El IX Informe sobre Exclusión Social y Desarrollo Social en España, hecho público en noviembre por la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA), ofrece nítidos datos sobre la exclusión y desarrollo social en España. El citado Informe, realizado en el primer semestre de 2024 a 12.289 hogares españoles por un equipo de 140 investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector, concluye su primera tesis afirmando que España atraviesa un proceso inédito de transformación social, en el que la clase media se contrae desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores.
El Informe asegura que “no fallan las personas, falla el sistema” y, según la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, los principales motores de la exclusión social en España son la vivienda y el empleo. La primera porque está reconfigurando nuestra estructura social, expulsando a uno de cada cuatro hogares de una vida digna y triturando el difícil equilibrio de las clases medias. El 45% de la población que vive en régimen de alquiler, que se ha convertido en una trampa de pobreza, se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más alta de la Unión Europea. De otro lado, la precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad, afectando a casi la mitad de la población (47% de la población activa). Se trata de 11,5 millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral, aunque trabaje más de un tercio de la población excluida moderada o severa.
La exclusión social se hereda y el código postal y la mochila familiar pesan más que la capacidad y el esfuerzo, según el secretario técnico de FOESSA, Raúl Flores, El ‘cortafuegos’ contra la pobreza y la exclusión social se ha desplazado al Bachillerato y a la FP; es decir, si un alumno no logra superar la ESO, su riesgo de caer en exclusión severa se multiplica por 2,7.
La desigualdad se mide en años de vida porque, además del deterioro de la salud asociado a la malnutrición, el Informe detecta cómo las listas de espera y la dificultad para conseguir cita están minando el acceso a la sanidad. El 6% de las familias más vulnerables que tenían una enfermedad grave no recibió atención médica el año pasado, el doble que en el conjunto de la sociedad. La salud mental se resiente. Los diagnósticos de depresión, ansiedad o trastorno adaptativo alcanzan al 6% de la sociedad, pero superan el 12% entre quienes viven en exclusión severa. El Informe pone sobre la mesa que “cuando el sistema público se atasca y retrasa la detección precoz de enfermedades, o no cubre completamente puntos fundamentales como la salud mental, la única alternativa es el pago, convirtiendo un derecho fundamental en un privilegio”.
Los grandes perdedores del modelo socioeconómico actual son los jóvenes y los niños: un tercio de toda la exclusión severa en España corresponde a menores de edad, y 2,5 millones de jóvenes están atrapados en una precariedad estructural, enfrentados a tasas de temporalidad, parcialidad involuntaria y salarios bajos, que duplican la media española.
