“Mi capacidad es mayor que mi discapacidad”. Este lema es el motor con el que un joven cacereño de 22 años ha conseguido ser el mejor nadador del mundo con síndrome de Down y Medalla de Extremadura 2026 por sus 27 títulos de campeón del mundo, entre otros galardones.

Con ese lema ha dado un aldabonazo al mundo entero: la discapacidad no es un minuendo si se asume, como él lo hizo, como una palanca para mover el mundo. Como dijere el físico griego Arquímedes: “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”. Y él lo ha movido y Extremadura le ha premiado con su más alta condecoración.

Guillermo Gracia (Cáceres, 02/02/2004) recibió el pasado 7 de septiembre la Medalla de Extremadura, la más alta distinción que otorga la Comunidad, a propuesta de la presidenta de la Junta “por ser digno merecedor de ella”.

Guillermo nació con síndrome de Down. Muy pronto inició su actividad acuática dentro del programa de estimulación temprana en la Asamblea Síndrome de Down de Cáceres. Posteriormente realizó el programa de natación infantil bajo el programa de natación adaptada del Servicio de Deportes de la Universidad de Extremadura, y continuó su aprendizaje en la Escuela de Natación del Perú Cáceres Welness en grupos normalizados.

Nadador de competición desde 2014, ingresó en el programa de competición de la Federación Extremeña de Natación y en el programa específico de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. El palmarés de Guillermo, reconocía el Decreto por el que se le concedía la Medalla de Extremadura, es inalcanzable para la gran mayoría de nadadores de su generación a nivel internacional.

Está en posesión de 27 títulos de campeón del mundo. Se consagró definitivamente en el Mundial Virtus de Bangkok (agosto de 2025), al obtener 12 medallas (de ellas, seis oros individuales) y ser nombrado estadísticamente el mejor nadador con síndrome de Down del mundo. Ostenta, además, 22 récords de España absolutos y 10 récords mundiales.

Es técnico en Actividades físico-deportivas en el medio natural. Participa activamente en el programa Deporte Inclusivo en la Escuela, promovido por Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, e imparte charlas y cuenta sus experiencias en centros docentes.

En 2025 recibió el Premio Princesa de Girona por su trayectoria deportiva de élite y su capacidad para transformar el deporte en un vehículo de valores. Por otra parte, su participación en programas de máxima audiencia nacional ha servido para proyectar una imagen de la región moderna, competitiva y sin complejos.

Su palanca fue la natación; su capacidad venció a su discapacidad, como un punto de apoyo para mover el mundo.

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Leímos este verano que una mujer sorda se quedó sola en su casa al no oír las alarmas. Las alertas de emergencia provocaron la salida de miles de vecinos cuando el fuego llegó a las puertas de La Vilavella, en Vall d´Uxó, municipio de la Comunidad Valenciana. “Y las alarmas que se basan únicamente en el sonido no alcanzan a quienes conviven con el silencio cada día”.

Cuando las emergencias afectan a personas con discapacidad “se multiplican exponencialmente los riegos” durante todas las fases de una catástrofe. “Si eso lo llevamos a la discapacidad, se agrava; no se duplica, se centuplica”, ha advertido recientemente el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno.

El presidente de Cermi ha puesto el acento en que ni España ni la mayoría de los países están preparados para responder adecuadamente a emergencias y catástrofes desde la perspectiva de la discapacidad; un déficit que, a su juicio, resulta especialmente preocupante ante el aumento de incendios, fenómenos climáticos extremos y otras crisis como las sanitarias, que obligarán a convivir con situaciones extraordinarias de forma cada vez más frecuente.

Las personas discapacitadas son más vulnerables cuanto más solas se encuentren ante situaciones de emergencia. Los cuerpos y fuerzas de seguridad y de protección civil, que van llamando puerta a puerta para desalojar a la población, y los propios ciudadanos, no están preparados para la cultura de la prevención y la autoprotección. Por ello, se hace imprescindible incorporar la accesibilidad y la inclusión a toda la planificación de protección civil.

