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Discapacidad, personas y derechos en la España de 2021. Grada 159. Primera fila

Discapacidad, personas y derechos en la España de 2021. Grada 159. Primera fila
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Entrevista a Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las personas con discapacidad del Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030


Accesibilidad promovida por Fundación CB. Locución: Susana Mangut. Sonorización: Daniel López Luna

En la España del siglo XXI las políticas sobre discapacidad deben ser transversales y recorrer todas las actuaciones de las administraciones. Este principio de actuación social ha de plasmarse en acciones reales que tengan como eje a las personas con discapacidad y sus realidades, y que recojan sus demandas y también sus aportaciones a la sociedad.

La Dirección General de los Derechos de las personas con discapacidad tiene como responsable al extremeño Jesús Martín Blanco, de amplia formación académica y en materia de derechos de las personas con discapacidad. Hemos querido conocer algo más de él, su experiencia vital y de gestión y los proyectos del departamento que dirige.

Siempre nos gusta empezar las entrevistas conociendo al entrevistado en sus propias palabras. ¿Quién es Jesús Martín Blanco? Defínase usted mismo.
Uno no es ‘sí mismo’, lo es en su gente, en sus proyectos, sus anhelos y también en sus frustraciones y en las pérdidas; todas ellas conforman mi existencia, que muta inexorablemente con el paso de tiempo. Contar con gente buena que te acompaña y tener la oportunidad de materializar proyectos para una España que no deje a nadie atrás son sin duda ingredientes para sentirme satisfecho con lo que soy hoy en día.

Por lo que conocemos de su biografía ha tenido que hacer un enorme esfuerzo para superar desventajas de salida, como haber nacido en una zona rural de Extremadura y su discapacidad. Viendo lo que ha conseguido, ¿Qué le diría ahora al niño que se escondía para “no sufrir”? ¿Sigue teniendo relación con su tierra?
Haber nacido en un pueblo de Extremadura es uno de los mayores regalos que me ha hecho la vida. En Eljas la discapacidad se diluye, hasta el punto de que prácticamente no tomé conciencia de la realidad de mi cuerpo, ‘no normativo’, hasta que tuve que salir de mi pueblo a estudiar. La vecindad de lo rural te acompaña, te cuida y sobre todo te respeta. Un pueblo te vincula para siempre; de hecho, acabo de estar allí, porque volver no es una quimera, es una necesidad.

Y fue en ese rincón de Cáceres donde a también aprendí la cultura de los cuidados, el saber de la vecindad en el que no cabe soledad alguna. Tenemos que poner en valor estas culturas de los cuidados que atesoran los pueblos. Debemos aprender de ellos, para que no desaparezca ese acervo, que es una buena práctica exportable a las ciudades.

Nunca me he tenido que esconder, y precisamente por eso reivindico la autodeterminación de cuerpos y mentes no normativos, y también por eso a ese niño que hoy tiene 47 año le diría “bien hecho”.

Encuentro con el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad. Grada 158. Sepad
Encuentro de Jesús Martín con representantes de la Junta de Extremadura tras tomar posesión de su cargo

La Dirección General de los Derechos de las personas con discapacidad que dirige es uno de esos departamentos de la Administración desconocidos para el gran público. ¿Cuál es su misión dentro de la Administración del Estado?
En este Ministerio entendemos que, para abordar cualquier acción de gobierno sobre discapacidad se tiene que hablar manera indisoluble de personas y de derechos. Y eso lo hemos reflejado en el nombre de la Dirección General, porque las palabras generan pensamiento y deben ser elemento inspirador y tractor de esta nueva etapa.
Para pasar de la abstracción a lo concreto, quiero que se reconozca esta etapa en varios principios que pivotarán las actuaciones de la Dirección General.

En primer lugar, la Convención de la Discapacidad. Tres años de defensa de este tratado me han servido para saber que no tenemos que inventar la rueda, lo que tenemos que hacer es ponerla en movimiento. En términos jurídicos, aterrizarla en nuestras vidas y las de nuestras familias; para ello esta Dirección General tiene que hacer entender al Estado que el único abordaje de la discapacidad es desde los derechos humanos, y así se lo he trasmitido a las compañeras y los compañeros del Ministerio. Solo de esta manera lograremos borrar el paisaje de discriminación por el que transitamos las personas con discapacidad.

