Desde el 1 de enero España, siguiendo las directrices marcadas por la Unión Europea, ha desarrollado una nueva normativa en cuanto a la reparabilidad de dispositivos y enseres que se adquieran.

Entre los cambios más destacados se encuentra el hecho de que los dos años de garantía pasarán a ser tres; las empresas deberán disponer, al menos durante 10 años, de las piezas de repuesto de los productos que ya no vendan (hasta ahora eran cinco años); se añaden al amparo de garantía todos los productos digitales (programas informáticos, aplicaciones, archivos de vídeo o audio, juegos digitales, libros electrónicos…); se amplía de tres a cinco años el plazo de no conformidad (elegir entre la reparación o sustitución del producto); y se pasa de seis meses a uno o dos años, en función del producto, el plazo para acreditar que no se está conforme con el producto comprado.

Un nuevo concepto que se añade al etiquetado de los dispositivos electrónicos es el índice de reparabilidad, que muestra con una puntuación de 0 a 10 lo fáciles o complicados que son de reparar, indicando ‘10’ que es sencillo de reparar, y ‘0’ que su reparación es complicada, requiriendo un servicio técnico especializado en caso de fallo.

Esta normativa, que lleva tiempo implantada en otros países de nuestro entorno, como Francia, se puede utilizar como medidor de uso sobre la vida útil estimada de un producto, lo que conlleva prácticas más sostenibles, pues según la OCU el 60% de las averías se producen antes de los dos años de vida del producto, por lo que se facilitaría su reparación en lugar de su sustitución por uno nuevo.

Así mismo promueve el mercado de bienes de segunda mano, evitando situaciones anómalas como que para reparar un teléfono móvil sea necesario comprar un componente que supera el valor original de dicho teléfono, de manera que no compense arreglarlo y se induzca a la compra de uno nuevo.