La Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los colegios de farmacéuticos de Cáceres y Badajoz van a desarrollar diversas actuaciones para fomentar la garantía a la atención farmacéutica de la ciudadanía, y sobre todo de las personas más vulnerables.
Así, se pondrá en marcha una oferta a los alcaldes de la región para que las oficinas de farmacia acreditadas dispensen los medicamentos adaptados a las dosis y a las necesidades de los pacientes, de manera que se puedan identificar las farmacias de proximidad.
También se advertirá a los proveedores de ayuda a domicilio que la atención farmacéutica, para que sea efectiva, debe proporcionarse por la farmacia más cercana a la persona que está siendo atendida, y se actuará contra los mediadores que alteren la prestación de la atención farmacéutica profesional.
El modelo español de farmacia se basa en el derecho a la atención farmacéutica en el acto de dispensación y entrega del medicamento, que está acompañado por una serie de servicios farmacéuticos que previenen problemas relacionados con los medicamentos, así como información complementaria que necesite el paciente para la mejor adherencia a los tratamientos y su mayor efectividad.
La autorización de las oficinas de farmacia está regulada en España, lo que permite un acceso equitativo de la población a la atención farmacéutica, porque su labor no acaba en el acto de dispensación; sobre todo, las personas que padecen varias enfermedades crónicas reciben servicios de atención farmacéutica que los acompañan a lo largo de su vida.
Debido al envejecimiento de la población extremeña aumenta el número de personas con enfermedades crónicas, así como el de las personas que, debido a una situación de dependencia, no pueden acudir a las oficinas de farmacia. Esta limitación es aún mayor para una persona institucionalizada en una residencia de personas mayores o con discapacidad.
Además, la inspección de servicios sanitarios está evaluando la atención farmacéutica a las personas más vulnerables para saber si se está respetando la libre elección de oficina de farmacia, si hay obstáculos en la prestación del derecho a la atención farmacéutica y si se está haciendo un uso adecuado de los recursos sanitarios. De forma especial, esta inspección incidirá en las residencias de personas mayores de menos de cien camas.
Por otro lado, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales está preparando una norma que regule de forma clara la prestación de la atención farmacéutica en los centros residenciales de menos de cien camas para asegurar las ventajas de la proximidad de las oficinas de farmacia y que estas sean las responsables de dispensar los medicamentos, asegurando la atención farmacéutica.
