Cuando un emperador romano fallecía el Senado se reunía para valorar su legado, el conjunto de acciones y decisiones que había tomado en vida. Si el finado era considerado un enemigo del Estado o, sencillamente, resultaba impopular o despreciable, los senadores podían llegar a decretar la ‘damnatio memoriae’ para el emperador muerto.
Esta condena de la memoria suponía la eliminación de cualquier referencia, aparición en textos, imágenes, monumentos o incluso la prohibición de usar el nombre del fallecido. Aquellos vestigios que no podían ser destruidos, o que quizá resultaban demasiado valiosos para desaparecer, pasaban a ser atribuidos a su sucesor.
En realidad, la práctica del borrado total puede encontrarse ya entre helenos, egipcios o hititas antes que entre los romanos. A mayores, la locución ‘damnatio memoriae’ no fue empleada hasta 1689, cuando apareció en una disertación de Christoph Schreiter, jurista alemán.
Cabe señalar que se trata de una práctica en vigor en la actualidad, aun cuando su aplicación genera divisiones y posiciones polarizadas. Baste señalar las modificaciones en los nombres de calles, el traslado de los restos de nuestro último dictador o la proliferación de iniciativas para la retirada de estatuas de descubridores o similares.
Es indudable que la ‘condena de la memoria’ tiene una clara relación con la ‘cultura de la cancelación’, el boicot o la retirada de apoyo a determinados personajes públicos debido a su comportamiento o acciones. A diferencia de aquella, esta se centra en el desprestigio de personajes vivos y frecuentemente en activo, como bien pueden confirmar figuras tales como Woody Allen, Plácido Domingo o J.K. Rowling.
De igual modo la ‘damnatio memoriae’ es prima hermana del ‘derecho al olvido’, el concepto jurídico por el que, en ciertas circunstancias, es posible suprimir datos almacenados por los buscadores de internet relativos a una persona. A diferencia de aquella, el derecho al olvido lo ejerce el ‘suprimido’, y es puntual, preciso y muy limitado.
No siempre es legítimo acceder a este derecho, como le ocurrió al secretario que firmó la pena de muerte del poeta Miguel Hernández. En este caso fue su hijo quien solicitó la desvinculación del nombre de su padre de la muerte del alicantino en los juzgados, pero estos han rechazado su petición aduciendo interés público e histórico.
Un caso especialmente relevante de eliminación de la memoria lo constituye el de la actriz china Zhao Wei, cuyo nombre ha sido retirado de muchas de las obras que protagonizó en las principales plataformas chinas de streaming, así como de los créditos de las películas, programas de entrevistas y series de televisión en las que actuó, por orden del gobierno chino. La estrella cinematográfica es una de las mayores celebridades del país asiático, donde ha protagonizado películas de gran éxito a lo largo de más de dos décadas y llegó a alcanzar casi 90 millones de seguidores en Weibo, red social predominante en la región.
Estas acciones tuvieron lugar en el ámbito de la estrategia de la administración china de controlar estrictamente todo lo que suceda en ‘su’ ciberespacio. Al igual que la eliminación del rastro de la actriz, las autoridades del gigante asiático han apostado por un control estricto de la ‘deificación’ de sus estrellas, la limitación del ‘merchandising’ asociado a las mismas y el control riguroso del tiempo semanal que los niños y jóvenes pasan jugando a videojuegos.
Es paradójico que, en tiempos de sobreabundancia de información y de datos almacenados, sea factible alterar la realidad de este modo. “Memorias líquidas para tiempos líquidos”, que diría Bauman. La labor de los historiadores del siglo XXII no será envidiable en absoluto.
