Tras dos años sin salir a la calle a causa de la situación sanitaria más de 500 mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo de Plena inclusión Extremadura han alzado la voz y reivindicado la igualdad de oportunidades con motivo del Día de la mujer.
El movimiento asociativo trabaja desde hace años con las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo en un proyecto que promociona su empoderamiento y liderazgo. Bajo los lemas #dalacaraporlaigualdad y #quehartaestoy Plena inclusión Extremadura y sus entidades miembro han lanzado una campaña con mensajes reivindicativos para lograr una sociedad más inclusiva e igualitaria.
La representante de las personas con discapacidad intelectual en la junta directiva de Plena inclusión Extremadura, María Casado; la vicepresidenta de la federación, Maribel Gutiérrez; las vocales de la junta directiva Teresa Montaño y Elisa Grajera; el presidente de Plena inclusión Extremadura, Pedro Calderón; el gerente de la entidad, Sebastián González; así como por el resto de los miembros del equipo técnico de la federación, han leído un manifiesto reivindicando la igualdad, con el título ’25 años de avances y retos por conseguir’.
Las mujeres con discapacidad intelectual han denunciado un año más la situación de exclusión a la que están sometidas de manera sistemática como ciudadanas. No obstante, durante los últimos años se ha avanzado en la conquista formal de derechos y en cambios normativos, lo que se ha visto reforzado por una profunda trasformación de la sociedad española.
La baja tasa de empleabilidad, los servicios públicos no accesibles ni inclusivos, la falta de formación de los profesionales o la escasez de políticas para luchar contra la violencia de las mujeres con discapacidad son algunas de las reclamaciones que recoge el manifiesto.
El texto también exige que se cumpla el Pacto de Estado contra la violencia de género, y que se pongan en marcha todas las medidas contenidas que garanticen su adecuada dotación presupuestaria, a fin de asegurar una política pública de detección, asistencia, ayuda y protección, y de equidad en el acceso a los servicios de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva; también pide que se arbitren medidas de reparación integral dirigidas a las mujeres con discapacidad esterilizadas forzadamente en el pasado.
Además recoge que las políticas públicas de empleo deben tener presente la igualdad de las mujeres por razón de género y discapacidad, y que deben ponerse en marcha políticas eficaces de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, que hagan especial incidencia en la desinstitucionalización.
