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El Grupo Social ONCE seguirá impulsado el empleo de personas con discapacidad tras renovar su convenio con el Gobierno central
El Grupo Social ONCE se ha comprometido con el Gobierno central a generar 25.000 empleos para personas con discapacidad en los próximos 10 años, realizar 100.000 formaciones para impulsar su acceso a un puesto de trabajo, y aumentar la dotación de la Fundación ONCE para mejorar aún más su labor social.
Estas son algunos de los compromisos adquiridos en la renovación del acuerdo con el Gobierno central en materia de cooperación, solidaridad y competitividad para la estabilidad de futuro de la Organización en el periodo 2022-2031.
El nuevo acuerdo es continuación de los anteriores y reconoce al Grupo Social ONCE como una corporación de derecho público de carácter social y, al mismo tiempo, un operador de loterías responsables sociales y seguras de ámbito estatal, siendo esta segunda actividad instrumental de la primera, para garantizar el cumplimiento de las funciones sociales que la Administración tiene encomendadas a la ONCE.
En consonancia con el marco normativo definido en la Ley de regulación del juego de 2011, se mantiene a la ONCE, junto a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, como uno de los operadores a los que quedan reservadas en exclusiva las loterías de ámbito estatal.
También establece el compromiso de la ONCE de continuar desarrollando la importante labor social que le caracteriza y mantenerse como líder mundial en la creación de empleo y la formación para personas con discapacidad, como agente social de cohesión y vertebración de los movimientos sociales, y como elemento diferenciador que refuerza el modelo español de protección social de la discapacidad, tanto ante la Unión Europea como ante otras instancias internacionales.
La ONCE intensificará los recursos destinados a servicios sociales para personas ciegas o con deficiencia visual grave afiliadas a la Organización, de manera que destinará el 16% de los beneficios a programas especiales en los ámbitos de inclusión escolar, rehabilitación y apoyo psicosocial, autonomía, o cuidado personal, entre otros, con especial atención a la innovación en tecnologías.
Como novedad, incorpora la atención social a personas ciegas o con deficiencia visual grave extranjeras, en función de la concesión de asilo o de la protección subsidiaria otorgados por el Ministerio del Interior.
El Grupo Social ONCE se compromete además a desarrollar en los próximos 10 años un nuevo plan de empleo y formación para personas con discapacidad que creará 25.000 nuevos puestos de trabajo y plazas ocupacionales, y 5.000 de ellos en las áreas de ciencia, sostenibilidad y tecnología. Y se desarrollarán acciones formativas para 100.000 personas con discapacidad, junto con 3.000 becas para estos jóvenes.
También el Grupo Social ONCE adquiere los compromisos de apoyar el deporte paralímpico, como elemento importante para conseguir la normalización de la vida de las personas con discapacidad; de cooperar en la educación y el empleo de las personas ciegas latinoamericanas; e impulsar la acción de la Unión Europea en estas temáticas.
La ONCE mantiene su obligación de aportar un 3% de las ventas íntegras de productos de lotería a la Fundación ONCE para la solidaridad con otras personas con discapacidad, cifra que podrá aumentarse hasta en un 2% adicional en función de la evolución de las ventas totales, con la salvaguarda que, del importe global, al menos un 60% se destinará a programas de empleo y formación.
Se establece asimismo la atención a un mayor número de personas con discapacidad psicosocial, así como favorecer en competencias laborales y búsqueda de empleo a 1.300 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.
Toda esta labor social que compromete la ONCE en el acuerdo se apoya en la explotación de la concesión a la ONCE de una licencia para comercializar productos de lotería como operador de juego de reconocido prestigio, sujeto a un estricto control público y en pro de un juego responsable y seguro.
En virtud de ello, se establece la aplicación de los principios de juego responsable en la comercialización de todos los productos y modalidades, y en todos los canales. Se aplicarán medidas como reforzar el control de acceso a menores y a los inscritos en los registros de autoprohibidos y, por otra parte, se establece la prohibición expresa para los canales físicos de la venta directa desde un terminal de ONCE a un comprador, de manera que exista siempre un intermediario personal en el proceso de venta.
Además, antes de iniciar cualquier comercialización de producto, la ONCE evaluará su nivel de riesgo para impedirlo si dicho riesgo es alto; colaborará con el Estado para erradicar los juegos ilegales, así como para evitar posibles efectos perniciosos del juego sobre los consumidores.
