481 euros. Esta es la cifra que resume, mejor que cualquier discurso, la discriminación económica a la que las personas con discapacidad visual continúan enfrentándose. Es el precio de una cinta métrica con voz y display, una herramienta básica para medir, trabajar o realizar actividades cotidianas. Mientras tanto, una cinta métrica estándar cuesta entre 2 y 20 euros.

La diferencia no es técnica, es estructural. Y evidencia un problema que muchos prefieren no ver. La accesibilidad no debería convertirse en un lujo.

Me enteré de esta situación de forma muy sencilla. Un amigo preguntó en un grupo de WhatsApp si alguien conocía alguna cinta métrica accesible. La respuesta fue inmediata: “Lo único que vas a encontrar es una con display y voz, y cuesta 481 euros”. No había alternativas. No había competencia. No había opciones razonables.

Esa conversación, tan cotidiana como reveladora, puso de manifiesto una brecha de la que se habla poco: el sobrecoste injustificado que recae sobre quienes necesitan productos adaptados. Una barrera económica que se suma a las barreras urbanas, laborales y sociales ya existentes.

Para entenderlo mejor, pensemos por un momento que los libros del colegio de nuestros hijos costasen 480 euros, mientras que para otros fuesen 20 euros. O sea, que cada objeto necesario para aprender, trabajar o simplemente disfrutar se multiplicara por 240. ¿No clamaríamos todos por un cambio? ¿No hablaríamos de injusticia económica, de desigualdad, de un modelo que discrimina?

Pues esta es la realidad que hoy en día viven las personas con baja visión.

Y nos afecta a todos. Cuando una persona con discapacidad visual se encuentra constantemente con obstáculos, incluidos los económicos, es comprensible que termine planteándose la incapacidad laboral como una alternativa inevitable. No por falta de motivación, sino por exceso de barreras.

Esta situación no solo afecta al bolsillo. Afecta al futuro. La sociedad pierde talento, creatividad y diversidad. El sistema asume costes que podrían evitarse si la accesibilidad fuese real, asequible y garantizada. Y la persona pierde oportunidades que nunca deberían haber estado fuera de su alcance.

No podemos normalizar que la inclusión tenga un precio prohibitivo. Porque la accesibilidad no es un extra ni una mejora opcional. Es un derecho. Y un derecho no debería costar 481 euros.