Anuncia Maján
El hogar debería ser el primer espacio de seguridad, afecto y protección durante la infancia. Es el lugar donde los niños aprenden a confiar, desarrollan su personalidad y encuentran el respaldo necesario para crecer. Sin embargo, para miles de niños, niñas y adolescentes, el entorno familiar se convierte precisamente en el escenario donde sufren algunas de las formas más graves de violencia.
Se trata de una realidad que con frecuencia permanece oculta, que puede prolongarse durante años y que deja consecuencias profundas en el desarrollo emocional, psicológico y educativo de quienes la padecen.
El último estudio de Fundación ANAR sobre violencia intrafamiliar en la infancia y adolescencia, correspondiente al periodo comprendido entre junio de 2020 y junio de 2025, ofrece una radiografía preocupante de esta problemática en España. Sus conclusiones muestran un incremento de los casos atendidos, la diversidad de las formas de maltrato y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, detección y protección de los menores.
Los datos son contundentes: durante esos cinco años Fundación ANAR atendió a 27.138 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar y registró 373.926 peticiones de ayuda relacionadas con esta problemática. Además, el número de menores atendidos aumentó un 75,2% a lo largo del periodo analizado.
Conviene precisar que estas cifras corresponden a los casos atendidos a través de las líneas de ayuda de la Fundación y no representan una estimación del conjunto de víctimas existentes en España. No obstante, permiten conocer la dimensión de un problema que exige una respuesta social e institucional.
El estudio identifica distintas manifestaciones de violencia dentro del entorno familiar. El maltrato físico representa el 34,9% de los casos analizados, mientras que el psicológico alcanza el 29,4%. A continuación aparecen el abandono, con un 14,5%; la violencia de género en el entorno familiar, con un 10,7%; y las agresiones sexuales, que representan el 10,5%. En conjunto, el maltrato físico y psicológico concentra el 64,3% de las situaciones registradas.
Especialmente llamativo resulta el crecimiento de algunas formas de violencia durante los cinco años estudiados. La violencia de género en el entorno familiar aumentó un 237,4%, mientras que las agresiones sexuales crecieron un 116,6% entre los casos atendidos.
Estas cifras recuerdan que la violencia contra la infancia no siempre deja señales visibles. A los golpes y las agresiones físicas se suman las amenazas, los insultos, las humillaciones, el aislamiento y las conductas de control. Formas de maltrato que pueden resultar difíciles de identificar desde fuera, pero que también pueden provocar daños duraderos.
La perspectiva de género incorporada al estudio permite observar diferencias importantes entre las víctimas. Las mujeres representan el 60,2% de los menores atendidos, frente al 39,7% de varones y el 0,1% de personas no binarias. Las diferencias son especialmente significativas en las agresiones sexuales: el 80,8% de las víctimas de esta modalidad de violencia son mujeres. También predominan las niñas y adolescentes en los casos de maltrato físico y psicológico.
Por edades, el 43,5% de las víctimas tiene entre 13 y 17 años, mientras que el 37,8% tiene 9 años o menos. El informe identifica asimismo diferencias según la edad. Los menores más pequeños presentan una mayor incidencia de abandono y violencia de género en el entorno familiar. Entre los adolescentes destacan especialmente el maltrato físico, el psicológico y las agresiones sexuales.
Uno de los apartados que merece una atención particular es el dedicado a los menores con discapacidad. Según los datos de Fundación ANAR el 24,9% de las víctimas atendidas presenta alguna discapacidad. Dentro de este grupo, el 66,4% son varones.
El maltrato físico y psicológico vuelve a ocupar un lugar destacado, con porcentajes del 58,4% y el 26,6% respectivamente.
Estos resultados ponen sobre la mesa la importancia de contar con mecanismos de protección accesibles y adaptados a las necesidades de cada menor. La detección de la violencia puede requerir una atención específica cuando existen dificultades de comunicación, dependencia de terceras personas u otras circunstancias que condicionan la posibilidad de explicar lo que está sucediendo.
La protección de la infancia debe contemplar todas las situaciones de vulnerabilidad y garantizar que ningún niño o niña quede al margen de los recursos de ayuda.
Más allá de las agresiones, el estudio presta especial atención a las consecuencias psicológicas y educativas de la violencia intrafamiliar. La salud mental aparece como el principal problema asociado a estas situaciones. Entre las dificultades identificadas figuran la depresión, la tristeza, el miedo, las fobias y los trastornos de ansiedad y angustia. La incidencia de estos problemas resulta especialmente elevada entre las víctimas de agresiones sexuales y maltrato psicológico. En estos grupos, los problemas de salud mental alcanzan, respectivamente, el 63,2% y el 61,9%. Las consecuencias también llegan a las aulas. El 66,4% de los menores presenta niveles medios o bajos de satisfacción escolar y el 73,4% registra un rendimiento académico medio o bajo.
