Caja Rural de Extremadura ha obtenido de Aenor el certificado ‘Compliance penal’ conforme a la norma UNE 19601, que reconoce las mejores prácticas para prevenir y detectar posibles delitos, reducir el riesgo y fomentar una cultura empresarial ética y de cumplimiento con la Ley.

Esta certificación lograda por Caja Rural de Extremadura, tras una rigurosa auditoria, acredita que el modelo de prevención de riesgos penales en la entidad cumple con los requisitos exigidos, de manera que se reconoce su esfuerzo por dar prioridad y adoptar las mejores prácticas de ‘Compliance’, gobierno corporativo y ética empresarial.

Este certificado es la principal referencia en España para diseñar y articular sistemas de prevención de riesgos penales y está inspirado en los más altos estándares internacionales en esta materia y modelo de las mejores prácticas en sistemas gestión para prevenir delitos, reducir el riesgo y fomentar una cultura empresarial ética y de cumplimiento con la Ley.

Para el director general de Caja Rural de Extremadura, José María Portillo, este certificado es el resultado de un trabajo serio por parte de la entidad para obtener los mayores estándares de calidad, además de un compromiso con la ética empresarial y con los socios y clientes. “Aenor ha reconocido el trabajo por la integridad y por ética empresarial que está desempeñando Caja Rural de Extremadura”, ha asegurado.

La auditoría externa de certificación del modelo de prevención de delitos realizada por Aenor es una de las más fiables, eficaces y transparentes para dar respuesta a estos requisitos y evidenciar el compromiso explícito y público de la organización y sus líderes con la cultura de cumplimiento.

La certificación de los sistemas de gestión de ‘Compliance penal’ y antisoborno son elementos relevantes a considerar para evidenciar la diligencia debida, la prevención de actos ilícitos y la implementación eficaz y mejora de un sistema de gestión que permita, entre otros objetivos, asegurar y proporcionar evidencias a la dirección, administradores, autoridades judiciales, accionistas, inversores, clientes y otros grupos de interés que la organización ha tomado medidas razonables para prevenir la comisión de delitos, la corrupción y el soborno, y así reducir el riesgo penal.