“¡Eh, guardia, que en esa casa vive una persona sorda y posiblemente se quede sola ahí”. Y, entonces, el guardia podrá volver sobre sus pasos y comprobar la realidad. Posiblemente se evite una muerte por asfixia o por el fuego. Otras hubiere que anteponen la vida de sus animales, domésticos o no, antes que la propia. Forman parte de su vida o bien de ellos y no desean dejarlos atrás. Y pueden perecer en el intento de salvarlos. Nadie se pregunta qué vida está antes: si la propia o la de los animales.

Por ello, el presidente de Cermi sostiene que la sociedad debe asumir que las emergencias dejarán de ser episodios excepcionales para convertirse en una realidad recurrente y que, ante ese escenario, es imprescindible incorporar la accesibilidad y la inclusión a toda la planificación de protección civil.

Los avisos no son plenamente accesibles y se perpetúan durante los rescates y las evacuaciones, en las que se pierden recursos necesarios para que las personas con discapacidad recuperen su autonomía personal. Vemos los daños de una riada, los vehículos vagando a merced de las aguas; la tierra, los árboles y las casas quemadas; pero no advertimos los apoyos precisos de las personas con discapacidad, que han perdido elementos imprescindibles para su autonomía personal: audífonos, sillas de ruedas, ascensores sin funcionar durante largo tiempo… “La discapacidad va por delante porque nos va la vida en ello”, afirma Pérez Bueno.

Bibliografía consultada: El País, de 31/07/2026. Servimedia, entrevista con Luis Cayo Pérez Bueno de 08/08/2026

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La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha culminado, tras meses de trabajo, el procedimiento de inclusión de nuevas patologías generadoras de discapacidad, que ha permitido actualizar y ampliar un anexo legal abierto, al incorporar nuevas enfermedades cuya gravedad y efectos son susceptibles de justificar una anticipación de la edad de jubilación para las personas trabajadoras con discapacidad de, al menos, el 45%.

Según anunció la ministra, Elma Sáiz, la Seguridad Social va a incluir 11 nuevas patologías generadoras de discapacidad en la norma que permite la reducción de la edad de jubilación de las personas trabajadoras con discapacidad en grado igual o superior al 45%. Esta medida permitirá que en torno a 50.000 personas con discapacidad puedan anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años, debido a la patología que padecen.

Las nuevas patologías son espina bífida, amiloidosis por transtiretina variante, Parkinson, distrofia miotónica tipo 1 (Stienert), enfermedad de Huntington, enfermedad renal crónica estadio 5, esclerosis sistémica, lesión medular, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear progresiva.

Según la ministra, “es una medida de justicia con miles de personas que padecen enfermedades de gravedad que les condicionan enormemente su día a día y que, por ello, necesitan anticipar su edad de jubilación para equipararse al resto de los trabajadores. Era algo con lo que el Gobierno está comprometido y que viene a atender una demanda de este colectivo”.

La ampliación del listado de patologías se va a realizar en el Anexo del Real Decreto 1851/2009, que desarrolla el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Para acceder a esta modalidad de jubilación se mantiene el requisito legal de mantener 15 años cotizados, que al menos durante cinco años la persona se haya visto afectada por alguna de estas patologías y que tenga una discapacidad igual o superior al 45%.

La actualización de la normativa es fruto del trabajo de una comisión técnica en la que han participado el Imserso, sociedades científicas y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), principal plataforma, red y voz unitaria de representación de las personas con discapacidad en España, que agrupa a más de 7.000 asociaciones y representa a cerca de cuatro millones de ciudadanos y sus familias.

El presidente de Cermi, Luis Cayo Pérez, ha subrayado que “la Seguridad Social es el dispositivo público que más transferencia de rentas hace a las personas con discapacidad”, considerándola una aliada estratégica para las familias.

