El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado un conjunto de medidas para favorecer a colectivos vulnerables, por un importe global de 11,8 millones de euros.

Por una parte, se ha autorizado la contratación de 44 plazas en pisos supervisados para personas con discapacidad y trastorno mental grave en las localidades de Don Benito, Zafra y Almendralejo, con el fin de asegurar la atención que vienen recibiendo los usuarios de este servicio, cuyo presupuesto asciende a 2.362.248 euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo en un 85%. De estas 44 plazas, 16 estarán en Don Benito, ocho en Zafra y 20 en Almendralejo.

Según ha explicado la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, los beneficios de las denominadas ‘comunidades normalizadas’ consisten en “mejorar la calidad de vida de esas personas”; “vamos a seguir trabajando desde el Gobierno para atender a quienes lo necesitan más”, ha remarcado.

Dentro de este conjunto de medidas también se ha autorizado la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés general con cargo al 0,7% del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de 2023, para lo cual se establece una cantidad máxima de 8.869.100 euros.

La finalidad de estas ayudas es subvencionar total o parcialmente proyectos que desarrollen entidades del tercer sector o Cruz Roja Española durante 2024, los cuales deberán estar destinados a personas en situación de pobreza, exclusión social u otras circunstancias especiales de vulnerabilidad. Entre esos proyectos se incluyen planes de formación, de inserción sociolaboral o de atención sociosanitaria a estas personas.

También en materia de dependencia, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación, por un importe de 648.512 euros, del servicio de atención telefónica para informar y orientar a personas mayores y a personas con discapacidad, con trastornos asociados a la salud mental o que se encuentren en cualquier otra situación de dependencia. “Se trata de un servicio integrado en el Sepad que presta apoyo a quien lo necesite, desde el lugar que lo necesite y en cualquier momento”, ha detallado Victoria Bazaga.

Por otra parte, se ha autorizado la contratación del servicio de vigilancia y seguridad del centro sociosanitario de Plasencia, adscrito al Sepad, con un presupuesto de 1.390.889 euros para un período de 24 meses.