El 2 de enero ha sido publicada la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, respecto a la cual el Cermi se ha pronunciado en un informe sobre los contenidos de discapacidad.
Esta ley fomenta el impulso a la negociación entre partes, y aborda la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer excepciones a las denuncias por vía telemática. Se abre también la posibilidad de dictar sentencias orales en procedimientos de juicio verbal, sentencias que quedarán grabadas en soporte audiovisual.
Igualmente, la Ley prevé la creación de la Comisión de calidad del Servicio Público de Justicia, que entre otras funciones valorará la accesibilidad universal del servicio.
También se modifica el artículo 4 de la Ley Orgánica del Menor para garantizar la protección de los derechos de la víctima; se fomentará la declaración por vía telemática, especialmente cuando se trate de víctimas de violencia de género, violencia sexual, trata de seres humanos o víctimas menores de edad o con discapacidad.
Asimismo, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, cuando sean víctimas de delitos de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, de maltrato habitual del artículo 173.2, contra la libertad sexual y de trata de seres humanos.
Se modifica el procedimiento en materia de otorgamiento del consentimiento para contraer matrimonio, garantizando en todo caso la correcta dotación de medios y evaluación de las capacidades de las personas con discapacidad para ejercer este derecho, contando con los adecuados apoyos humanos y materiales. También se fomenta la formación y adecuación de las personas que ejerzan la función mediadora, que deberá incluir módulos de atención a las personas con discapacidad.
