El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha publicado un informe-propuesta en el que se examina y contrasta de modo exhaustivo la legislación penitenciaria española con los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en lo referido a la población reclusa con discapacidad.
Este informe-propuesta, elaborado por Patricia Cuenca, doctora en Derecho e investigadora del Instituto de Derechos Humanos ‘Bartolomé de las Casas’ de la Universidad Carlos III de Madrid, es fruto de un trabajo del Cermi para la Dirección General de Políticas de Discapacidad de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Administración titular del estudio.
Ni la Ley Orgánica Penitenciaria ni el Reglamento que la desarrolla, tanto por la época en que surgieron, como por la visión y el marco conceptual que los inspira, tienen en cuenta la dimensión inclusiva de las personas con discapacidad, por lo que necesitan con urgencia, según se acredita en esta investigación jurídica, una actualización para acompasarlos al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad.
La normativa penitenciaria vigente en España desconoce extendidamente la situación y las necesidades específicas de las personas reclusas con discapacidad, y omite una acción positiva sistemática que compense las desventajas que induce el medio carcelario, lo que sitúa a este segmento de la población reclusa en una posición de mayor vulnerabilidad, en un entorno ya de por sí duro y hostil.
El informe se cierra con una completa y fundamentada propuesta de reforma normativa, que se pone al servicio del poder legislativo y del Gobierno, como posible fuente inspiradora de futuras modificaciones de la legislación penitenciaria.