Además de estas nuevas incorporaciones de enfermedades raras al catálogo, ya existían otras patologías reconocidas, como la discapacidad intelectual, parálisis cerebral, anomalías genéticas (Síndrome de Down, Síndrome de Prader Willi, Síndrome X frágil, osteogénesis imperfecta, acondroplasia y fibrosis quística).

Bibliografía consultada:
– Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y El Diario de Madrid

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El vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (Nueva York, 2006) ha sido una ocasión propicia para que Extremadura lanzara el 18 de mayo, desde la Asamblea regional, un mensaje en favor de la inclusión plena de las personas con discapacidad y la necesidad de seguir avanzando al objeto de eliminar las barreras visibles e invisibles que dificultan la igualdad real en diversos ámbitos de la vida real.

Para las personas con discapacidad las barreras de todo tipo con las que se enfrentan suelen ser más frecuentes y frenan su inclusión social plena en la sociedad. Las barreras son múltiples y diversas. Hay barreras de actitud que multiplican per se las barreras propias de las personas con discapacidad. Concebimos la discapacidad como limitación personal, no tanto como responsabilidad social de apoyo para que puedan llevar vidas independientes.

Hay barreras físicas en las viviendas, comunidades, en la calle y edificios públicos, que bloquean la movilidad y el acceso de las personas con discapacidad en su propio entorno.

Las personas con discapacidad se encuentran con barreras en el transporte, por la ausencia de transporte público disponible y adaptado, o accesible para las personas que no pueden conducir por deficiencia visuales o cognitivas.

Las barreras políticas que impiden que se cumplan las leyes y los convenios que regulan el acceso para las personas con discapacidad: les negamos la oportunidad de participar o beneficiarse de programas, servicios y beneficios con financiación pública; también el acceso a programas y beneficios como consecuencia de barreras físicas; y, a veces, las modificaciones necesarias para que puedan realizar el trabajo para el que fueren contratadas.

Se encuentran, en fin, con barreras de comunicación, como la no disponibilidad de Braille o versiones para lectores de pantalla; videos sin subtítulo o comunicaciones orales sin intérpretes de signos.

Y las barreras sociales, por último, referidas a las condiciones en que las personas con discapacidad nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, además de los problemas de salud, que reducen ostensiblemente la inclusión social de las personas con discapacidad.

Casi todos los días vemos ejemplos de todas estas barreras que sufren las personas con discapacidad para su inclusión y plenitud vital en la sociedad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas proclama en su preámbulo que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, y reconoce que “la discriminación de cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración y el valor inherente del ser humano”, al tiempo que reconoce también “la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones”.

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Un día coincidí en un acto con una persona con discapacidad visual. Iba saludando a quienes conocía y presentándome a quienes no conociere. Me presenté a dos mujeres, una de ellas con discapacidad visual. No supiere ni preguntare si fuere total o parcial.

Hubiere tratado en vida a un familiar ciego, con ceguera sobrevenida por accidente. Le hablaba como si me viera. Veía sin ver más que muchas personas con vista normal. Sabido fuere que las personas ciegas perciben el mundo potenciando sus otros sentidos: oído, olfato y gusto y tacto. El oído detecta la orientación, el volumen, el tono, la dirección; el olfato identifica lugares y entornos; el gusto ayuda a comprender el entorno cercano; el tacto es clave para su lectura en Braille y para el reconocimiento.

No supe si fuere persona con discapacidad visual total, si no veía nada o si viere algo. Lo que sí detecté enseguida fue su alegría por saludarla y conocerla. Me hablaba como si me conociera de toda la vida; pero ¿me vería? Se lo preguntaré cuando la vuelva a ver. Trabajaba, junto a su compañera, en la ONCE. No apreciamos lo suficiente la labor de esta institución no solo con las personas con discapacidad visual, sino con otras personas con discapacidad.

