El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) y el Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex) continúan colaborando con la intención de mejorar la calidad de la atención y evitar condiciones abusivas en las personas usuarias de los centros residenciales.

Se trata de una iniciativa que comenzó en 2024 entre la Sección de Inspección y Control de Calidad del SEPAD y el Servicio de Control de Mercados del Incoex, con el objetivo de garantizar la calidad de los cuidados y vigilar los aspectos relacionados con la contratación del servicio residencial.

En el marco de esta colaboración se han inspeccionado centros residenciales que, con independencia de su titularidad pública o privada, y de la existencia o no de ánimo de lucro de las entidades gestoras, ofrecen plazas cuyo importe ha de ser sufragado en su totalidad por los residentes.

Entre los criterios inspeccionados se tienen en cuenta:

• Las condiciones de la prestación. En la mayoría de los casos, al tratarse de personas dependientes, suelen estar incluidos en el precio los servicios de atención de residencia, como alimentación, atención en el aseo y vestido, etc.
• El precio y sus modificaciones. Son habituales los incrementos anuales con relación al IPC general y a las subidas salariales del convenio específico de residencias privadas; además, se suelen añadir otros servicios, como peluquería, podología, fisioterapia, gastos de farmacia no sufragados por la Seguridad Social o con copago, etc. El precio de cada servicio adicional aparece reflejado en las instalaciones, y estos servicios generan habitualmente un justificante o recibo con la firma del profesional que ha prestado el servicio y del usuario que lo ha recibido.
• La duración de la prestación del servicio. Si bien lo habitual es que sea por tiempo indefinido, pueden figurar penalizaciones y fianzas, a veces abusivas, que se imponen al usuario que decide terminar su relación contractual con la residencia.

Estos aspectos se han valorado con una revisión exhaustiva de la documentación reguladora que la inspección exige a los centros residenciales, como el contrato, el reglamento de régimen interno y los precios de los servicios.

Durante 2024 se inspeccionaron 18 centros, y ya se trabaja en otros tantos desde que comenzó 2025. La finalidad es verificar posibles incumplimientos en materia de defensa de las personas consumidoras, particularmente relacionados con la presencia de cláusulas abusivas en los documentos reguladores del servicio.

El Incoex ha añadido esta campaña a su cartera de trabajo, y para el SEPAD esta colaboración permite, junto al asesoramiento y la vigilancia que realiza el equipo de inspección con relación a otros aspectos del cuidado y la atención directa, potenciar la calidad del trato, evitando cualquier aspecto abusivo en la contratación del servicio residencial.