El presupuesto del Servicio Extremeño de Salud supera, por primera vez, los 2.000 millones de euros. Grada 173. Sepad

Los Presupuestos Generales de la Junta de Extremadura para 2023 destinan siete de cada 10 euros a políticas sociales, ámbito en el que el Servicio Extremeño de Salud (SES) cuenta con el mayor presupuesto de su historia, superando por primera vez los 2.000 millones de euros, concretamente 2.185, lo que representa un incremento del 9,8% con respecto al de 2022, y supone el 28% del presupuesto total de la Junta de Extremadura.

El director general de Planificación Económica del SES, Esteban Serrano, ha destacado estos datos en su comparecencia, junto a la secretaria general de la Consejería de Sanidad y Servicios sociales, Aurora Venegas, ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura.

Esteban Serrano se ha referido al presupuesto como “el de la consolidación y avance de los servicios e infraestructuras sanitarias, para dar una respuesta a los retos que se plantean tras la pandemia”.

En su opinión, el incremento presupuestario permitirá al SES seguir apostando por la mejora en digitalización de la sanidad, reforzando la atención primaria, la atención a la salud mental, la salud pública y la formación de residentes; y por mantener, en la medida de lo posible, el poder adquisitivo de los más de 17.000 trabajadores del organismo.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales contará en 2023 con una partida global de 2.845 millones de euros, 271 millones más que en 2022, lo que supone un incremento del 10,5%. Además de los 195 millones adicionales destinados al SES, el Sepad recibirá 43,6 millones más que en 2022, mientras que otros 30 millones de incremento se destinarán a Servicios Sociales, Infancia y Familias.

Esteban Serrano también ha defendido el compromiso del SES con las inversiones sanitarias, tanto en infraestructuras como en equipamiento. Entre las obras más relevantes ha destacado la finalización y el equipamiento de las consultas externas del nuevo Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena; la terminación de la helisuperficie y del nuevo aparcamiento del Hospital Universitario de Badajoz; la construcción de los nuevos centros de salud de Logrosán, Los Santos de Maimona, Orellana la Vieja, Fuente de Cantos y Valverde de Leganés; la licitación del proyecto de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres; o la reforma del Hospital Nuestra Señora de la Montaña para los nuevos usos, con una ejecución programada hasta 2028.

Respecto al equipamiento, Esteban Serrano ha citado el acelerador lineal del Hospital de Plasencia, los proyectos de eficiencia energética, la renovación de ascensores en el Hospital Universitario de Badajoz, o la segunda remesa de los equipos de alta tecnología del Plan Inveat.

Además, ha incidido en la formación de personal sanitario residente, con un incremento de fondos del 13,33% respecto a 2022, continuando con el plan iniciado en los últimos ejercicios para mitigar el déficit de profesionales sanitarios que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud como consecuencia de los recortes de plazas de formación sanitaria especializada realizadas por el Ministerio de Sanidad en anteriores legislaturas.

Por su parte, Aurora Venegas ha resaltado el crecimiento del presupuesto de la Consejería de Sanidad y Servicios sociales, “una vez más, como reflejo de una apuesta clara por la sanidad, la dependencia y la lucha contra la exclusión social, consolidando y reforzando los servicios públicos y, situando a las personas en el centro de la política”.

En su intervención ha detallado las inversiones de los demás departamentos de la Consejería, como el Sepad, que cuenta con un presupuesto de 453 millones de euros, un 10,6% más que en 2022, lo que “permitirá avanzar en la aplicación de la Ley de la Dependencia y, consolidar la atención a las personas con discapacidad, con deterioro cognitivo, con trastorno mental y, en general, a las personas de edad”.

El Sepad destinará 51 millones a la atención a las personas con discapacidad; con el incremento de 13,6 millones en esa partida, provenientes del Estado, se podrá atender a 33.000 personas en situación de dependencia en Extremadura.

Otros 50 millones serán para la atención a las personas mayores, lo que incluye la ayuda a domicilio, el mantenimiento de plazas en centros residenciales para dependientes y autónomos, plazas en centros de día y la atención especializada en casos de deterioro cognitivo.

El Sepad destinará 3,8 millones más que en 2022 a incrementar las plazas en los centros municipales; serán 564 plazas más en centros de día y 206 plazas nuevas en residencias municipales. Además, cuenta con una partida de 700.000 euros para termalismo social.

Por otro lado, continuarán las inversiones en reformas y ampliaciones de centros residenciales y las obras de construcción de centros de convalecencia y cuidados para personas mayores de referencia comarcal, así como el proyecto de teleasistencia avanzada.

La Dirección General de Accesibilidad y Centros ve aumentado su presupuesto en un 37%, hasta llega a los 5,7 millones de euros. Continuará promoviendo las oficinas técnicas de apoyo a la implantación de la accesibilidad universal en Extremadura, y mantendrá la convocatoria de subvenciones para la accesibilidad en edificios y espacios públicos dirigida a ayuntamientos y entidades locales menores.

Además, impulsará acciones de eficiencia energética y renovables previstas en la Estrategia de edificios para los centros de la Junta de Extremadura que tienen mayores consumos, como hospitales, centros de salud, residencias del Sepad y centros educativos.

Por su parte, la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias cuenta con un presupuesto de 155 millones de euros, casi un 20% más que en 2022, lo que permitirá aumentar la dotación para los programas de acogimiento familiar y de suministros mínimos vitales.

Entre los proyectos de la Dirección General destacan la construcción, reforma y equipamiento de la red de centros de menores, dotado con 7,13 millones; el desarrollo del Plan Vital de inclusión social, con 7,6 millones; la intervención sociolaboral en zonas desfavorecidas, con 1,2 millones; o el programa de lucha contra la privación material severa, con 5,2 millones.

Además, el sistema de prestaciones básicas de servicios sociales incrementará en 13 el número de trabajadores sociales, llegando a los 350 en toda la región.

En cuanto a la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria, contará con un presupuesto de 10 millones, y continuará reforzando el Instituto de Investigación Biosanitaria de Extremadura (Inube).

También mantiene las convocatorias para subvencionar proyectos de participación comunitaria en salud, para el programa de ciudades saludables y sostenibles y, la destinada a la mejora de las instalaciones y equipamiento de los consultorios locales; sin olvidar el plan de formación de los profesionales sanitarios, para el que se cuenta con financiación europea.

Por último, la Dirección General de Consumo tendrá un presupuesto de cinco millones de euros, para continuar defendiendo a los consumidores y seguir desarrollando el exitoso programa de mediación como mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos en materia de consumo, manteniendo su gratuidad, con especial atención al ámbito rural.