Le pregunté a quiénes representaban, qué hacían allí. Me respondía más la primera que la segunda. Y hasta me pidió que me hiciere unas fotos con ellas, que yo no hubiere. Intento recordar su cara, pero no puedo, porque no la veo. El ciego ahora soy yo.

Me llamó la atención su sentido del tacto. No le fuere suficiente el oído, el olfato y el gusto. Y me tomó la mano mientras hablábamos. Necesitaba sentirme. Las personas con discapacidad visual perciben el tacto con más rapidez que las videntes. Detectan la información táctil más rápido que las personas con visión normal. Y con esa naturalidad, la normalidad se abría paso y seguimos hablando de nuestros días y trabajos.

Había visto a otra mujer a la que reconocí por la foto. Y las dejé, despidiéndome con un beso sin soltarle la mano. Tenía que volver. Ni siquiera sabía que teníamos una comida. Hubiera sido ocasión bastante para conocernos más y mejor. Nunca recibí la foto hecha con su móvil.

Recordé que, en otra ocasión, al salir de casa, la acera estaba casi toda cortada por obras. Llegó una mujer con discapacidad visual severa y su bastón se topó con la obra. Preguntó en alta voz si no se podía pasar. Le dije que, dada la situación, me diese la mano, que la pasaría por el pequeño pasillo que habían dejado en la acera y entre los vehículos estacionados en la calzada. Así lo hizo y, una vez pasado el tramo, le dije que ya tenía la acera libre y se despidió de mí, dándome las gracias.

Evocamos cada día el olor de colonia de la pareja perdida; el sabor de una comida; el tacto de una mano; el gusto de un entorno, todos perdidos de quienes se fueren y con quienes no compartimos ninguno de nuestros sentidos; pero no olvidamos esos gratos momentos, vivos, aun invisibles, vividos con aquella mujer con discapacidad visual.

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No pueden hablar, pero podrían comunicarse. Las personas con discapacidad motora severa conservan intactas sus capacidades cognitivas, pero no pueden hablar ni manejar dispositivos convencionales. ¿Cómo, entonces, hacerlas accesibles a los demás, incluyéndolas en la comunicación universal?

Fundación Primera Fila, que preside José Antonio Lagar, ha obtenido el tercer premio mundial en un desafío impulsado por Google, dotado con 15.000 dólares, entre 600 proyectos presentados. El objetivo es desarrollar un sistema de comunicación basado en inteligencia artificial, dirigido a esas personas con discapacidad que no pueden hablar ni manejar dispositivos convencionales. Se trata de un software libre, accesible para todos, independientemente de su capacidad económica, que permitirá desarrollar versiones adaptadas a distintos idiomas y características personales, garantizando así un alcance global, ha manifestado el alcalde de Mérida, tras ser informado por José Antonio Lagar y el secretario de la Fundación, Enrique Trabadela.

El alcalde de Mérida, primera autoridad en recibir a los representantes de la Fundación, acompañado por la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, ha manifestado, según informa su Gabinete de Comunicación, la importancia de que la aplicación permita a las personas usuarias comunicarse con “una voz propia y reconocible, fomentando su autonomía y desarrollo emocional”.

El proyecto, conocido como ‘3VA’, a diferencia de otras herramientas comerciales que utilizan voces robóticas y cuyo coste suele ser elevado, se plantea como solución de bajo coste, basada en una filosofía de código abierto, concebida para poder utilizarla en centros sanitarios y de rehabilitación de toda España.

La génesis del proyecto nace de la historia de Eva, una joven con parálisis cerebral severa, que gracias a ‘3VA’ está logrando comunicarse de forma más autónoma y con una voz propia, pudiendo expresar emociones y acciones cotidianas. El sistema permite generar una voz digital personalizada, natural y reconocible, que funciona directamente en el ordenador de la persona usuaria, sin depender de servidores externos ni de conexión a internet, lo que facilita su uso más accesible. La finalidad es devolver a cada persona la capacidad de decidir qué dice, cuándo y a quién, asegura José Antonio Lagar. Además, el proyecto pretende ampliarse a un colectivo más amplio, que incluiría a personas con ELA, Parkinson, autismo y parálisis cerebral que necesitan una ‘comunicación aumentativa’.

