Extremadura recibe del Estado 20 millones de euros para la atención a la dependencia. Grada 159. Sepad

La Junta de Extremadura ha recibido 20 millones de euros en 2021 procedentes del Estado para la ejecución del plan de impulso del Sistema de Atención a la Dependencia en Extremadura (2021-2023), cuyas líneas principales ha desglosado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, junto al director gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad), José Vicente Granado.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se recoge un incremento en los fondos para las medidas de atención a la dependencia contempladas en este plan de 600 millones de euros, de los cuales, en el reparto por regiones, a Extremadura le corresponden 20 millones.

“Se trata de un plan que da repuesta a necesidades, por lo que tiene una importante magnitud por lo que representa para la protección social y los derechos de la ciudadanía”, ha explicado.

Además, ha subrayado que por cada millón de euros que Extremadura invierte en estas políticas se generan 50,7 puestos de trabajo directos, lo que le otorga un beneficio muy destacado. Algo que se traduce en el acceso a un derecho subjetivo, además del desarrollo de un sector productivo importante para la región y como forma de afrontar el reto demográfico.

En este contexto, en el que la región invierte 1.097 euros por cada persona con dependencia, se incluye este plan de impulso del Sistema de Atención a la Dependencia en Extremadura (2021-2023), que fue aprobado por el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia en enero, y cuyos primeros fondos estatales se recibieron en abril.

Entre sus objetivos se encuentra la realización de una evaluación completa del sistema de atención a la dependencia, o el aumento de las cuotas del nivel mínimo que recibe una persona con dependencia. Así, quien cuente con una resolución de grado 3 pasa de percibir 177,86 euros a 235 euros, lo que supone un incremento del 23,6%.

Además, se va a modificar la acreditación de centros y servicios del sistema de atención a la dependencia, con nuevos perfiles profesionales procedentes de la Formación Profesional y de cualificaciones profesionales. Se mejorarán también las prestaciones, con la evaluación del grado de dependencia hasta los seis años, y se regulará la figura del asistente personal, además de los servicios de teleasistencia, que pasarán a ser un derecho subjetivo desde 2022.

Por su parte, para reducir las listas de espera se apostará por la simplificación administrativa en una doble vía; solo será necesaria la visita del equipo de valoración y a partir de esa evaluación se podrá generar una resolución que contemple tanto el reconocimiento del grado de dependencia como el plan individualizado.

José María Vergeles ha expuesto que con estos fondos estatales se están mejorando los sistemas de información del Sepad, entre ellos el catálogo de servicios; el aplicativo de tramitación telemática de solicitudes; y el aplicativo de pago de las prestaciones económicos o asignación de servicios.

Se han incrementado también los recursos del Sepad, sobre todo los equipos de valoración y los de tramitación de los expedientes, así como en movilidad de los equipos de valoración, con la incorporación de 12 vehículos, y el aumento de 14 profesionales en dichos equipos, con el objetivo de llegar a los 80.

Otro objetivo es que la prestación económica no esté vinculada a un servicio determinado, sino que sea general. También se incrementarán las plazas residenciales concertadas, añadiéndose 650 plazas más, 450 por la financiación extraordinaria del Estado y 200 que se recuperarán de los planes de contingencia como consecuencia de la pandemia. Además, las plazas de los centros de día aumentarán entre 200 y 300 en 2021; y los servicios de promoción de la autonomía, en domicilios en 500 más; habrá adicionalmente un incremento de 1.400 prestaciones de teleasistencia.

Como consecuencia de estas medidas, entre abril y junio de este año se ha reducido la lista de espera de personas pendientes de reconocimiento del grado de dependencia en 715 personas; también se han notificado las resoluciones de grado a 1.101 personas y el reconocimiento del grado de dependencia a 896 personas; además, 1.005 beneficiarios pendientes de prestaciones ya las han recibido, y el 99% de las prestaciones recibidas ha sido en forma de servicios.

Según evaluaciones independientes del Imserso y de asociaciones de directores y gerentes de servicios sociales, la región mejora con respecto a 2019 en varios ámbitos de la dependencia.

Así, Extremadura supera la media de España en el número de personas beneficiarias sobre el total de personas potencialmente en situación de dependencia; también supera la media de España en el número de solicitudes sobre el total de población potencialmente dependiente; y está por encima de la media española en la tasa de variación interanual de personas atendidas, así como en la tasa de variación interanual de expedientes con el reconocimiento del grado 3.

Fruto de esta mejoría se desprende, en opinión de José María Vergeles, que “Extremadura ha estado por debajo de la media en el porcentaje de personas solicitantes pendientes de resolución de grado”, lo que se denomina el ‘limbo de la dependencia’.

La región también está por debajo de la media de las comunidades autónomas en personas con derecho reconocido pendientes de atención, “la otra parte del limbo de la dependencia”, ha remarcado José María Vergeles.