Se destinan 74,6 millones a las prestaciones económicas de la Ley de Dependencia; 21,5 millones al mantenimiento de 605 plazas residenciales y 388 de atención diurna a mayores en situación de dependencia.
La secretaria general de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, Aurora Venegas, ha comparecido ante la comisión de Hacienda de la Asamblea de Extremadura, para dar a conocer las grandes cifras del presupuesto de su departamento, que cuenta con más de 2.000 millones de euros, casi el 40% del total del presupuesto de la Comunidad Autónoma, con un incremento del 10,8% respecto a 2015.
La atención a la dependencia, a través del Sepad, se lleva el mayor volumen de recursos tras el SES, con 295,6 millones de euros, cuatro millones más que en 2015. El objetivo, según ha explicado Venegas, no solo es seguir avanzando y consolidando el desarrollo de la Ley de Dependencia de 2006, sino también “ampliar recursos y servicios para mayores, a través de la financiación de plazas en el ámbito municipal, y especialmente para personas con discapacidad mediante la acreditación y financiación de nuevas plazas en el entorno del Marco de Atención a la Dependencia (Madex)”.
Así, se destinan 74,6 millones a las prestaciones económicas de la Ley de Dependencia; 21,5 millones serán para el mantenimiento de 605 plazas residenciales y 388 de atención diurna para personas mayores en situación dependencia; y el Madex recibirá 29,8 millones. Otros programas importantes se refieren al mantenimiento de 2.104 plazas en pisos tutelados y 1.490 en centros de días, incluyendo la promoción del envejecimiento activo, ocio y tiempo libre de las personas mayores; o la atención a personas con deterioro cognitivo y la subvenciones al transporte de 188 usuarios de centros de día de Alzheimer o para transporte especializado a 112 personas con discapacidad. Además, se destinan 2,6 millones para ayuda a domicilio.
Fondo de garantía social y derecho a la vivienda
Respecto a la Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familia, que tiene la consideración de programa de inclusión social, recibirá 76 millones de euros, un 32,5% más que el ejercicio anterior.
La secretaria general ha resaltado que en esta área, “dedicada a mejorar la vida de las personas más vulnerables” se crea el Fondo de Garantía Social, dotado con 53,7 millones de euros, casi un 80% más que en 2015, con el fin de “recuperar los derechos perdidos” en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Este fondo dedicará 48,4 millones a la Renta Básica de Inserción, 4,7 millones para garantizar los mínimos vitales, y 600.000 euros para contingencias.
El otro eje de la política social de la Consejería es la vivienda. Con un presupuesto de 46,8 millones de euros, tiene un doble objetivo: garantizar y proteger el derecho a la vivienda, y reactivar el sector de la construcción.
Para la promoción y las ayudas para el acceso a la vivienda, la eficiencia energética, y la accesibilidad, se destinarán 42,1 millones de euros, que permitirán, entre otras cosas, finalizar 49 viviendas de protección pública en 13 municipios e iniciar nuevas promociones en otras localidades.
Se trata, ha dicho Venegas, de “dar respuesta a la necesidad habitacional” de las familias extremeñas, para lo que se actuará también en el parque de viviendas públicas de la Junta, con un aumento del 30% en la inversión respecto a 2015, siendo para la rehabilitación el montante principal de los 4,2 millones de euros presupuestados para este concepto.
Por otro lado, la creación del Observatorio de la Vivienda permitirá tener una información exhaustiva de la situación del parque de viviendas de Extremadura.
Destacan igualmente las acciones encaminadas a que nadie pierda su hogar por no poder pagar. Si el protocolo anti desahucios, firmado recientemente con los colectivos sociales, paraliza el desahucio por no poder pagar una vivienda pública, la puesta en funcionamiento de una oficina de intermediación y mediación hipotecaria ayudará a las familias en riesgo de perder su vivienda privada por no poder pagar su hipoteca.
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