En segundo lugar, la persona en el centro. Es el momento de la autodeterminación de las personas, no podemos dilatar más un mandato que emana precisamente de nuestra Convención. Y esto debe ser entendido en el marco de nuestra dignidad inherente, porque cuando se respeta la dignidad de las personas con discapacidad se valoran nuestras experiencias y opiniones, las cuales pueden ser conformadas sin temor de perjuicios físicos, psicológicos o emocionales. La autonomía individual significa estar a cargo de la propia vida y tener la libertad de tomar las propias decisiones y pondré tesón, pasión y política para que esto se cumpla.

Pero también quiero subrayar que este proceso no se entiende sin las familias, que han realizado una contribución silenciosa pero encomiable para que hoy las personas con discapacidad tengamos nombre propio. Porque son las primeras que creen en nosotras, cuando ni siquiera nosotros lo hacíamos, cuando la historia nos negaba. Aquella rebelión de amor o esta revolución del respeto, que diría Fernández los Ríos, ha hecho posible que hoy conceptos como ciudadanía, inclusión o convivencia dejen de ser abstractos y se concreten hasta el punto de que podemos disfrutarlos en toda su extensión.

Y en tercer lugar, por supuesto, el diálogo civil. No concibo otra manera de entender una responsabilidad pública, si no es de la mano de la sociedad civil. En mi trayectoria como activista en el movimiento cívico de la discapacidad he constatado que el diálogo civil es un instrumento para una nueva gobernanza perfeccionada, en la que la toma de decisiones se comparte y se hace corresponsable; en lo que a esta Dirección General respecta, todas las políticas públicas sociales, de igualdad o de inclusión, han de estar presididas y permeadas por este principio.

Su departamento está encuadrado en el Ministerio de Derechos sociales, en un Gobierno que tiene como ‘buque insignia’ el Ministerio de Igualdad. ¿Deberíamos superar el concepto de integración social para hablar de igualdad social cuando nos referimos a las personas con discapacidad?
El ‘buque insignia’ de este Gobierno es no dejar a nadie atrás, y sin duda para ello es preciso contar con un Ministerio de Igualdad, porque España tiene una deuda con todas las mujeres de este país. Hace unas semanas veía ‘Nevenka’, un documental de una mujer que a finales de los 90 llevó ante la Justicia a su acosador, un alcalde opresor que contó con la connivencia de otras compañeras y compañeros de la corporación municipal y del propio vecindario. Él fue condenado por la justicia, y ella por la sociedad.

Esas opresiones y violencias y los asesinatos a las mujeres se han tolerado, se han ocultado y se han justificado. La sociedad ha transigido porque lo regular era que cobraran menos, que fueran las que sostuvieran la cultura de los cuidados, que se pudiera abusar de ellas y que se las pudiera matar, sin que el sistema se alterase ante estas violaciones a la igualdad. El machismo tiene que dejar la Ley no escrita, y dejar de existir como norma social que se asume y se acata.

Abriremos las ventanas y las puertas para que la igualdad transformadora entre sin pedir permiso; me refiero a esa igualdad que cuestiona la visión hegemónica en la que persiste el tratamiento diferenciado por motivos de discapacidad y que contribuirá a erradicar las formas sistémicas y más ocultas de discriminación. Solo de esta manera dejaremos de ser especiales y seremos solamente personas.

Visita de Jesús Martín a Pescueza para conocer sus iniciativas sobre accesibilidad. Foto: Cedida
Visita de Jesús Martín a Pescueza para conocer sus iniciativas sobre accesibilidad. Foto: Cedida

¿Hasta qué punto considera importante que las políticas dirigidas a las personas con discapacidad tengan un carácter transversal en la acción de la Administración?
No solo lo considero importante, sino que lo asumo como una obligación; hablar de derechos humanos implica ser y estar en todas las dimensiones de vida, sin vetos ni restricciones a nuestro pleno desenvolvimiento. Tenemos que entender una sentencia, a una doctora en urgencias, poder ir al teatro o tomarnos una caña… el ejercicio de las libertades fundamentales nace del presupuesto previo de la accesibilidad.

Tenemos ahora dos grandes objetivos de futuro, la Agenda 2030 y la llegada de los fondos de la Unión Europea para superar los efectos de la pandemia del COVID 19. ¿Deben ser objeto las personas con discapacidad de un trato diferenciado, por el secular atraso que arrastramos y el especial perjuicio que nos ha causado la pandemia?
La acción positiva está recogida en las leyes españolas como medida de aceleración de la igualdad. Cuando se parte de la opresión, como es el caso de las mujeres o de las personas con discapacidad, el Estado tiene que poner en marcha todos los mecanismos para ubicarlas en la esfera de los derechos. El progreso de un país se debe medir también en términos de derechos sociales, y para eso necesitamos que se escuche la voz de toda la ciudadanía.