Sin embargo, hay otro dato que merece una reflexión especial: solamente el 26,3% de las víctimas recibe tratamiento psicológico. Esta cifra evidencia una de las necesidades más importantes detectadas por el informe. Identificar una situación de maltrato y activar los mecanismos de protección es imprescindible, pero no suficiente. También hay que garantizar que los menores puedan acceder a una atención psicológica especializada, continuada y adaptada a las consecuencias de la violencia sufrida.
El estudio incorpora otro elemento de especial actualidad: la relación entre el uso inadecuado de la tecnología y la violencia intrafamiliar. Según Fundación ANAR la tecnología está implicada en el 49,3% de las situaciones analizadas. Su presencia aparece asociada a distintas formas de violencia, especialmente el maltrato psicológico y físico. El entorno digital puede convertirse en un instrumento de intimidación, control o exposición a situaciones perjudiciales.
Esta realidad obliga a ampliar las estrategias tradicionales de prevención. La educación digital, la supervisión adecuada y la formación de las familias resultan fundamentales para identificar riesgos y evitar que las nuevas tecnologías se conviertan en otro espacio de desprotección para la infancia.
Quizá uno de los aspectos más duros del estudio sea la identificación de las personas responsables de las situaciones de violencia. Entre los principales agresores aparecen el padre, señalado en el 48,5% de los casos; la madre, en el 28,6%; y ambos progenitores, en el 12,2%. En los casos de violencia de género en el entorno familiar la figura paterna aparece identificada como agresora en el 90,2% de las situaciones.
El informe también relaciona la aparición de estas formas de violencia con diferentes factores de riesgo: conflictos familiares, adicciones, problemas de salud mental, dificultades económicas, separaciones conflictivas y antecedentes de violencia en el entorno familiar.
Fundación ANAR advierte de que estas circunstancias pueden combinarse y generar escenarios de especial vulnerabilidad. Por eso, la respuesta no puede limitarse exclusivamente a atender al menor: también debe contemplar el conjunto del entorno familiar y social.
La gravedad de los resultados aumenta cuando se analiza cuánto tiempo permanecen los menores expuestos a estas situaciones. El 64,4% de los problemas presenta una frecuencia diaria y el 77,6% se prolonga durante más de un año. Además, el 83,3% de las situaciones se considera de gravedad alta y el 70,9% presenta un nivel elevado de urgencia.
Son datos que reflejan que no estamos hablando únicamente de episodios aislados, sino de situaciones persistentes en las que la detección temprana resulta fundamental para evitar que el daño continúe agravándose.
Durante el periodo estudiado Fundación ANAR realizó 69.750 derivaciones a recursos externos y 9.962 intervenciones en situaciones graves, combinando actuaciones jurídicas y sociales. El 78,9% de las situaciones de violencia intrafamiliar necesitó una intervención integral que incluyera apoyo psicológico, jurídico y social.
El informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas a las instituciones, los profesionales, las familias y los propios menores. Entre las prioridades figuran reforzar la prevención, mejorar la formación de los profesionales, garantizar una detección precoz y facilitar el acceso a tratamientos psicológicos especializados. También reclama una mayor coordinación entre los sistemas educativo, sanitario, social y judicial, así como el fortalecimiento de los recursos de protección.
Fundación ANAR plantea, además, la necesidad de avanzar en la creación de juzgados de violencia contra la infancia y adolescencia y garantizar canales de ayuda accesibles para todos los menores.
Pero la responsabilidad de proteger a la infancia no corresponde únicamente a las instituciones. También nos interpela como sociedad. Las familias, los centros educativos, los profesionales sanitarios y el conjunto de la ciudadanía tienen un papel importante en la detección y prevención de estas situaciones.
Escuchar a un menor, creer en su relato, identificar las señales de alarma y actuar ante una sospecha de violencia pueden resultar decisivos para cambiar el curso de una situación que, de otro modo, podría permanecer oculta durante años.
Porque ningún niño debería crecer con miedo en su propia casa. Y porque el derecho a disfrutar de una infancia libre de violencia no puede depender de las circunstancias familiares, sociales o personales de cada menor. El hogar debe ser siempre un espacio de protección, nunca el lugar del que un niño necesite ser protegido.
- Teléfono ANAR para niños, adolescentes y familias (24 horas y gratuito: 900 20 20 10 (o el número europeo armonizado 116 111)
- Teléfono para familias y centros escolares: 600 50 51 52
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