Dar voz a todas las personas que tienen dificultad al hablar, favoreciendo su autonomía, dignidad y calidad de vida, es el fin último del proyecto ‘3VA’, que el alcalde de Mérida ha prometido apoyar ante el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, quien ha subrayado la importancia de situar a la región de nuevo en la vanguardia del software libre y de la innovación tecnológica. Herramientas para hablar sin palabras cuando estas no pueden fluir con naturalidad.

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Son los que no pueden salir a la calle por falta de ascensor e incluso de silla de ruedas; quienes se hallan en su propio domicilio con habitaciones o baños inaccesibles para personas con discapacidad física y barreras arquitectónicas; aquellos que, aun con sillas de ruedas, no pueden ir al baño del hogar de mayores, como en Valencia de Alcántara, donde un usuario pasa el rato con sus amigos jugando al dominó; otros que pueden pasear por un gran parque, pero carente de servicios, como el Parque del Príncipe de Cáceres, ni adaptados ni sin adaptar… Es difícil ponerse en el lugar de las personas con discapacidad vulnerables e invisibles cuando no se tienen en casa.

Hay invisibilidades de personas con discapacidad reversibles, y otras irreversibles. Las reversibles son aquellas de fácil solución, como poner un ascensor; adquirir una silla de ruedas; recortar las escaleras y construir una rampa para ayudar a las amas de casa a subir el carrillo de la compra y para que las personas con discapacidad en silla de ruedas puedan acceder al ascensor y, desde allí, a sus domicilios; adaptar los baños en domicilios, residencias, lugares públicos… como se viene haciendo por ley en algunos lugares, aunque en otros se olviden de los vulnerables invisibles.

Llegamos tarde a casi todo y ahora nos surgen las prisas por arreglarlo. Parece que los constructores de ayer fueren también personas con discapacidad para no ver las discapacidades de los vulnerables de hoy. Estrenamos casa y hay que hacer obras de adaptación antes de estrenarla: las salidas de aire para el gas, la eficiencia energética de los edificios, las rampas, los ascensores… Son las trabas reversibles para los vulnerables si todos pusiéramos empeño en dejarles sitio y paso para ayudarles en su discapacidad que les impidiere estar, como todos, en lugares públicos.

Hubiere, empero, otras irreversibles: quizá, la mayor, la propia enfermedad incurable, que los hace visibles solo a los ojos de los suyos, pero no a los de su entorno inmediato, para quienes serán los vulnerables invisibles. Nunca ‘pasarán la ITV’ porque hubieren defectos por corregir, como los vehículos, porque quienes tuvieren los medios (los poderes públicos) no los ponen a disposición de la ciencia para hacerlos visibles. Hubiere gente que se hace invisible sin serlo, ciegos pudiendo ver, cojos que pudieren andar… Son los ‘ninis’ (que ni estudian ni trabajan) para que otros que lo hicieren por ellos los hagan invisibles a los ojos estadísticos que les interesan y les paguen la solución habitacional y el sustento que no buscaren per se. Es la invisibilidad de los vulnerables buscada, consentida, sufrida por quienes ni lo fueren ni tampoco parte interesada ni investigada en el caso.

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El Diario Oficial de Extremadura del pasado 13 de enero publicó dos resoluciones de la Secretaría del Servicio Extremeño Público de Empleo, de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, por la que se concederán ayudas para contratar a personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio 2026.

Se trata de subvenciones destinadas a fomentar la creación y estabilidad en el empleo mediante la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas con especiales dificultades de inserción.

