El Comité español de representantes de personas con discapacidad (Cermi) se ha manifestado favorable a una ley estatal de garantía de derechos y servicios sociales que tenga en consideración un modelo social basado en el pleno ejercicio de los derechos sociales y la defensa de unas condiciones de vida dignas para todas las personas.
En estos términos se ha manifestado a través de un documento en el que muestra sus aportaciones a la consulta pública previa sobre el proyecto de Ley de Servicios Sociales, pidiendo el reconocimiento de nuevos derechos sociales, que tengan la consideración y el rango de “genuinos derechos, con las notas típicas de universalidad, carácter vinculante, exigibilidad, calidad y gratuidad”.
Se trata de un objetivo estratégico de Cermi para permitir la coexistencia de una esta legislación estatal con las leyes de servicios sociales de segunda y tercera generación, que según Cermi, deben dotarse las comunidades autónomas.
El Cermi entiende que al hablar de reconocimiento y garantía de derechos sociales se deben tener presente “las nuevas necesidades sociales surgidas del nuevo modelo de convivencia a las que se debe dar asiento a través de un gran sistema de apoyos sociales, definido y garantizado en última instancia por el Estado”.
En este sentido, hace referencia a “un sistema integral de reconocimiento y garantía de servicios sociales garantista, sostenible, armónico y respetuoso con el marco competencial de partida”. En definitiva, una ley estatal que recoja “condiciones mínimas y básicas que garanticen la igualdad de derechos”.
Por último, el Cermi observa un gran problema de financiación y se refiere a “la necesidad de seguir realizando debates y análisis que permitan sensibilizar y tomar conciencia sobre la importancia de los derechos sociales”.
