Los fondos del Plan Cohesion@ 2022 de la Diputación de Badajoz llegarán a 220 núcleos de población de la provincia, con una dotación superior a los 20 millones de euros, y las localidades beneficiarias también harán sus aportaciones en función de su número de habitantes.

“De este nuevo plan que ponemos en marcha, lo que destacaría es su capacidad para dar respuesta a las necesidades del municipalismo del mundo rural”. Así ha definido el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el Plan Cohesion@ de 2022, que tendrá una dotación propia de 20 millones de euros y que crecerá hasta los 24,30 millones de euros gracias a la corresponsabilidad de los distintos ayuntamientos de la provincia.

Para el citado plan se consignaron 15 millones de euros inicialmente, pero se han podido incorporar otros 5 millones adicionales, aportando por tanto la institución provincial 20 millones.

Sin embargo, como ya sucediera el año pasado, esta nueva versión del Plan Cohesion@ alcanzará una cifra global de 24.299.319,71 euros gracias a la parte proporcional que aportarán los ayuntamientos y que “supone, además de un esfuerzo por parte de los municipios, un aliciente más para que se incremente el valor del propio plan”.

En este caso, los fondos llegarán a 220 núcleos de población de la provincia. En concreto, son 160 municipios de menos de 20.000 habitantes, 15 entidades locales menores y 45 poblados o pedanías. En esta ocasión, quedan fuera de la convocatoria las cinco grandes localidades de la provincia: Badajoz, Mérida, Don Benito, Almendralejo y Villanueva de la Serena, que si recibieron ayudas en 2021.

A menos población, menor aportación requerida. En definitiva, el plan se rige por los principios de corresponsabilidad, equilibrio y solidaridad.

Cualquier ayuntamiento podrá destinar los fondos asignados en función de sus necesidades. Así, habrá administraciones que lo destinen a financiar la ejecución de obras, la dotación de equipamientos, la creación de empleo y otros gastos de naturaleza corriente.

No obstante, como ha precisado Gallardo, esta convocatoria presenta una serie de novedades respecto a la última. Así, con estos fondos se podrá reforzar la lucha contra la exclusión financiera, mediante la ampliación a los poblados y pedanías. Y es que habrá posibilidad de financiar con las subvenciones que se conceden en el marco de este Plan Cohesion@, a través de la entidad matriz, la instalación, alquiler y mantenimiento de cajeros automáticos en aquellos poblados o pedanías en riesgo de exclusión financiera y no dispongan de entidad bancaria. Se podrá hacer a través del convenio establecido para tal fina.

También se da la posibilidad de financiar la parte de corresponsabilidad municipal derivada de la ejecución de los Fondos de Recuperación Next Generation, siendo gasto justificable de este plan el IVA soportado, no deducible, que deben asumir los municipios según se establece en algunas convocatorias publicadas o las que puedan publicarse.

Por otro lado, se amplía el mínimo de solidaridad que se concede a cada población. En concreto, se establecen dos umbrales mínimos de solidaridad. Por un lado, umbral mínimo de solidaridad para municipios inferiores a 100 habitantes, a los que se aportará 18.000 euros. Y, por otro, umbral mínimo de solidaridad para el resto de municipios: 50.000,00 euros.

Precisamente, en este último umbral, se incrementa el mínimo de solidaridad que reciben las entidades que tienen una población igual o superior a 100 habitantes, de tal forma, que pasan de recibir 33.000,00 euros a 50.000,00 euros, lo que representa un incremento del 51,51% con respecto al ejercicio anterior. Todo ello para reforzar el compromiso con el reto demográfico.

Las asignaciones de la Diputación a los municipios se harán en función a los siguientes tramos de población: de 1 a 1.500 habitantes se consignarán 55 euros por habitante; de 1.501 a 5.000 será de 47,40 euros por habitante; de 5.001 a 10.000 la proporción será de 41,50 euros por habitante; de 10.001 a 20.000 es de 34,13 euros por habitante. En este caso, las entidades beneficiarias recibirán un 17,64% más de aportación, respecto al Cohesiona 2021

Los objetivos de este plan son claros. Fomento e impulso de la actividad económica, solidaridad y el reequilibrio intermunicipal. Y ayudas para afrontar los tiempos duros tras la pandemia, la guerra de Ucrania y el reto demográfico. Se trata de garantizar la solidaridad y el equilibrio territorial de los municipios, para que haya los mismos servicios en las ciudades que en el mundo rural. En definitiva, se pretende seguir actuando contra la despoblación, generando oportunidades en nuestros municipios.

Según un estudio independiente elaborado para tal fin, que tuvo presente el efecto directo, indirecto e inducido, el Plan Cohesiona 2021, ha supuesto un impacto global sobre la economía de la provincia de 41,48 millones de euros, pero además generó salarios por valor de 11,9 millones de euros. Asimismo, con cargo a esta convocatoria se generaron un total de 604 puestos de trabajo a jornada completa por un periodo anual, según las estimaciones realizadas. Al final, hubo 43,48 euros de inversión media por cada ciudadano de la provincia y supuso un 6,9% de aumento sobre presupuestos municipales.

Miguel Ángel Gallardo ha recordado que desde 2016 y hasta el 2021 se han invertido casi 175 millones de euros en desarrollo, empleo y servicios públicos de calidad, a través de los distintos programas provinciales, como el Dinamiza, Cohesion@ o el Plan Diputación Suma.

Como ha recordado, “los planes de la Diputación son el oxígeno imprescindible que permiten que ni un solo pueblo de la provincia tenga la posibilidad de morir, sino de crecer”. De hecho, gracias a estos fondos “muchas esperanzas son hoy en día proyectos y realidades”.

La convocatoria de este Plan Cohesion@ 2022 se publicará durante esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia. Habrá un plazo de 15 días hábiles para la presentación de solicitudes, contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto en el Boletín.

En este caso, se habilitará un amplio plazo de justificación. Y es que las entidades locales deberán tener ejecutadas y pagadas las actuaciones de la convocatoria, antes del 31 de octubre de 2023.