Las ayudas se articulan en tres programas: el Programa I, para la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias; el Programa II, subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo; y el Programa III, subvenciones al empleo con apoyo.

El importe total de la convocatoria asciende a un total de 1.500.000 euros y la Junta prevé que, con estos programas, unas 150 personas con discapacidad podrán obtener un contrato de trabajo indefinido.

El Programa I prevé subvenciones para la contratación indefinida de personas con discapacidad desempleadas en empresas ordinarias de 12.000 euros para contratación de mujeres con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, y de 10.000 euros para contrataciones del resto de personas con discapacidad.

El Programa II, de subvenciones para la contratación indefinida por empresas ordinarias con discapacidad procedentes de los enclaves laborales, fija 14.000 euros para contrataciones de mujeres con discapacidad y de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral.

Y el Programa III, de subvenciones destinadas a la transformación de contratos temporales en indefinidos celebrados con personas con discapacidad, establece subvenciones de 7.000 euros para contrataciones de mujeres con discapacidad y de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, y de 6.000 euros para contrataciones del resto de personas con discapacidad; y en cuanto a las subvenciones para la contratación de personas con discapacidad desempleadas en empresas ordinarias, las cuantías serán 5.000 euros para contrataciones de mujeres con discapacidad y de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, y 4.000 euros para contrataciones del resto de las personas con discapacidad.

Las asociaciones atienden a las personas con discapacidad para educarlas y rehabilitarlas de cara a su inserción social y laboral, que es el fin último que estas no pueden cumplir. Por ello, los programas aquí definidos por la Administración para su inserción laboral no pueden contemplarse más que desde la óptica imperativa que les obliga por ley a facilitar los caminos de inserción laboral a las personas con discapacidad desempleadas o que tengan dificultades de inserción laboral. Este es un primer camino, y otro es la apertura al trabajo fijo en la Administración mediante las oposiciones. Ambos son complementarios y abren un camino de luz y esperanza a las personas con discapacidad que aspiran a su inclusión en la sociedad.

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Aristóteles definía al ser humano en su obra ‘Política’ como “un animal político, cuya naturaleza lo invita a vivir en la polis (ciudad-estado) para alcanzar una vida buena y plena, no solo la mera existencia”. Pero las políticas públicas tienden a satisfacer el acceso de las personas a bienes y servicios, tanto en la ciudad como en el pueblo. Las instituciones públicas tienen como objetivo resolver y dar respuestas a las múltiples necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad. La política se yergue, así, como respuesta a las demandas colectivas, principalmente de los más vulnerables, necesitados de medios e instrumentos que les hagan partícipes como miembros de pleno derecho de una sociedad igualitaria.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instituido por Naciones Unidas en 1992, celebrado el pasado 3 de diciembre, tiene como fin promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como aumentar la conciencia sobre su situación en todos los aspectos de la vida diaria. El Día Internacional, como la política, ha de tener un enfoque inclusivo, centrado en la persona o, como proclaman hoy determinados líderes, la política debe incluir el prisma de “no dejar a nadie atrás”, al objeto de que nadie esté en desventaja, principalmente los más vulnerables, las personas con discapacidad.

La propia sociedad ha impulsado la creación de innumerables asociaciones para dar cumplimiento a unas necesidades, antes inadvertidas para los poderes públicos, que tienen el deber y el derecho de satisfacerlas. Así, hemos llegado, unos y otras, a conjugar la inclusión, la accesibilidad y el desarrollo de entornos rurales más inclusivos, con el fin de favorecer la sociedad igualitaria de todos sin ventajas ni desventajas.

En este sentido, observamos con satisfacción cómo las instituciones responden a esos objetivos marcados por la Constitución, Naciones Unidas y las asociaciones más cercanas a las personas con discapacidad. El Día Internacional lo convertimos, de este modo, en una jornada más “para luchar y avanzar por los derechos y el bienestar de estas personas”.

