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La accesibilidad cognitiva, un concepto que hasta hace poco apenas figuraba en el debate público, acaba de dar un salto decisivo en España. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que desarrolla la Ley 6/2022, la norma que reconoce el derecho de las personas con dificultades de comprensión a recibir información clara y a desenvolverse en su entorno en igualdad de condiciones.
Con este reglamento, España establece por primera vez un marco común para hacer comprensibles los servicios, los espacios y los procedimientos que forman parte de la vida cotidiana. Se trata de un avance que aspira a transformar la manera en que se comunica la información en ámbitos esenciales.
La Ley 6/2022 ya había incorporado la accesibilidad cognitiva al ordenamiento jurídico y fijó un plazo de tres años para definir sus requisitos básicos. Ese plazo concluyó en 2025, y desde entonces el Gobierno ha trabajado en un texto que concreta cómo deben aplicarse estas medidas en sectores tan diversos como la sanidad, el transporte, las telecomunicaciones, la Justicia, los espacios culturales o los procesos electorales. El resultado es un real decreto que busca garantizar que la comprensión no sea un obstáculo para ejercer derechos fundamentales.
Uno de los cambios más visibles será la mejora de la señalización en museos, estaciones y transportes públicos. La norma exige que los carteles, mapas y avisos sean más claros y fáciles de interpretar, de modo que cualquier persona pueda orientarse sin depender de terceros.
En telecomunicaciones, tanto empresas como organismos públicos deberán asegurar que sus servicios y comunicaciones resulten comprensibles para usuarios con dificultades cognitivas.
La sanidad es uno de los pilares del decreto. Los pacientes con discapacidad intelectual, del desarrollo o con necesidades de apoyo cognitivo tendrán derecho a recibir información sobre tratamientos y medicación en lectura fácil, un formato que simplifica el lenguaje sin perder rigor.
Las administraciones también deberán adaptar sus procedimientos para que las personas con dificultades de comprensión puedan realizar gestiones de manera autónoma. Lo mismo ocurrirá en la administración de Justicia y en la información electoral.
El real decreto establece que la información debe ofrecerse sin coste adicional y sin retrasos respecto al resto de la ciudadanía. Para ello, contempla una variedad de formatos: lenguaje claro, lectura fácil, sonido, pictogramas, apoyos visuales y recursos tecnológicos.
Esta diversidad responde a la heterogeneidad de las personas que se beneficiarán de la norma: desde quienes tienen discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo o problemas de salud mental, hasta personas mayores con deterioro cognitivo, inmigrantes que aún no dominan el idioma o personas en situación de analfabetismo.
El Ministerio de Derechos Sociales destaca que este es el primer reglamento integral sobre accesibilidad cognitiva en España. Para facilitar su implantación, el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva ya trabaja en guías que ayudarán a administraciones y entidades privadas a aplicar correctamente las nuevas obligaciones.
Las organizaciones del sector han recibido esta norma como un avance largamente esperado. Plena inclusión España celebra que se reconozca normativamente una reivindicación de más de dos décadas, pero advierte de que la norma podría quedarse en “derechos de papel” si no se acompaña de financiación suficiente en áreas clave como sanidad, educación, empleo, justicia o transporte. Autismo España considera el reglamento una oportunidad para avanzar hacia una sociedad en la que las personas autistas puedan comprender la información y participar plenamente; la entidad pide que se tenga en cuenta la diversidad del espectro y que se incorporen criterios basados en evidencia científica, especialmente en materia de accesibilidad sensorial y uso adecuado de pictogramas. Ambas organizaciones coinciden en que la accesibilidad cognitiva debe dejar de depender de buenas prácticas voluntarias y convertirse en una garantía efectiva de derechos.
El desafío ahora es asegurar que el decreto se implemente de forma transversal y sostenida. Solo así la comprensión dejará de ser una barrera y se convertirá en un derecho plenamente garantizado para todas las personas
