Internet alberga datos personales que, en algunas ocasiones, podrían llegar a perjudicar la imagen de algún ciudadano. Y existen determinados casos en los que los afectados tienen la posibilidad de reclamar que se borre su huella, ya sea en buscadores, redes sociales o incluso medios de comunicación, gracias al conocido como ‘derecho al olvido’.

El derecho al olvido permite a las personas físicas solicitar a los buscadores que retiren los resultados que contienen datos personales suyos y les afectan.

Técnicamente, en principio es el derecho frente a los buscadores (Google, Bing, Yahoo…), pero ya se utiliza como sinónimo de borrar datos de internet, como pueden ser nombre y apellidos, DNI, fotos, vídeos, etc. De esta manera, cuando se busque por sus datos personales, ya no aparezcan.

Esta problemática afecta actualmente a muchísimos usuarios; cada año a más. Todo empezó en 2014, cuando el abogado español Mario Costeja fue el primero en obtener una resolución en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que concretamente obligaba a Google a retirar sus datos. Desde que se hizo pública la sentencia el movimiento ha empezado a crecer y no ha parado.

“Además, en los dos o tres últimos años, el aumento es mucho más notable; cientos de afectados recurren cada mes a nosotros para eliminar sus datos de internet”, explica este abogado.

El proceso que se sigue cuando alguien desea eliminar su rastro de internet comienza con el estudio del caso. El cliente expone su situación y facilita los enlaces donde aparece la información que quiere eliminar. El siguiente paso es determinar la viabilidad de la solicitud y comprobar si se cumplen una serie de requisitos.

En caso de que sea viable, se preparan las reclamaciones y se envían a la web, red social, medio de comunicación, etc., donde están alojados los citados datos. Normalmente se suele llevar por la vía extrajudicial; pero, cuando no se retira la información o no se recibe respuesta, hay que recurrir a la vía judicial, aunque esto sucede en la menor parte de las reclamaciones. Todo ello, suele llevar un tiempo medio de 15 a 30 días, aunque puede variar dependiendo de algunos factores, como si finalmente es necesario acudir a los tribunales.