Los elevados niveles de desempleo juvenil observados en los últimos años, tanto en el ámbito europeo como en el nacional, muestran la gravedad de la situación socioeconómica a la que se enfrenta el colectivo de personas jóvenes europeas y la importancia de que tanto las administraciones públicas como la sociedad en su conjunto tomen las medidas oportunas para afrontar con éxito este reto.
En 2013 el caso de España era particular, pues presentaba un nivel de desempleo juvenil preocupante y de los más elevados de la Unión Europea; en este contexto, siguiendo las recomendaciones europeas, el Gobierno estableció la Garantía Juvenil a través del Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil, dentro del marco de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven; dicho Plan aconsejaba establecer, entre otras medidas, incentivos a la contratación con la finalidad de mejorar la empleabilidad y la inserción profesional de las personas jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación.
A este propósito responde también el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, puesto en marcha en 2014, mediante el cual se instrumentaliza la Iniciativa de Empleo Juvenil, canalizada a través del Fondo Social Europeo.
En el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil, la Fundación Bancaria La Caixa, como organismo intermedio privado de dicho Programa para el periodo 2017-2020, y con el objetivo principal de contribuir a la reducción del desempleo juvenil en España, ha establecido una línea de incentivos, dotada con nueve millones de euros, que permitan generar empleo joven estable y de calidad, dinamizando a su vez la actividad empresarial y, en última instancia, el crecimiento económico. En este sentido, la convocatoria del programa ‘La Caixa Empleo joven’ con una línea de ayudas a la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, pretende beneficiar al mayor número de personas jóvenes desempleadas posible y fomentar el empleo estable y de calidad.
Por una parte, se prevé una línea de ayudas de seis meses a la contratación de duración determinada (temporal), con un periodo mínimo de permanencia de seis meses; y, por otra, una línea de ayudas de un máximo de 12 meses a la contratación indefinida, con un periodo mínimo de permanencia de seis meses y ampliable a dos periodos sucesivos de tres meses cada uno hasta alcanzar la duración total máxima de 12 meses.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas, incluidos los empresarios autónomos, y las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en España. Por el contrario, no podrán ser beneficiarias de las ayudas las uniones temporales de empresas, las sociedades civiles, las comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica, ni los entes del sector público estatal, autonómico y local.
Las personas destinatarias finales de las ayudas deben estar inscritas y cumplir los requisitos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil de manera previa a la formalización del contrato; tener una edad comprendida entre los 16 y 29 años (ambos incluidos) en el momento de formalización del contrato; y no haber trabajado en el día natural anterior al día de inicio del contrato objeto de subvención (este requisito no es de aplicación a las personas jóvenes que se encuentren dentro del periodo de cuatro meses desde la fecha de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el momento de formalización del contrato).
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