La Plataforma de Mayores y Pensionistas, el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, ha trasladado a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial su preocupación por la brecha digital que produce la creciente digitalización de servicios a todos los niveles (económico, informativo y de servicios públicos), así como la necesidad de establecer un periodo de transición que permita una adaptación más paulatina a dicha digitalización de todos los servicios, especialmente para los colectivos más vulnerables, como son las personas mayores.
Sus representantes han mantenido un encuentro con miembros de la mencionada Secretaría de Estado, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En concreto, les han recibido la subdirectora y el subdirector adjunto de la Subdirección General de Impulso de la Digitalización de la Administración, Elena Muñoz y Daniel Sánchez; y el subdirector adjunto y la jefa de área de la Subdirección General de Planificación y Gobernanza de la Administración Digital, Ángel Luis Martín y Sandra Sabroso.
Tras la campaña emprendida contra la exclusión financiera y la brecha digital en los servicios bancarios, la Plataforma ha comenzado su interlocución con las administraciones con el objetivo de hacer valer los derechos de las personas mayores ante la creciente y brusca digitalización de numerosos servicios públicos y privados, que deja prácticamente sin acceso a todos esos servicios al colectivo que representa, que sufre especialmente una falta de formación en competencias digitales.
Por otro lado, la Plataforma también ha trasladado a sus interlocutores la perentoria necesidad de un periodo de transición en la inevitable digitalización de la sociedad, el cual requiere hacer compatibles y coexistentes el acceso digital con la atención presencial para los usuarios, aunque sea por un periodo temporal.
También se ha reiterado en el encuentro la preocupación, especialmente en el ámbito de las administraciones, por las deficiencias de los portales públicos en términos de accesibilidad, usabilidad y estándares técnicos. Asimismo, se considera necesario un ambicioso plan de formación y capacitación digital de la ciudadanía que preste especial atención a los colectivos más vulnerables en riesgo de exclusión digital, como personas mayores, habitantes de zonas no urbanas que no están muy bien comunicadas, o familias con bajo nivel de renta o que no poseen dispositivos electrónicos ni conectividad.
Por último, la plataforma se ha ofrecido como agente interlocutor y colaborador con la administración para la implementación de todas las medidas mencionadas, ya sea realizando el diagnóstico de necesidades en colectivos y personas vulnerables, colaborando con entidades locales desde su red asociativa o con la medición del impacto del plan de formación y capacitación digital.
