Extremadura cuenta con una Ley LGBTI desde 2015, pionera en derechos ‘queer’ en España, pero se han registrado 31 delitos de odio en Extremadura en 2016 y 18 en 2017. El respeto es una exigencia básica para cualquier sociedad democrática y de convivencia pacífica, y las crecientes cifras en delitos de odio y su brutalidad, dentro y fuera de Extremadura, suponen un peligro alarmante.
Hace casi 30 años que la homosexualidad salió del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales; ahora se ha sumado la transexualidad, y hace escasos meses se aprobó un protocolo de actuación sanitaria para personas trans.
Ahora la reivindicación debe centrarse en evitar la patologización social que siguen sufriendo las personas LGBTI; toda la lesbofobia, gayfobia, bifobia, transfobia e interfobia inherentes a la sociedad actual y, lo que es más importante, presentes en el seno mismo de nuestra educación. Sin una escuela y un instituto que reconozca todas las realidades, acepte y proteja a todas las personas ante las agresiones por LGBTfobia, estaremos vulneradas de por vida. La educación es la ‘cura’ a la ‘patologización’; invertir en valores en educación y generar empatía y solidaridad es una de las reivindicaciones que sigue haciendo el Consejo de la Juventud de Extremadura, como órgano de representación de la juventud extremeña.
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