Plena inclusión Extremadura y la Diputación de Cáceres están adaptando espacios culturales, señalética y documentación municipal en 13 localidades de la provincia para que cualquier persona pueda comprender, orientarse y utilizar esos recursos con mayor autonomía.
El programa, denominado ‘Promoción de la accesibilidad cognitiva’, cuenta este año con 100.000 euros de respaldo de la institución provincial. Se trata de una iniciativa que comenzó en 2025 en cinco municipios de la provincia, con una inversión de 60.000 euros. Entre aquellas actuaciones destacaron los planos hápticos y los tótems informativos en lectura fácil con sistema de audio instalados en Garganta la Olla, junto con la adaptación de documentos oficiales municipales y acuerdos de pleno.
Las actuaciones se dirigen especialmente a las personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comprensión, aunque sus beneficios alcanzan al conjunto de la ciudadanía, dado que la accesibilidad cognitiva permite que la información, los espacios y los servicios sean más fáciles de entender, comunicar y utilizar.
Las localidades beneficiarias son Navalmoral de la Mata, Coria, Miajadas, Talayuela, Jaraíz de la Vera, Moraleja, Montehermoso, Arroyo de la Luz, Valencia de Alcántara, Malpartida de Plasencia, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres y Pozuelo de Zarzón.
El trabajo se centra en equipamientos culturales y de uso público, como casas de cultura, bibliotecas y centros de ocio joven. La finalidad es que quienes los usen puedan encontrar la información necesaria, situarse en el recinto y aprovechar los servicios sin depender de ayuda externa.
El equipo de Plena inclusión Extremadura divide cada intervención en tres fases. Primero realiza un diagnóstico mediante paseos exploratorios por los espacios, con el fin de localizar las barreras que dificultan la comprensión. Después diseña las soluciones más adecuadas para cada lugar y, por último, produce e instala los elementos de señalización y orientación.
Entre los recursos incorporados se encuentran señalética comprensible, pictogramas estandarizados, paneles informativos en lectura fácil y elementos que facilitan la orientación espacial. Las actuaciones se ajustan a las normas UNE 153101:2018, relativa a lectura fácil, y UNE 170002:2022, sobre señalización accesible.
Un aspecto central del programa es la participación del equipo de validación de Plena inclusión Extremadura, formado por personas con discapacidad intelectual, quienes recorren los espacios, revisan los contenidos y comprueban que las propuestas resultan comprensibles antes de su implantación definitiva. Esta implicación convierte a las personas que se benefician de la accesibilidad cognitiva en protagonistas del proceso. Además, los validadores revisan los documentos que la Diputación de Cáceres adapta a lectura fácil dentro de la misma iniciativa, de modo que la información institucional pueda ser consultada en igualdad de condiciones por quienes tienen dificultades lectoras.
El proyecto contempla también reuniones de coordinación y sesiones de sensibilización con el personal de los ayuntamientos implicados. Estas actividades explican los principios de la accesibilidad cognitiva, la relevancia de los entornos comprensibles y la responsabilidad de las administraciones locales a la hora de eliminar barreras de comprensión. El objetivo de esta formación es que la gestión de los espacios culturales intervenidos sea más inclusiva y que las mejoras se mantengan con el tiempo.
La Diputación de Cáceres valora la ampliación del programa como una forma de consolidar una línea de trabajo pionera en el medio rural. De hecho, esta iniciativa se anticipa al Real Decreto 707/2026, que aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, y que entrará en vigor el 2 de enero de 2027. El reglamento desarrolla la disposición adicional segunda de la Ley 6/2022, que modificó la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social para regular la accesibilidad cognitiva. Esta ley la integra en la accesibilidad universal y la define como la característica de entornos, bienes, servicios y procesos que permiten comprender, comunicarse e interactuar con facilidad. La nueva normativa establece obligaciones en ámbitos como espacios públicos, transporte, sanidad, Administraciones, Justicia, telecomunicaciones, empleo, participación electoral y patrimonio cultural; prevé el uso de lenguaje claro, lectura fácil, pictogramas, señalización accesible, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y apoyos tecnológicos.