Bajo el título ‘Retos del tercer sector de acción social de Extremadura ante la Covid-19’ se ha celebrado una jornada virtual en la que han participado representantes de las organizaciones más representativas, tanto a nivel regional como nacional, con el objetivo de analizar la incidencia de la crisis en los colectivos más vulnerables y plantear retos de futuro.
La principal conclusión de la jornada es la necesidad de trabajar juntos, de forma coordinada y bajo la fórmula de la co-goberanza, para superar esta crisis y avanzar en una reconstrucción social real y efectiva de Extremadura para todas las personas.
La presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, María Teresa Suárez estuvo acompañada en la inauguración de la jornada por su homómino a nivel nacional, Luciano Poyato. En su intervención recordó que siempre se ha defendido el diálogo con las Administraciones y la interlocución social, la colaboración y la coordinación para paliar, entre todos, las graves consecuencias de esta crisis sanitaria, social y económica.
También refirió algunas de las necesidades del sector, que a su juicio debieran ser resueltas cuanto antes: “la necesaria coordinación entre las distintas Administraciones con las organizaciones del tercer sector, a nivel autonómico, provincial, y local, para que las medidas que se adopten puedan llegar al mayor número de personas y que se gestionen de la mejor manera posible los escasos recursos humanos y económicos de los que disponemos”; y “el aseguramiento de la sostenibilidad económica y financiera de un tercer sector social organizado, que gestiona una parte importantísima de los servicios sociales que se prestan en nuestra región. Un tercer sector formado por la ciudadanía de a pie, personas en situación de vulnerabilidad social, padres, madres, familiares, voluntarios y voluntarias, y profesionales plenamente involucrados con las personas, y movido por un único objetivo común, el bienestar de todas las personas, la defensa de su dignidad, y su plena inclusión en una sociedad solidaria, justa, y equitativa”.
Por su parte, Luciano Poyato aseguró que “la pandemia provocada por el coronavirus ha ocasionado una fractura social”; también destacó el papel esencial de las oenegés y, concretamente, de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, para avanzar en la cohesión social, y coincidió con María José Suárez en la necesidad de “una nueva gobernanza construida sobre la base de la participación y la implicación de los actores sociales, que resulta determinante para el desarrollo de políticas públicas y líneas estratégicas”.
Apertura
En la conferencia de apertura, el secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, Rafael de Lorenzo, afirmó que es necesaria una reflexión colectiva, personal y grupal, en los distintos órganos de las organizaciones sobre la evolución de la sociedad organizada y sus relaciones con el poder político: “necesitamos organizaciones más fuertes para servir mejor a las personas en estados de necesidad”.
“La desigualdad y la injusticia se profundizan cada vez más, y no hay avances estructurales serios, medibles, para la población en mayor situación de necesidad”, añadió.
“Tenemos que seguir luchando colectiva e individualmente en los nuevos escenarios, guiados por una finalidad principal y única que es que debemos hacer todo aquello que favorezca, que beneficie, que suponga una mayor calidad y dignidad de vida para estos millones de personas en situación de necesidad a las que representamos y por las que trabajamos, y que son la razón de ser de la existencia de nuestras organizaciones”, concluyó.
Primer panel. ‘Análisis de la incidencia de la crisis sanitaria, social y económica de la pandemia en los colectivos más vulnerables de Extremadura’
Intervinieron el presidente de la Asociación Extremeña de Fundaciones, Carlos Zamora; el responsable de Comunicación, Sensibilización y Captación de recursos de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, Javier Risco; el presidente del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura (Cermi Extremadura), Modesto Díez; el coordinador autonómico de Cruz Roja Española en Extremadura, José Aurelio González; el secretario de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Extremadura (EAPN Extremadura), Sebastián González; la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Victoria Hernández; y el presidente de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, Jesús Gumiel.
Para Carlos Zamora, las fundaciones asistenciales han sido las mayores perjudicadas en esta crisis. Han tenido gravísimos problemas para prestar sus servicios, hay más de 120.000 personas que han dejado de recibir formación y de beneficiarse de las actividades culturales, y las de carácter filantrópico ya tienen presupuestadas las ayudas con cargo a las reservas: “el futuro es bastante crudo”.
Para Javier Risco la pandemia ha supuesto atender a un 20% más de personas, a las que ha sido muy difícil atender por la falta de medidas de seguridad y de voluntarios, en su mayoría personas mayores. Además, se han encontrado con una gran demanda de ayuda psicológica, asesoramiento jurídico, y empleo, un gran problema en materia de alquileres e hipotecas y un aumento de la brecha digital de niños y familias.
Según refirió Modesto Díez “las personas con discapacidad se están encontrando con grandes problemas de acceso a la comunicación y a las nuevas tecnologías, y han sufrido una menor protección por su vulnerabilidad y por la falta de respuestas y medios sanitarios, sobre todo al principio de la pandemia”. “La sociedad ha sufrido un periodo de confinamiento forzado que ha repercutido gravemente en las personas con discapacidad, siendo las familias quienes fundamentalmente ha soportado la situación, y las asociaciones hemos tenido que reinventarnos y poner en marcha fórmulas de teletrabajo para no interrumpir los servicios que se venían prestando a las personas con discapacidad”, concluyó.
