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La Junta de Extremadura aprueba el decreto-ley que garantiza la atención prioritaria a personas con ELA y dependencia extrema

La Junta de Extremadura aprueba el decreto-ley que garantiza la atención prioritaria a personas con ELA y dependencia extrema
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El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia de dependencia para mejorar la atención a las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

La norma permitirá hacer efectivo el nuevo Grado III+ de dependencia extrema, adapta el catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema de dependencia e incorpora medidas para garantizar una atención intensiva en el entorno domiciliario, orientada a prevenir situaciones de riesgo vital y a sostener el proyecto de vida de las personas afectadas.

El decreto-ley establece una tramitación prioritaria y un plazo máximo de tres meses para resolver los procedimientos vinculados al Grado III+. Además, cuando la persona solicitante otorgue su consentimiento, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) recabará de oficio la información sanitaria necesaria, incluida la obtención del certificado médico preceptivo, mediante los mecanismos de interoperabilidad con el Servicio Extremeño de Salud. Con ello se reducen cargas burocráticas para las familias y se refuerza la coordinación entre los sistemas social y sanitario.

El Programa Individual de Atención podrá incluir como ayuda principal la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio o la prestación económica de asistencia personal. Estas prestaciones tendrán una intensidad mínima de 160 horas mensuales y podrán alcanzar, si así se determina, hasta 24 horas diarias de apoyo. Su cuantía se situará entre 3.200 y 9.859 euros mensuales.

Además, estas prestaciones no contemplan copago para las personas beneficiarias, garantizando que la capacidad económica no limite el acceso efectivo a los apoyos intensivos que se precisan.

La norma también supone un avance decisivo en el desarrollo de la asistencia personal en Extremadura, dado que las personas beneficiarias podrán contar con apoyos individualizados para desarrollar su proyecto de vida, permanecer en su entorno, participar en la comunidad y organizar sus cuidados conforme a sus necesidades reales, preferencias y circunstancias personales.

Para ello se incorpora el Plan de Apoyos al Proyecto de Vida Independiente, que formará parte del Programa Individual de Atención en los casos de asistencia personal y permitirá concretar los objetivos personales, la organización de los apoyos, la distribución horaria y las decisiones de la persona beneficiaria.

Además el decreto-ley culmina una primera fase de simplificación administrativa del procedimiento de dependencia iniciada por el Gobierno regional en julio de 2023, que se materializa en la aprobación de nuevos modelos normalizados que se adaptan mejor a las necesidades de las personas en situación de dependencia, sintetizan la diversa casuística existente, ordenan y simplifican el procedimiento, y sientan las bases para su plena integración en los procesos de digitalización actualmente en marcha.

Así, los nuevos anexos permitirán identificar de forma específica las solicitudes vinculadas a ELA y a otros procesos de alta complejidad, facilitando su control, priorización y tramitación preferente desde el inicio del expediente. Asimismo, separan con mayor claridad el reconocimiento o la revisión del grado de dependencia de la revisión o adecuación del Programa Individual de Atención, incorporan la figura del guardador de hecho y permiten realizar cambios administrativos sencillos sin iniciar una revisión completa del Programa Individual de Atención, como la modificación de preferencias de centros para acceder a listas de espera.

Con esta norma la Junta de Extremadura da un paso decisivo hacia un sistema más ágil, coherente y centrado en las personas, reforzando la protección de los derechos de quienes se encuentran en situación de dependencia y de las personas afectadas por ELA. Estas medidas no solo actualizan y simplifican los procedimientos, sino que responden a necesidades largamente planteadas por los profesionales y preparan la gestión pública para un entorno plenamente digital, más eficiente y adaptado a la realidad social actual.

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