El consejero Vergeles defiende la futura Ley contra la exclusión social como una medida de “justicia social».
La Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social se tramitará por la vía de urgencia, según se ha ratificado en la Asamblea de Extremadura, tras aprobar el Consejo de Gobierno el decreto-ley de Medidas Extraordinarias para luchar contra la Exclusión Social, entre las que figuran la universalización de la atención sanitaria, la modificación de algunos aspectos de la Renta Básica de Inserción, la regulación de los mínimos vitales en materia de agua y electricidad, y mejoras en el derecho de acceso a la vivienda.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, señaló que “no puede ser que después del Real Decreto 16/2012 sigan existiendo en nuestro país ciudadanos y ciudadanas excluidos de la atención sanitaria”.
De este modo, ha justificado que el citado decreto-ley garantice la igualdad efectiva en las condiciones de acceso de los extranjeros a los servicios y actuaciones sanitarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En relación con la Renta Básica de Inserción, el consejero ha anunciado que las modificaciones respecto a la Ley de 2014 consisten en que, a partir de ahora, habrá una convocatoria única y abierta durante todo el año, y que se regula el silencio administrativo en sentido positivo respecto a la concesión del derecho a percibir esta prestación.
Además, se podrá cobrar al día siguiente de la emisión de la resolución favorable a la concesión, y “se permitirá la subrogación de la Renta Básica en aquellas parejas que se separen y el cónyuge se quede con la custodia de los hijos y se encuentren en situación de vulnerabilidad social”.
Respecto a las ayudas para mínimos vitales, las subvenciones no se tramitarán por medio de los ayuntamientos, sino que se firmarán convenios de colaboración con empresas distribuidoras de luz y agua con el fin de mejorar la comunicación previa a los cortes de suministro eléctrico por impagos y, de este modo, evitarlos.
Bono social y acceso a la vivienda
Otro de los objetivos será un mejor aprovechamiento del bono social que las empresas distribuidoras tienen la obligación de poner a disposición de las familias más desfavorecidas.
En relación con el derecho de acceso a la vivienda, el decreto-ley establece que el sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública obedecerá a criterios técnicos y no se efectuará por sorteo, como hasta ahora. Además, se amplía en dos años la duración máxima de las minoraciones del 100% de la renta de los contratos para aquellas unidades familiares cuyos ingresos se hayan visto reducidos de forma considerable por la crisis económica.
El decreto-ley contempla también una ayuda al alquiler social para las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias que hayan solicitado una vivienda de promoción pública y que no la hubieran obtenido.
Por último, incluye una medida en relación con las ocupaciones ilegales, no con el fin de “despenalizar” este tipo de actuaciones, según Vergeles, sino para no excluir de los procedimientos de adjudicación posteriores a familias que hubiesen tenido que recurrir a la ocupación ilegal tras haber solicitado una vivienda de promoción pública sin obtener una respuesta favorable.
Medida de justicia social
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales entiende que se deben adoptar “medidas excepcionales” contra la exclusión social, como puso de manifiesto durante el debate parlamentario en el que se dio luz verde por unanimidad a que el decreto-ley aprobado por la Junta de Extremadura sea tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia, lo que permite las aportaciones de los grupos parlamentarios.
Garantizar la universalidad de la atención sanitaria, hacer más ágiles y eficaces las políticas sociales vinculadas a la renta básica, los mínimos vitales o contingencias, el derecho al acceso a la vivienda y la lucha contra los desahucios por no poder pagar, son las bases de esta norma que busca la “justicia social, no la caridad”, en palabras de Vergeles, quien recordó los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que sitúan a Extremadura con un riesgo de pobreza del 29%, siete puntos por encima de la media nacional.
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