Extremadura supera los beneficiarios del Sepad y propone restaurar la Ley de la Dependencia. Grada 97. Primera Fila

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Restaurar en Extremadura la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia es el reto que se plantea la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

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José María Vergeles, acompañado por la directora gerente del Sepad, Consolación Serrano, ha presentado el informe anual del Sepad y ha hecho un balance de lo que considera cuatro años de recortes y de paralización de la Ley de la Dependencia.

En este balance, José María Vergeles ha manifestado que Extremadura ha superado al cierre del pasado ejercicio la cifra de 22.000 beneficiarios de la Ley de la Dependencia, y ha comparado el ritmo de solicitudes de los primeros seis meses del año (una media de cinco diarias), con las de los últimos seis meses del ejercicio (una media de 12 al día), para resaltar el esfuerzo realizado por la Junta de Extremadura en estos meses y la confianza que los ciudadanos han depositado en la nueva administración autonómica. Un esfuerzo al que debe añadirse la prioridad de incorporar a las personas con grado 1 de dependencia.

En ese sentido, ha manifestado que a fecha 2 de noviembre de 2015 se contabilizaban 9.083 personas valoradas en ese grado 1, de las que 814 están ya recibiendo servicios, sobre todo de ayudas al entorno. “Nos estamos dedicando de forma prioritaria a atender al resto”, en palabras del consejero.

En cuanto a la Ley de atención a la dependencia, aprobada en 2006, Vergeles ha recordado que en su momento fue un hito en cuanto supuso de reconocimiento de los derechos de protección a las personas en situación de dependencia, y como tal fue el origen de la creación del servicio extremeño para atenderlas, el Sepad.

Vergeles ha calificado de “parálisis” la aplicación de esta ley en los últimos cuatro años. Concretamente, ha explicado, como consecuencia de la aprobación de sendos reales decretos-ley en 2011 y 2012, que vinieron a provocar situaciones como el retraso en la incorporación de las personas con grado 1, la ampliación del plazo de tramitación de seis a 24 meses, el aumento del copago de los servicios, la disminución de la intensidad en las horas de las ayudas a domicilio, la rebaja de las cuantías económicas (en una media de 120 euros por persona), o la eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.

Además el recorte anual de la aportación del Estado a la dependencia en Extremadura ha sido de 34 millones de euros, al haberse producido una quiebra en el porcentaje de financiación (50% a cargo de la Comunidad Autónoma y 50% a cargo del Estado). “Ahora, la aportación de Extremadura y de sus ciudadanos es muy superior a la del Estado, algo que no se ha corregido en los presupuestos generales del Gobierno de España para 2016”, ha resumido el consejero.

Por ello, ha recordado que el proyecto de presupuestos de la Junta de Extremadura incrementa en cinco millones de euros la financiación del Sepad, hasta un total de 298 millones de euros.

Vergeles también ha anunciado su intención de comparecer en la Asamblea de Extremadura para solicitar de los grupos parlamentarios un pacto para restablecer la Ley de la Dependencia y exigir al Gobierno de España la derogación de esos dos decretos que han llevado a la paralización de la mencionada norma.

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