José Aurelio González, explicó que durante los seis primeros meses de pandemia fueron atendidas más de 51.161 personas, algo que fue posible gracias a los 1.831 voluntarios de Cruz Roja y que les permitió ofrecer una respuesta integral que “ha permitido cubrir necesidades básicas de la población y completar distintas intervenciones en el área de emergencias, la atención sanitaria, la educación, la inclusión social, la atención psicológica o psicosocial, y la mejora del acceso al empleo”.
Sebastián González incidió en los problemas de desempleo estructural, la economía sumergida, la precariedad laboral y la brecha de género como los principales problemas en los colectivos más vulnerables.
Victoria Hernández explicó la complejidad de continuar con el curso escolar y en el acceso a bienes y servicios de primera necesidad para las personas ciegas o con discapacidad visual, destacando la ausencia de accesibilidad a la información. También quiso remarcar que ha surgido un voluntariado muy importante entre los afiliados, en una población eminentemente rural.
Jesús Gumiel se centró en la descoordinación por parte de los servicios sociales en materia de voluntariado al no contar con las entidades del sector.
Segundo panel. ‘Retos y propuestas del tercer sector ante las consecuencias de la pandemia en los colectivos más vulnerables y en las organizaciones del tercer sector’
Intervinieron la directiva de la Red EAPN Extremadura Carmen Bacedoni; el directivo de la Asociación Extremeña de Fundaciones Francisco Valverde; el miembro del Consejo Asesor de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura y coordinador del Área de Acción Social de Cáritas Diocesana de Plasencia, Iván Torres; el director gerente de Cermi Extremadura, Alfonso Cortés; el director regional de Inserta Empleo, de Fundación ONCE, Francisco Javier González; y de nuevo José Aurelio González y Jesús Gumiel.
En opinión de Carmen Bacedoni el mayor aprendizaje de esta pandemia es que el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, y que el tercer sector juega un papel fundamental en una economía que tiene que ser inclusiva, con unos desafíos clave: “la asistencia social, la educación, la atención sanitaria, la necesidad de inversión en la infancia, las familias monoparentales, las mujeres en situación de vulnerabilidad, y en las personas jóvenes”.
Francisco Valverde puso el foco en el reto relacionado con lo sanitario, lo social, y lo económico: “ha quedado claro que nuestras asociaciones son muy vulnerables, es imprescindible conseguir que la catalogación de centros sociosanitarios sea una realidad en nuestras plantillas y que se tenga al alcance todos aquellos recursos que sean necesarios”.
Jesús Gumiel destacó las propuestas y retos en relación al voluntariado, entre otros la agilización de los trámites urgentes de ayudas; la distribución de tratamientos de farmacia hospitalaria; el refuerzo de la atención psicológica; el establecimiento de un bono-taxi para quienes tienen que trasladarse a tratamientos debido a las pautas sanitarias que contemplan que en el mismo vehículo no viajen varias personas; o la coordinación de los servicios sociales.
Iván Torres consideró que en el marco de la intervención se requiere un enfoque centrado en la persona y sus derechos, puesto que hay cada vez más posibilidades de que la vulnerabilidad derive en exclusión. Lo ocurrido hasta ahora como consecuencia de la Covid ha de servir para incorporar nuevos aprendizajes, nuevas metodologías y nuevas acciones.
Para Alfonso Cortés hay que ser conscientes de que no solo estamos ante una emergencia sanitaria, sino también social. Se debe apostar por la formación y, sobre todo, por poner en el centro de todo a la persona mediante los índices de calidad de vida. También debe regularse con rango normativo el concepto de ‘vulnerabilidad social’ para que pueda protegerse legalmente a las personas que se encuentran en esta situación.
José Aurelio González defendió el desarrollo de leyes que garanticen los derechos y los servicios sociales, que se defina un catálogo de prestaciones y servicios que aseguren la inclusión social de la ciudadanía. También consideró que debe promoverse un sistema educativo adaptado a las nuevas realidades, y garantizar la accesibilidad universal para no discriminar a las personas con discapacidad. Por último, consideró necesario crear un fondo de rescate para la supervivencia y sostenibilidad del Tercer Sector, así como la negociación y la adaptación de un marco de financiación para el sector.
Francisco Javier González recordó que 2020 comenzaba con una tasa de un 31% de actividad en Extremadura, 39 puntos por debajo de las personas que no tienen discapacidad, y una tasa de paro de las más altas a nivel de España. Ante este escenario destacó cinco retos para el desarrollo de las personas con discapacidad: el empleo, la transformación digital, la formación, la reducción de la discriminación de género, y la implicación de las empresas.
Clausura
En su intervención en el acto de clausura, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, puso en valor el trabajo realizado por la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura y sus entidades miembro: “independientemente de la situación de vulnerabilidad que tuviesen las personas y de la crudeza de la crisis sanitaria que estamos viviendo, ha tenido una derivada de crisis económica y de crisis social sin precedentes, y os debemos todo el respeto del mundo y que tengáis la máxima representatividad dentro de la toma de decisiones participada que hacemos como Gobierno de la Junta Extremadura”.
Por otra parte, también manifestó su predisposición para trabajar con la Plataforma en desarrollar un marco estratégico con el objetivo de que en la elaboración de las normas jurídicas se cuente con la participación de la Plataforma y se ponga en marcha una verdadera co-gobernanza.