Recientemente ha revivido la polémica por la actuación en un pueblo extremeño de los conocidos como ‘Enanitos toreros’. En una entrevista a Europa Press usted se opuso rotundamente a estas actuaciones, al tiempo que proponía para sus componentes la posibilidad de acogerse a planes de formación para encontrar un trabajo adecuado a sus capacidades. ¿Qué nos falta para dejar de ser el país que se ríe del diferente, del que tiene un físico no normativo o una capacidad intelectual diferente?
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se significa por primera vez mostrando su rechazo absoluto a esa cultura que ridiculiza a seres humanos por su discapacidad.

Ya hemos superado la España en blanco y negro, y un Gobierno no puede permanecer equidistante ante espectáculos como el ‘bombero torero’, donde se legitima, en una plaza pública, que medir 1,30 metros sea motivo de risa o de burla, trasmitiendo además esta tradición a niñas y niños que acuden a estos ruedos del horror a aprender a reírse del diferente.

Los derechos humanos son incómodos y generan resistencias, pero son un meta incuestionable. Al igual que debemos erradicar la cultura patriarcal y la del maltrato animal, también debemos abolir esas tradiciones que nos deshumanizan.

Yo soy una persona con una displasia, o sea un enanismo, sé de lo que hablo porque cuando venían estos espectáculos al pueblo de al lado yo me escondía aterrorizado para que no se rieran de mí. No vamos a permitir que más niñas y niños sientan vergüenza de sus cuerpos. España no tiene bufones, sino personas. No estaríamos hablando de esto si estos espectáculos fueran con otro colectivo o con otra discapacidad; sin embargo, habría que preguntarse por qué no existe una condena social rotunda ante un hecho tan humillante para personas como yo.

Este Ministerio acata sus compromisos con los tratados internacionales sobre derechos humanos y trabajaremos para erradicar estas prácticas tan lesivas para la condición humana. Esto nos compele a todas las Administraciones, también a los ayuntamientos, no podemos ponernos de perfil ante un acto que denigra una discapacidad, ni se puede invocar la libertad porque desde la pobreza y la exclusión uno no elige. Por eso queremos sacar a esas personas de la precariedad y poner a su disposición un programa de reciclaje profesional para que desde las oportunidades puedan ejercer su libertad a ser, más allá de su estatura.

Autoridades asistentes a la presentación. Foto: Junta de Extremadura
Autoridades asistentes a la presentación de la campaña ‘12 razones-12 valores’. Foto: Junta de Extremadura

Para terminar, ¿cuáles son los objetivos de futuro que se plantea para su departamento?
Si bien yo concibo que la mejor fórmula de justicia social es fijando de derechos en las leyes, impulsaremos una nueva Estrategia Española de Discapacidad como palanca del ejercicio efectivo de estos derechos y libertades. Esta Estrategia se proyecta como una hoja de ruta posibilista, para que el Estado español, a través de sus poderes públicos, contribuya a aterrizar los derechos humanos en nuestras vidas y en la de nuestras familias. Para ello, en su elaboración estarán muy presentes la Convención de la Discapacidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Y, como ya he apuntado, será concebida desde un enfoque interseccional y feminista, bajo los principios de democracia y participación a lo largo de todo el proceso. Así, está previsto que la fase que se inicia ahora cuente con las entidades representativas de la discapacidad, las administraciones tanto estatales como autonómicas y locales, y demás agentes interesados, entre los que cobra especial relevancia el papel de las propias personas con discapacidad y sus familias.

Asimismo, la Estrategia dará respuesta a desafíos transversales como la emergencia climática y el reto demográfico para estar con la España de los pueblos, de las aldeas y de los campos, donde también viven personas con discapacidad a las que hay que escuchar y acompañar. Para ello se nutrirá del conocimiento y la experiencia de las comunidades autónomas y las entidades locales, con el fin de concebir un instrumento que fortalezca la cooperación territorial.

El reto no es otro que la sociedad nos vea, nos asuma y nos respete como titulares de todos los derechos humanos, y este es presupuesto para que la Convención se entienda y se aplique en toda su extensión.

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