Entre las novedades legislativas que 2023 depara a las empresas encontramos el canal de denuncias. Este canal tiene como base la Ley 22/2023, reguladora de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que incorpora la Directiva Europea 2019/1937 al ordenamiento jurídico español.

La importancia de la colaboración ciudadana y legislación anglosajona sobre la protección a los ‘whistleblowers’ constituyen algunos de los pilares sobre los que se asienta el canal de denuncias en las empresas.

Como el propio nombre de la ley ya desvela, el canal de denuncias persigue concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la cultura de la comunicación de infracciones como mecanismo para prevenir amenazas de interés público. Para ello, se ha decidido proteger a las personas que informan de los hechos de cualquier tipo de represalia, introduciendo un mecanismo de inversión de la carga de la prueba. Si la persona que ha denunciado una conducta inapropiada de una empresa fuera una trabajadora y resultase ser despedida, será la empresa la que tendrá que demostrar que el despido no se produce como consecuencia de la comunicación.

Al trasponer la directiva europea, nuestro legislador ha considerado importante ampliar su ámbito de actuación. Así, no solo sería denunciable cualquier comportamiento que pudiera constituir una infracción del Derecho de la Unión Europea, sino que se extiende a cualquier acción u omisión que pueda ser constitutiva de infracción penal o administrativa grave o muy grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.

Este canal de denuncias se imagina como una vía que permita recibir y gestionar denuncias o comunicaciones realizadas, ya sea por miembros de la empresa, ya sea por personas vinculadas a la empresa de alguna forma. El canal de denuncias deberá garantizar el anonimato de la persona que realiza la comunicación, así como la trazabilidad de todo el proceso de investigación que se siga como contestación a la denuncia. Además, será necesario tener establecido un protocolo en este sentido.