Plena inclusión Extremadura atiende a más de 40 personas en las cárceles de la región

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Atención a reclusos por parte de Plena inclusión Extremadura

Hay un porcentaje relevante de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en los centros penitenciarios de la región, sin que se detecten sus necesidades de apoyo durante su proceso policial, judicial y penitenciario.

De ahí que Plena inclusión Extremadura desarrolle un programa de atención integral a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo reclusas, ex reclusas que cumplen medidas alternativas o que se encuentran en procedimientos judiciales.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la calidad de vida de estas personas. Los profesionales de Plena inclusión les apoyan en los procesos de adaptación y convivencia en los ámbitos penitenciarios y en el desarrollo de los procedimientos judiciales. Además trabajan para sensibilizar y formar a los diferentes operadores jurídicos y policiales, así como a los trabajadores de instituciones penitenciarias.

Otra de sus prioridades es apoyar a las personas con discapacidad en los procesos de reinserción y lograr la inclusión social para quienes alcanzan la libertad definitiva.

En la actualidad Plena inclusión Extremadura atiende a 42 personas en los centros penitenciarios de Badajoz y Cáceres. En los últimos años, dentro de las actividades de reinserción de este programa, la entidad ha programado salidas culturales para reafirmar el interés de las personas con discapacidad intelectual por su entorno. Así, en noviembre de 2017 visitaron Trujillo 14 personas, y la pasada primavera otro grupo realizó cinco etapas del Camino de Santiago por la provincia de Badajoz.

Este programa está financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la asignación tributaria del 0,7% a fines sociales.

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Plena inclusión Extremadura atiende a más de 40 personas en las cárceles de la región
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Hay un porcentaje relevante de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en los centros penitenciarios de la región, sin que se detecten sus necesidades de apoyo durante su proceso policial, judicial y penitenciario.
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