Son palabras del presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, de ese mismo Día, que reflejan el compromiso de la institución en programas y respaldo presupuestario, contemplados en los presupuestos de 2026, que alcanzan 3.500.000 euros, un millón más que en el ejercicio anterior, para empleo inclusivo, accesibilidad universal, apoyo al tercer sector, fomento del ocio inclusivo…

La institución provincial daba a conocer con cifras y datos concretos su política para las personas con discapacidad: más de dos millones de euros y 300 contrataciones anuales en empleo inclusivo, a través del Plan Integral de Empleo, que destina cada año la citada cantidad para la contratación de personas con discapacidad en todos los municipios de la provincia. De otro lado, la Diputación de Cáceres impulsa programas dirigidos a eliminar barreras físicas, cognitivas y sensoriales con el objetivo de crear pueblos más accesibles, justos y habitables para todas las personas, En 2026 prevé un aumento presupuestario de un millón de euros destinado especialmente a proyectos de accesibilidad universal. Y, finalmente, el respaldo al tejido asociativo se concreta en convocatorias de ayudas que superan los 500.000 euros para asociaciones de personas con discapacidad, junto a la promoción de actividades deportivas, culturales y de ocio inclusivo en toda la provincia. (Véase: Diputación de Cáceres, noticias sociales, de 03/12/2025).

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El IX Informe sobre Exclusión Social y Desarrollo Social en España, hecho público en noviembre por la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA), ofrece nítidos datos sobre la exclusión y desarrollo social en España. El citado Informe, realizado en el primer semestre de 2024 a 12.289 hogares españoles por un equipo de 140 investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector, concluye su primera tesis afirmando que España atraviesa un proceso inédito de transformación social, en el que la clase media se contrae desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores.

El Informe asegura que “no fallan las personas, falla el sistema” y, según la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, los principales motores de la exclusión social en España son la vivienda y el empleo. La primera porque está reconfigurando nuestra estructura social, expulsando a uno de cada cuatro hogares de una vida digna y triturando el difícil equilibrio de las clases medias. El 45% de la población que vive en régimen de alquiler, que se ha convertido en una trampa de pobreza, se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más alta de la Unión Europea. De otro lado, la precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad, afectando a casi la mitad de la población (47% de la población activa). Se trata de 11,5 millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral, aunque trabaje más de un tercio de la población excluida moderada o severa.

La exclusión social se hereda y el código postal y la mochila familiar pesan más que la capacidad y el esfuerzo, según el secretario técnico de FOESSA, Raúl Flores, El ‘cortafuegos’ contra la pobreza y la exclusión social se ha desplazado al Bachillerato y a la FP; es decir, si un alumno no logra superar la ESO, su riesgo de caer en exclusión severa se multiplica por 2,7.

La desigualdad se mide en años de vida porque, además del deterioro de la salud asociado a la malnutrición, el Informe detecta cómo las listas de espera y la dificultad para conseguir cita están minando el acceso a la sanidad. El 6% de las familias más vulnerables que tenían una enfermedad grave no recibió atención médica el año pasado, el doble que en el conjunto de la sociedad. La salud mental se resiente. Los diagnósticos de depresión, ansiedad o trastorno adaptativo alcanzan al 6% de la sociedad, pero superan el 12% entre quienes viven en exclusión severa. El Informe pone sobre la mesa que “cuando el sistema público se atasca y retrasa la detección precoz de enfermedades, o no cubre completamente puntos fundamentales como la salud mental, la única alternativa es el pago, convirtiendo un derecho fundamental en un privilegio”.

Los grandes perdedores del modelo socioeconómico actual son los jóvenes y los niños: un tercio de toda la exclusión severa en España corresponde a menores de edad, y 2,5 millones de jóvenes están atrapados en una precariedad estructural, enfrentados a tasas de temporalidad, parcialidad involuntaria y salarios bajos, que duplican la media española.

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