La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de un ciudadano al que, a pesar de tener reconocida una discapacidad intelectual del 65% y grado 1 de dependencia, la Comunidad de Madrid le había negado el ingreso en un centro especializado, y le había dado plaza en una residencia de la tercera edad por tener más de 65 años, lo que impedía que pudiera recibir apoyos específicos para su discapacidad.
Plena inclusión Extremadura se ha hecho eco de esta sentencia, que sienta jurisprudencia en las Administraciones Públicas españolas contra la discriminación de personas con discapacidad intelectual. El presidente de la entidad, Pedro Calderón, pide al consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura que eleve al Consejo Territorial el resultado de esta sentencia del Tribunal Constitucional, con el fin de que la normativa incorpore una referencia específica que no se permita que una persona con discapacidad vaya a una residencia de la tercera edad y califica la sentencia de histórica, “es muy importante porque puede consolidar un derecho”.
El presidente ha solicitado “que las personas con discapacidad intelectual continúen cuando cumplan los 60 años en los centros de atención especializada de nuestra red, por ejemplo, de las asociaciones de Plena inclusión Extremadura es una reivindicación de nuestra organización desde siempre, por arraigo, derecho a una atención de calidad y cercana a su entorno, y como un derecho de la persona independientemente de la edad”. “Esto no se recogía en el Madex, si bien se toleraba y tolera, aunque en algunas situaciones, como por ejemplo un traslado, legalmente una persona con discapacidad intelectual mayor de 60 años no podía solicitar una residencia o un centro de día, y debía hacerlo en la Red de Mayores”, ha añadido, el presidente de la federación extremeña, quien ha subrayado que “esta sentencia es muy importante porque puede consolidar un derecho”.
Pedro Calderón también ha recordado que Plena inclusión Extremadura está reivindicando la puesta en marcha de un programa de ‘Envejecimiento’: “planteamos la necesidad de diseñar y poner en marcha una política de atención integral para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se encuentra en proceso de envejecimiento, garantizando la equidad y el disfrute de un envejecimiento digno, en las mismas condiciones que las personas que no presentan ninguna discapacidad.”
