Hace poco recibí un correo electrónico de mi banco solicitando que actualizara mis datos personales. El mensaje era correcto y formal, pero incluía una advertencia clara: si no realizaba el trámite antes de una fecha concreta, mi cuenta sería bloqueada. Como es habitual en estos tiempos, dudé al principio. Revisé con atención el contenido y comprobé que, efectivamente, procedía de mi entidad bancaria.

Me senté frente al ordenador y seguí las instrucciones. O, mejor dicho, lo intenté. Pronto quedó claro que no podía completar el proceso. La plataforma no era accesible para mí. No se trataba de falta de habilidad, ni de paciencia, ni de voluntad. El problema era el mismo de siempre: mi baja visión.

Ante esta situación, decidí acudir a la oficina bancaria. Pensé que para eso existen las personas, para ayudar cuando los sistemas fallan. Expliqué con calma lo ocurrido: había recibido el correo, había intentado actualizar los datos y no había podido hacerlo porque la plataforma no era accesible.

La respuesta fue inmediata y contundente: “El Banco Central Europeo obliga a actualizar los datos. Desde la oficina no se puede hacer nada. Tiene que hacerlo desde la aplicación”.

Intenté razonar. Expliqué que, si no era capaz de hacerlo desde la pantalla grande del ordenador, hacerlo desde un teléfono móvil resultaba todavía más difícil. No era un problema de voluntad, sino de visión.

Como alternativa, me ofrecieron realizar el trámite yo mismo desde una tablet que me facilitaron en la oficina. El gesto fue correcto, incluso amable. Sin embargo, volví a señalar que el problema no era el dispositivo, sino la falta de accesibilidad del sistema.

Entonces la respuesta se repitió, exactamente igual: “Es un mandato del Banco Central Europeo”.

Aquella frase se convirtió en un argumento definitivo, como si bastara para cerrar cualquier diálogo. Fue en ese momento cuando apareció una sensación difícil de ignorar: la injusticia. Se me exigía cumplir una obligación que, en la práctica, no podía cumplir de manera autónoma, sin ofrecer alternativas reales ni adaptaciones, y con la amenaza implícita de perder el acceso a mi propia cuenta bancaria.

La paradoja es evidente. Cuando se trata de imponer la actualización de datos, la normativa europea se aplica con rigor y urgencia. Pero cuando se trata de cumplir la normativa europea que exige accesibilidad en los servicios digitales, esa urgencia desaparece.

Finalmente, el trámite se resolvió porque mi mujer estaba conmigo y pudo realizarlo en mi lugar. A simple vista, el problema quedó solucionado. Pero solo en apariencia.

Lo que quedó en evidencia fue algo más profundo: la pérdida de autonomía. Cuando los sistemas no están diseñados para todas las personas, la independencia deja de ser un derecho y pasa a depender de quién nos acompaña.