención a la discapacidad, a través de un nuevo Madex (Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura) dotado presupuestariamente con un 0,8% del PIB, además de los 20 millones ya citados. También pretendemos asegurar con 80 millones la Renta Básica y la atención a las personas dependientes. Es un blindaje económico y de prestaciones”.
El consejero considera que con respecto a la anterior etapa socialista en el gobierno regional se han perdido recursos “como las Aises (Ayudas para la Integración en Situaciones de Emergencia Social), suprimidas y sin sustitución hasta la puesta en marcha de la Renta Básica”. La situación actual supone un riesgo de exclusión social muy alto, con lo cual la sensibilidad política ha de ser diferente a la anterior etapa, procurando una salida a la crisis más igualitaria para todos.
Preguntado por la devolución del exceso pagado en muchos casos por el copago farmacéutico, y la posible supresión o atenuación de este, Vergeles lamenta el abandono del anterior sistema, que solo distinguía entre trabajadores activos y pensionistas, que no pagaban nada. “La situación actual es injusta, puesto que los tramos de ingresos fijados son injustos socialmente. Hay muchos factores sociales que habría que reconsiderar para el copago”. Al tratarse de un copago fijado por una ley estatal el gobierno regional solo puede intentar paliar las consecuencias, vigilando que se pague únicamente lo que corresponde y no más. “El exceso de copago se ha de devolver sin trabas burocráticas, y sin exigencias a toro pasado, que muchas veces necesitan que el paciente sea asesorado en la gestión de la devolución. Pretendemos devolver de oficio, lo antes posible, todo el exceso de copago abonado durante los años 2012 y 2013, al menos. En nuestra idea también está utilizar algunas partidas ahora destinadas a subvenciones para eximir del copago farmacéutico a determinados tramos de renta”.
Sobre el compromiso de reabrir los Puntos de Atención Continuada que se cerraron en 2012, “su reapertura será cuestión de unas semanas, reabrirán todos tal y como estaban cuando se cerraron”, y también “se procederá a una actualización detallada del mapa de recursos sanitarios, puesto que el último se realizó en 2008”.
La Ley de tiempos de respuesta en la Sanidad pública (2) “se está incumpliendo, lo he sufrido como profesional en ejercicio de la Sanidad”. “Es inherente a cualquier sistema sanitario público la existencia de listas de espera, por su carácter de atención universal. La ley de tiempos de respuesta tiene muchas alternativas para su cumplimiento en unos mínimos aceptables. Dentro de las 60 medidas de la agenda del cambio se contempla la puesta en marcha, con recursos propios, de planes de choque en algunas especialidades, necesarios para reducir las listas de espera, al tiempo que trabajaremos en tiempos de respuesta sostenibles sanitaria y socialmente, implicando a los servicios de admisión y a los servicios clínicos, así como al Defensor del usuario y a la Dirección General de Asistencia sanitaria. Con todos estos recursos se puede cumplir la ley, o al menos ofertar una alternativa clínica al paciente en un tiempo razonable”. Tras el oportuno estudio y acuerdos con los sindicatos se podrían reabrir consultas de atención primaria por las tardes. La atención primaria, sobre todo en áreas urbanas, necesita una reducción urgente de los tiempos de espera, además de reimpulsar recursos como el programa de retinografía, dirigido a pacientes cuya salud visual se pueda ver afectada por la diabetes, que evita generar lista de espera en oftalmología, la ecografía de atención primaria, y las pruebas de atención complementaria que puedan pedir los médicos de familia desde sus consultas. Asimismo hay que trabajar en la atención a la epidemia de enfermedades crónicas que padece la sociedad extremeña por su estructura demográfica.
El gobierno regional es consciente de que necesita diálogo parlamentario permanente y abierto, sobre todo en aspectos como la Renta Básica o la política de vivienda, incluida como parte consustancial de las políticas sociales, lo cual, según Vergeles, “es lógico en la época que vivimos. El presidente tiene el compromiso de reunirse con las entidades bancarias para paralizar los desahucios ocasionados por no poder pagar la vivienda. Hay una amenaza de alrededor de 1.500 desahucios en tiempo próximo, que requieren una moratoria para evitar situaciones extremas, y revisar las condiciones legales que pueden llevar a un lanzamiento, como pueda ser el impago de un recibo. Pero el derecho constitucional a una vivienda digna también ha de ser bien utilizado”.
El consejero considera que aún se ha de invertir mucho en accesibilidad en Extremadura, para posibilitar el cumplimiento de la legislación sobre accesibilidad universal. “Es una buena inversión, que ha de ir acompañada de concienciación”. El consejero es consciente de la necesidad de mejoras de accesibilidad en espacios de servicio público, como las consultas sanitarias, pero contando con las limitaciones económicas que sobrevuelan toda la acción del gobierno. Se pueden calificar de “muy positivos” los convenios y acuerdos de la Dirección General de Arquitectura con ayuntamientos y otras instituciones, y la perspectiva de potenciar el turismo accesible en Extremadura, impulsando también la existencia de medios adecuados de transporte público de largo recorrido.
José María Vergeles se despide de los lectores de Grada reiterando el compromiso del Ejecutivo regional para intentar resolver los problemas de la gente, impulsando entre otras cuestiones el cumplimento de las 60 medidas incluidas en su programa electoral, y sin perder el contacto diario y directo con la realidad.
Con esta primera entrevista (que agradecemos como medio de comunicación al servicio de Extremadura y sus ciudadanos), hemos pretendido dar una perspectiva general de la amplia cartera de competencias que abarca esta consejería. Siempre quedan asuntos que tratar, pero esperamos que esta línea de diálogo y divulgación se mantenga y profundice en los próximos años, y deseamos éxito, que será en beneficio de todos, al nuevo Gobierno extremeño en su gestión.
(1) BOE núm. 299 de 15 de diciembre de 2006
(2) www.boe.es/boe/dias/2005/07/29/pdfs/A26890-26894.pdf
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