La plataforma de contratación del Estado y el Diario Oficial de la Unión Europea han publicado la licitación pública para la redacción de proyectos de ejecución que apliquen la accesibilidad universal en 43 centros de diferentes tipologías sanitarias y de atención a mayores, dotada con un importe de 408.659,70 euros y en el marco del proyecto ‘Plan España, país accesible’.
Estos fondos Next Generation suponen una oportunidad para actuar en estos edificios de la administración autonómica con el objetivo de garantizar un uso y acceso universal e igualitario desde parámetros de diseño para todas las personas, constituyendo una palanca de cambio hacia la inclusión social.
Los proyectos a redactar por profesionales de la arquitectura y arquitectura técnica a través de esta contratación pública se organizan en 14 lotes, con tres centros cada uno de ellos, al que se añade un lote específico para el Hospital de Llerena. Son en total 35 actuaciones en centros de mayores distribuidos por toda la región y ocho centros de salud, uno por cada área de salud en las que se divide Extremadura.
La metodología planteada en la elaboración de los proyectos establece un enfoque transversal, participativo e integrador con el objetivo de ir más allá del concepto físico de accesibilidad, y tiene en cuenta la cognitiva y sensorial (comprensión del entorno, del servicio prestado, así como la comunicación) para conseguir un edificio y su entorno ‘vivible’ por los mayores, personas con cualquier discapacidad, etc.
Se trata de prestar servicios integrales a la ciudadanía en su conjunto, independientemente de sus capacidades. Además, las intervenciones introducen como elemento innovador la sensibilización y la formación a las personas usuarias y trabajadoras, respectivamente.
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 28 de enero y destaca entre los criterios de adjudicación la valoración de criterios sociales que promuevan el empleo en un porcentaje superior al 10% de personas desempleadas, priorizando la contratación de colectivos desfavorecidos, personas con discapacidad o en situación de exclusión social. Se tienen en cuenta también los criterios ambientales que minimicen los residuos o las emisiones en la ejecución de las obras.
