El Diario Oficial de Extremadura ha publicado la concesión directa de subvenciones para el sostenimiento económico y financiero de 48 entidades prestadoras de servicios especializados a personas con discapacidad y de desarrollo de proyectos de atención directa a personas con trastorno o enfermedad mentales graves, por un importe global superior a un millón de euros.
Las beneficiarias son entidades privadas sin finalidad de lucro que prestan atención directa a estas personas y se encuentran dentro del ámbito de aplicación del XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
Se trata de una compensación para garantizar el sostenimiento de estas entidades tras el déficit que han sufrido por las subidas salariales y el incremento de los gastos de funcionamiento. Así lo ha explicado el consejero de Sanidad y Servicios Sociales en funciones, José María Vergeles: “la compensación está destinada a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las entidades que atienden a estas personas, y es de justicia”.
Las subvenciones van destinadas a financiar servicios de atención temprana, habilitación funcional, centros ocupacionales, centros de día, residencias de apoyo extenso o generalizado, residencias de apoyo intermitente o limitado, y viviendas tuteladas; servicios prestados por ayuntamientos y por entidades privadas sin finalidad de lucro y dirigidos a personas con discapacidad. También sirven para financiar proyectos de las modalidades de integración laboral y de integración social realizados por entidades privadas sin finalidad de lucro dirigidos a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave.
El carácter excepcional de estas ayudas se fundamenta en que se otorgan a entidades que desarrollan una importante labor social en Extremadura en el campo de la inclusión social, destinadas a cubrir necesidades en determinados colectivos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión en la región, y orientadas al cumplimiento de objetivos de atención, de promoción de la autonomía y de integración.
Dicho interés genera la necesidad de facilitar el mantenimiento y funcionamiento de estas entidades, dado que, por su finalidad no lucrativa, no generan beneficio empresarial, lo que implica una menor capacidad de solvencia para afrontar las diferentes circunstancias acontecidas en los últimos meses, como la subida de los costes salariales de sus trabajadores y el incremento de sus gastos de funcionamiento.
La necesidad de garantizar su continuidad y sostenibilidad justifica esta financiación adicional, en consonancia con los principios de cooperación, coordinación y responsabilidad por los que los poderes públicos asumen la obligación de garantizar la atención y prestación de los servicios sociales a aquellos grupos de población vulnerables, entre otros medios, a través de la cooperación en su correcta prestación.
