El Consejo Económico y Social de Extremadura ha presentado en el parlamento regional la Memoria sobre la situación socioeconómica de Extremadura correspondiente a 2025, que constata que la región crece, genera empleo y reduce el paro, pero advierte de que mantiene brechas estructurales en salarios, población, pobreza e infraestructuras que frenan su convergencia con España y Europa.
El presidente del Consejo Económico y Social de Extremadura, Francisco Rubio, ha hecho entrega del informe a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en un acto al que han acudido el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; y el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría.
El documento, elaborado tras meses de análisis y debate entre sindicatos, empresarios y representantes de la sociedad civil, se divide en tres bloques: panorama económico; población, mercado de trabajo y relaciones laborales; y calidad de vida y protección social. Su conclusión general es que Extremadura avanza, aunque a un ritmo todavía insuficiente para cerrar la distancia con la media nacional y europea.
Extremadura tuvo en 2025 una evolución económica favorable. La memoria estima un crecimiento cercano al 2,6%, por encima del 1,5% de la Unión Europea y próximo al 2,8% de España. Posteriormente, el Instituto Nacional de Estadística elevó esa cifra al 3,2% frente al 2,6% del conjunto de España, lo que situó a Extremadura como la segunda comunidad autónoma que más creció aquel ejercicio.
El sector servicios sigue siendo el principal soporte de la economía regional, con el 66,1% del valor añadido bruto. Tras el impulso agrario de 2024, el crecimiento de 2025 se apoyó en la construcción y, sobre todo, en los servicios, lo que dio lugar a una estructura productiva algo más equilibrada.
La energía aparece como uno de los grandes activos de la región. La potencia instalada alcanzó los 14.095 megavatios, de los que el 85,6% correspondía a renovables. Extremadura produjo electricidad equivalente al 628,7% de su demanda interna, y el 99,7% de la generación procedió de fuentes libres de emisiones de CO2.
El tejido empresarial, sin embargo, sigue marcado por el peso de las microempresas; el 95,94% de las compañías extremeñas no supera los 10 trabajadores, mientras que solo 40 tienen más de 250 empleados; en este sentido, la integrante del Consejo Pilar Coslado defendió políticas más orientadas a la microempresa, que concentra la mayor parte del tejido productivo.
El mercado laboral ofreció señales positivas. El desempleo medio registrado cayó un 8,42%, hasta 67.844 personas, y la tasa de paro también se redujo. La afiliación a la Seguridad Social volvió a aumentar, aunque a un ritmo menor que en el conjunto de España.
Aun así, el informe insiste en que crear empleo no basta. Extremadura mantiene los salarios y los costes laborales más bajos de España. La distancia con la media nacional se ha reducido ligeramente, pero la región sigue en última posición, un hecho que el informe vincula a la necesidad de elevar la productividad y la cualificación de los trabajadores.
El reto demográfico ocupa un lugar central en el diagnóstico. A 1 de enero de 2026 Extremadura contaba con 1.053.345 habitantes, 1.336 menos que un año antes. Mientras la población española creció un 1,05%, la extremeña descendió un 0,13%. Además, el 22,94% de los residentes tiene 65 años o más, una proporción muy superior a la media nacional. Esta tendencia afecta al relevo generacional, a la disponibilidad de mano de obra, a la sostenibilidad de los servicios públicos, al equilibrio territorial y al futuro del medio rural.
Las infraestructuras de transporte siguen siendo otra asignatura pendiente. El informe señala déficits estructurales por la ausencia de una red de alta velocidad plenamente operativa, la limitada electrificación ferroviaria y frecuencias y prestaciones inferiores a las de otros territorios. La memoria recuerda como pendientes la autovía entre Cáceres y Badajoz, así como las mejoras en la N-430, entre Badajoz y Valencia, y en la N-432, entre Badajoz y Granada.
En el ámbito social, la tasa de abandono escolar temprano se situó en el 15,03%, con un aumento de 1,98 puntos respecto al año anterior. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social mejoró dos puntos porcentuales, pero todavía afecta al 30,4% de la población, casi cinco puntos por encima de la media española.
En sanidad, las personas pendientes de una intervención quirúrgica se redujeron un 8,43%, hasta 22.404. El tiempo medio de espera bajó 43 días, aunque se mantiene en 135. En dependencia se registraron 62.130 solicitudes, un 4,5% más que el año anterior, y 4.838 personas seguían pendientes de valoración. La pensión media contributiva extremeña se situó en 1.118,94 euros, por debajo de la nacional, que alcanzó los 1.311,70 euros.
En su intervención, Manuel Naharro destacó que la memoria aporta un diagnóstico independiente y riguroso para el debate parlamentario y la toma de decisiones.
Por su parte, María Guardiola subrayó que la afiliación alcanzó máximos históricos y que el paro registrado marcó su nivel más bajo en una década. También afirmó que, a 30 de septiembre de 2026, Extremadura era la segunda comunidad autónoma que más empleo había generado, con avances especialmente relevantes entre mujeres y jóvenes.
También reivindicó el acto para reivindicar una financiación autonómica más justa y la llegada de un “tren del siglo XXI”, argumentando que las comunicaciones son determinantes para la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y la competitividad. También defendió el respaldo a autónomos y pymes, la reducción de la carga administrativa, la seguridad jurídica y una fiscalidad más favorable al emprendimiento.
Concluyó vinculando el potencial renovable de la región con la industrialización, el empleo cualificado y la atracción de inversiones, y respaldó los proyectos de centros de datos e inteligencia artificial que han elegido Extremadura.
